EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: el calvario de las empresas de servicios urbanos

Los ayun­ta­mientos in­cum­plen im­pu­ne­mente el orden de pre­la­ción de pagos de sus res­pec­tivas normas pre­su­pues­ta­rias

Servicios Urbanos
Servicios Urbanos

Los ser­vi­cios ur­banos de lim­pieza, sa­nea­miento y tra­ta­miento de re­si­duos están siendo pres­tados ma­yo­ri­ta­ria­mente por em­presas pri­va­das, cuya in­mensa ma­yoría per­te­nece al sector cons­tructor o son fi­liales de grupos de­di­cados a esa ac­ti­vi­dad. De ese modo las ad­mi­nis­tra­ciones lo­cales des­cargan estas la­bores en em­presas muy es­pe­cia­li­zadas y efi­cien­tes, si­guiendo el mo­delo de la ma­yoría de los países desa­rro­lla­dos, en los que es ha­bi­tual ex­ter­na­lizar esto ser­vi­cios, por lo que al­gunas de esas em­presas -las más só­lidas y de mayor ta­maño- tienen desde hace tiempo im­plan­ta­ción es­table en mu­chos otros países del mundo. Esta ac­ti­vidad se ge­nera a través de con­tratos de ser­vi­cios, es­pe­cí­fi­ca­mente re­gu­lados en la le­gis­la­ción de con­tratos pú­bli­cos.

Estos servicios, fundamentales para alcanzar los objetivos generales de salubridad, medio ambientales y de bienestar social, son muy intensivos en mano de obra: Los costes salariales de estos contratos de servicios suponen habitualmente entre el 75% y el 80% de los costes totales de los mismos que, como es el caso de salarios y seguridad social, las empresas han de abonar puntualmente. Estas empresas tienen, además, que afrontar actualmente, en casos de cambio de titulares en los contratos, la subrogación de los trabajadores adscritos a la anterior contrata en caso de cambio de titular de la misma, situación impuesta prácticamente en todos los convenios colectivos que les afectan.

Los sucesivos recortes impuestos en el gasto público destinado a la prestación de servicios a los ciudadanos desde el inicio de la crisis -y que se han cebado también en los servicios urbanos- están poniendo contra las cuerdas a este sector empresarial. Solamente ha habido una buena noticia en ese aciago período: los planes de pago a proveedores llevados a cabo por el Gobierno, para liquidar a fecha determinada los escandalosas deudas incursas en morosidad -y qué morosidad- de las administraciones territoriales con esas empresas, situación que fue empeorando de tal modo que en los últimos cuatro años han causado graves problemas no ya de rentabilidad, sino de supervivencia para la mayoría de las empresas de este sector.

Los planes de pago a proveedores han sido unánimemente aplaudidos. Pero algunas administraciones públicas ya han comenzado a incumplir de nuevo sus compromisos de pago y lo que es mucho peor y roza la ilegalidad; vuelven a intentar de nuevo que las empresas modifiquen los plazos de pago pactados en los contratos en activo, co el propósito de aliviar sus tesorerías y/o atender otras gastos de discutible prioridad, colapsadas por una ineficiente y descontrolada gestión de sus propios presupuestos.

Incumplimientos

Los ayuntamientos, dice la CEOE, incumplen sistemática e impunemente el orden de prelación de pagos contenidos en sus respectivas normas presupuestarias, pero de ello no se deriva nunca la exigencia por ningún órgano fiscalizador de la gestión municipal, de responsabilidad alguna. El sector demanda que, para garantizar el estricto cumplimiento de las normas presupuestarias y asegurar a las empresas que contraten con las administraciones públicas el cobro en el plazo legal de sus prestaciones, deben modificarse las normas reguladoras de la responsabilidad personal de los funcionarios y gestores públicos responsables de su cumplimiento, exigiendo que los presupuestos de todas las administraciones distingan nítidamente los gastos correspondientes a los servicios públicos básicos de aquellos que no lo son. De paso, así los ciudadanos tendríamos exacto conocimiento de los recursos públicos destinados a funciones esenciales y la seguridad de que los tributos y tasas finalista se aplican adecuadamente.

Estas prácticas dolosas vienen motivando un incremento de los gastos financieros y de estructura de las empresas, están expulsando del mercado a muchas empresas bien gestionadas por causas ajenas a esta gestión, distorsiona la competencia al permitir la entrada en el mercado de operadores oportunistas y sobre todo está provocando -por si no fuera bastante la provocada por la crisis- una inestabilidad laboral añadida, puesto que estas imposiciones repercuten directamente en los trabajadores (retrasos en percibir salarios o perdida de puestos de trabajo).

Y como guinda de esta situación sobrevenida, cada vez que un cliente público reduce el servicio contratado- reducción de días de recogida de basuras, supresión de servicios como es el caso de recogida de muebles y enseres usados, entre otros- obligan a las empresas a reducir proporcionalmente el empleo contratado, dimensionado para unas prestaciones que se reducen o desaparecen, debiendo éstas asumir los costes de ERE,s, despidos, prejubilaciones etc. a su cargo. Más los derivados de los retrasos en los cobros de sus clientes públicos.

No solo el coste tanto económico como social de estas situaciones va a cuenta de las empresas, sino también el producido por las habituales huelgas que las acompañan, incluido el coste de los destrozos de material o vehículos propiedad de las empresas afectadas que a menudo producen estas huelgas. Mientras tanto, cada vez suben más los ayuntamientos los impuestos y se recortan más los servicios públicos. Como ejemplo, la recogida de basuras; cada vez se recogen estos desperdicios menos días a la semana pero cada año suben más este impuesto/tasa, que ellos mismos dicen que es finalista, es decir, solo se puede dedicar el importe recaudado a esa función específica.

Propuesta de la CEOE

La CEOE ha propuesto estudiar la implantación de la contratación a más largo plazo en este ámbito del que actualmente es habitual (que se sitúa en cuatro años), modificando al efecto el modelo de contratación actual, lo cual permitiría a las empresas una mayor estabilidad y mayor aplicación, a través de las oportunas inversiones, de nuevas tecnologías e innovaciones tecnológicas que sin duda mejorarían la competitividad.

Apunta la patronal la conveniencia de aplicar el tipo de contrato denominado Facility Management, muy habitual en los países desarrollados, contratos de mayor duración, que permiten integrar en uno solo distintos servicios -mantenimiento, jardinería, limpieza, tratamiento de residuos urbanos, vigilancia, etc.- y cuyo pago se realiza, en una parte importante, referenciado a los resultados según se alcance un cumplimiento suficiente de determinados indicadores vinculados a la calidad o disponibilidad, y no tanto en función de los medios disponibles, que en estos casos es prácticamente solo el volumen de recursos humanos ofertados. Este tipo de contrato también reduciría de manera apreciable su coste para las administraciones al juntar varios servicios en un solo contrato, lo cual induciría apreciables ahorros en su propia estructura de gestión.

 

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