MI PALCO SOBERANO

Artur Mas, entre los empresarios y una Hacienda propia

Advierte de que 'la si­tua­ción po­lí­tica afecta a to­dos'

Conferencia de Artur Mas
Conferencia de Artur Mas

Las úl­timas de­cla­ra­ciones de los prin­ci­pales res­pon­sa­bles ca­ta­lanes del mundo em­pre­sa­rial, Joan Rosell, desde la CEOE, y Joaquim Gay de Montellà, desde Foment del Treball - ambos amigos ín­timos desde hace mu­chos años - han sido una re­la­tiva ducha de agua fría para las as­pi­ra­ciones del pre­si­dent de la Generalitat Artur Mas. Sin em­bargo, los me­dios pro in­de­pen­den­tistas tam­poco es­pe­raban ningún mi­la­gro. De ahí que Mas, en una alo­cu­ción ante em­pre­sa­rios, or­ga­ni­zada por APD y Deloitte, les re­cordó que "el mundo eco­nó­mico tam­poco puede pasar de la po­lí­ti­ca". Una forma de re­cor­darles que la ola ge­ne­ra­li­zada a favor de una con­sulta - apo­yada por entre el 65 % y el 75 %, según di­versos son­deos - no puede re­sul­tarles ajena.

Artur Mas no logró en el pasado que Foment del Treball, que agrupa a los principales sectores empresariales catalanes, participase en las reuniones de diferentes entidades que, antes de fijar la consulta soberanista para el 9 de noviembre del año en curso, diesen apoyo a la Generalitat. Pero, si lo hicieron otras agrupaciones catalanas, que reúnen a las PYMES, el principal tejido empresarial catalán, donde las opiniones sobre la consulta son, en general, menos monolíticas que en la familia agrupada en Foment del Treball, organismo que, diplomáticamente, ha dejado claro que no se inmiscuirá en el debate político.

Por otra parte, en esas reuniones pro consulta, si participaron, y continúan en ellas, las dos grandes centrales sindicales catalanas, Comisiones Obreras y UGT, dentro del grupo integrado por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Un factor nada despreciable si se tiene en cuenta, como recordó recientemente el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, que "votan las personas y no las empresas". Y votarán, o no, en una consulta, o, sí, en unas elecciones plebiscitarias.

Es evidente que la opinión de Foment del Treball tiene un peso considerable y razones objetivas para pedir "diálogo", al igual que el presidente de la CEOE, a la hora de intentar hallar soluciones a un tema que, hoy por hoy, sigue discurriendo por caminos muy dispares. Van entre una mayoría de casi 2/3 del Parlament de Catalunya, apoyado por casi otros 2/3 de la población - de hacer caso a las encuestas - que piden la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña. Y ello, probablemente,  no cambiará sea cual sea el mensaje de los líderes de las grandes patronales, ni el rechazo de la Cámara de Diputados, a propuesta de la resolución de UPyD. No cambiará porque una gran parte de la opinión pública en Cataluña ha perdido, ya hace tiempo, desde la resolución del Tribunal Constitucional, cuando rechazó el Estatut de Autonomía, la confianza en propuestas que pudiesen llegar, y no han llegado aún, por parte del gobierno del PP que preside Mariano Rajoy.

Al margen de la polémica entre Generalitat y grandes patronales, el gobierno de Artur Mas, está centrado ahora en la presentación el próximo jueves, día 20 de febrero, de Tributs de Catalunya. Ni más, ni menos, que una Agencia Tributaria Catalana, embrión de la principal estructura de Estado, que pretende ejercer el principio de la soberanía fiscal y aspira a cobrar todos los impuestos. Es decir, captar unos 70.000 millones de euros anuales que genera la actividad económica en Cataluña, y administrarlos de manera directa con el correspondiente pago necesario de los servicios e inversiones dependientes del gobierno central, incluido el fondo de solidaridad autonómica. Al menos, en resumen, así figura sobre el extenso documento de base que, sin lugar a dudas, abrirá un nuevo frente entre gobierno autonómico y gobierno nacional.    

 

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