EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: nuevas normas de contratación en la UE

Las nuevas di­rec­tivas van a exigir un mayor con­trol de las em­presas ad­ju­di­ca­ta­rias

Cartel Obras Unión Europea
Cartel Obras Unión Europea

Después de dos años de tra­bajo y la tra­mi­ta­ción de más de 2.500 en­mien­das, el Pleno del Parlamento Europeo ha apro­bado las tres Directivas co­mu­ni­ta­rias que for­marán la base para la le­gis­la­ción de Contratación Pública en sus es­tados miem­bros. Estas nuevas di­rec­tivas -la ge­neral de con­tra­ta­ción pú­blica, la re­gu­la­dora de la con­tra­ta­ción en los lla­mados sec­tores ex­cluidos y la re­gu­la­dora de los con­tratos de con­ce­sión- re­gu­larán una ac­ti­vidad va­lo­rada en el equi­va­lente al 19% del PIB anual de la UE , es­ti­mado en 25.000 mi­llones de eu­ros. También cam­biarán en gran me­dida las formas de re­la­ción ju­rí­dica e ins­tru­mental que han te­nido hasta ahora las em­presas con las Administraciones pú­blicas en el es­pacio co­mu­ni­ta­rio.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo no ha contentado a todos, dejando fuera algunas de las propuestas que el sector empresarial hacía e introduciendo por primera vez otras -como es el caso de la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la adjudicación- que habían sido puestas en cuestión por dicho sector empresarial. Por el contrario, l_as_ nuevas directivas europeas de contratación van a exigir un mayor control de las empresas adjudicatarias en cuanto a requisitos de sostenibilidad y ecología por una parte y por otra, exigirán un mayor respeto al mercado de trabajo y a los convenios colectivos laborales, extendiendo este control a todos los niveles, incluyendo obligatoriamente a los subcontratados por la empresa adjudicataria. De ese modo será esta empresa la responsable del cumplimiento de los nuevos requisitos por parte de toda la cadena de producción asociada a la contrata.

El objetivo declarado por la UE respecto a** estas nuevas directivas de contratación pública es establecer una normativa de contratación más innovadora, sencilla y, a la vez, aumentar su control sobre todo el proceso. Se explicita por parte de la UE que estas nuevas directivas introducen fórmulas de contratación más innovadoras y respetuosas con las exigencias medioambientales y sociales, potenciando también las fórmulas CPP y, en general, la colaboración público-privada, cuestión éstas muy relevante dada la situación de dificultad que atraviesan las empresas para conseguir financiación**. Por primera vez se establecen fórmulas dirigidas a facilitar a las pymes el acceso a las contrataciones en el ámbito comunitario. Por otra parte, se ha simplificado el proceso de licitación y se incluye la posibilidad de presentar ofertas por parte de asociaciones temporales de empresas.

Cuestión esencial_ de las nuevas directivas es, sin duda, que el precio ya no será el criterio principal para determinar cuál sea la mejor oferta en la fase de adjudicación de proyectos. Por el contrario, se dará prioridad a la "oferta económicamente más ventajosa". Quiere esto decir que, no solo desaparece el criterio de que el menor precio ofertado era el único determinante para conseguir a la adjudicación, sino que se incluye en los criterios de adjudicación la valoración de todo el ciclo de vida del proyecto y un análisis profundo de su viabilidad__.__ _

_Asimismo, _todo el proceso de la Licitación y Contratación Pública se deberá obligatoriamente desarrollar exclusivamente en formato electrónico (su implantación se hará en el plazo máximo de 30 meses desde la entrada en vigor de la legislación de cada uno de los países miembros**).** Se establece la digitalización total de los procedimientos desde su inicio hasta su finalización lo que debería, a juicio de los autores de las directivas, fomentar la reducción de costes e inducir una mayor transparencia. Los plazos establecidos para la puesta en marcha total del proceso electrónico en la contratación pública serán los siguientes: la notificación electrónica pública será obligatoria dos años después de la entrada en vigor de la Directiva; la licitación electrónica de las centrales de compras, tres años después de su entrada en vigor; y la licitación electrónica general, cuatro años y medio después. Cuando acabe la fase de transición, todas las administraciones comunitarias deberán contratar por idéntico procedimiento, lo que significará la eliminación de fronteras para las empresas que se quieran presentar a proyectos en cualquiera de los países de la UE.

El propósito de las nuevas directivas aprobadas por el Parlamento Europeo es ofrecer un mayor margen a las autoridades públicas a la hora de establecer los criterios para adjudicar obras, bienes o servicios, que les permitan priorizar las exigencias de calidad o introducir determinadas exigencias medioambientales o sociales en las licitaciones. En este sentido las nuevas directivas se basan en los mismos principios en los que se fundamentó la sentencia "Nord-Holland" dictada en 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la que, por primera vez, se especificó que los contratos públicos podían valorar positivamente los productos de "origen comercial más justo".

Las nuevas directivas sobre contratación también exigen a las administraciones públicas de cada estado miembro que ejerzan un control efectivo sobre las empresas adjudicatarias para que no estén afectadas por procesos legales afectos a algún otro contrato o adjudicación y para que los procedimientos de ejecución cumplan con todos los requisitos exigidos. Se pretende que uno de los grandes beneficiarios de estas directivas sean las pymes, para lo que se quiere agilizar la licitación, introduciendo una mayor simplicidad en los procedimientos de licitación y reduciendo la exigencia de presentación de documentos.

Una cuestión importante es que la UE equipara por primera vez -en lo que respecta a la contratación pública- la regulación sobre obras y servicios con la de concesiones, lo cual supone un hito histórico, apoyándose en los principios de riesgo y ventura y en la transferencia de riesgos al concesionario. Se pretende así, según interpreta el despacho Gómez-Acebo y Pombo, "superar ineficiencias detectadas y derivadas de falseamientos en el mercado interior, la limitación de acceso de las empresas europeas a los contratos de concesión y la falta de seguridad jurídica, todo lo cual se pretende corregir desde la voluntad de estimular la inversión pública y privada en infraestructuras y servicios estratégicos con la mejor relación calidad-precio". La nueva directiva aclara el marco jurídico aplicable a la adjudicación de las concesiones en tanto que incluye una definición más precisa del contrato de concesión, puesto que hace referencia al concepto de riesgo operacional y la diferencia entre riesgo operacional y riesgo significativo, y contiene previsiones en cuanto a la duración de las concesiones.

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