EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: el gap español en infraestructuras del agua

El Plan de Calidad de las Aguas no in­cluye el prin­cipio de re­cu­pe­ra­ción de los costes de los ser­vi­cios

Infraestructuas hídricas
Infraestructuas hídricas

Que la in­ver­sión en in­fra­es­truc­turas no va a crecer apre­cia­ble­mente desde sus exi­guas po­si­ciones de los úl­timos años, es un dato fijo en la qui­niela y que dan por su­puesto hasta los que no saben ni lo que es el BOE. Las pre­vi­siones pre­su­pues­ta­rias con­te­nidas en el Plan de Estabilidad y sus su­ce­sivos re­cortes desde las ya duras pre­vi­siones ini­ciales -recortes que lo más pro­bable es que no hayan aca­bado aún-, muestra con me­ri­diana cla­ridad que por la parte de los re­cursos pú­bli­cos, no va a au­mentar esa in­ver­sión pú­blica en in­fra­es­truc­turas y lo más pro­bable es que aún dis­mi­nuya algo en este año y el pró­ximo. Y tam­poco se van a poner de nuevo en marcha los pro­yectos pa­ra­li­zados desde el inicio de la cri­sis, que según el Colegio de Ingenieros, al­canzan un monto de más de 50.000 mi­llones de eu­ros, entre ellos, 10.000 mi­llones en ca­rre­te­ras, 20.000 mi­llones en fe­rro­ca­rril, pero sobre todo, 28.000 mi­llones en obras hi­dráu­licas y ca­lidad de las aguas. Estas in­ver­sio­nes, si se ac­ti­va­rán, po­drían ge­ne­rar, según la misma fuente, un mi­llón de puestos de tra­bajo en los pró­ximos tres años.

Pero no parece que se vayan a acometer proyectos nuevos, excepto algún otro despilfarro en el AVE que, visto el estado de conservación de las correteras la situación de nuestras infraestructuras del agua o la decimonónica red ferroviaria de transporte de mercancías, es una inversión cuando menos chocante. Por parte del ministerio de Fomento, incapaz de activar el PITVI en cuanto a financiación privada y público-privada, queda poco margen para sorpresas positivas en el corto plazo; ese departamento seguirá reduciendo año tras año su inversión efectiva y no será capaz de atraer otro tipo de inversionistas, visto su trayectoria en este aspecto los últimos años. Solo pudiera haber nueva inversión por la parte del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y no solo porque esa sea la intención de sus responsables sino porque el Estado español está de sobra advertido -por parte del UE- de sanciones por flagrante incumplimiento de varias directivas y normas que le afectan en el ámbito de la calidad de las aguas.

El ministro Arias Cañete ha manifestado estos días la intención de su ministerio de "presentar en los próximos meses un nuevo texto de Ley de las Aguas en el que se establecerá un nuevo marco económico-financiero para dotar a todo el sistema del agua en España de recursos suficientes", y que "la política del agua será integradora, a largo plazo, basada en criterios técnicos y asentada en un amplio consenso social y político". Antes había tenido que escuchar a José María Entrecanales, quien con sus mejores maneras le espetó lo que muchos piensan y pocos dicen en público, que "el agua presenta la mayor carencia de infraestructuras de todos los sectores", lo cual es con toda evidencia una verdad como un templo. Las infraestructuras de agua en España están más cerca del siglo XIX que del XXI.

Uno de los incumplimientos más persistentes de España a lo previsto en la Directiva Marco del Agua está en el Plan de Calidad de las Aguas aprobado en 2007, que no incluye lo que la Directiva citada establece: el principio de recuperación de los costes de todos los servicios relacionados con el agua para conseguir un uso racional de los recursos evitando el despilfarro. De resultas de la inaplicación por parte de España de este principio hay en nuestro país casi una tercera parte de los costes anuales estimados de todos los servicios del agua (que según la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE estarían en torno a los 13.000 millones de euros) que no se imputan actualmente a ningún usuario. Las tarifas españolas del agua ahora existentes no reflejan los costes reales ya que no repercuten, o lo hacen muy parcialmente, las inversiones realizadas. Por la misma razón no reflejarían las inversiones a hacer si se mantuviera el mismo planteamiento, es decir, imposibilitan en gran medida la financiación privada en la tan necesaria mejora de nuestras obsoletas infraestructuras del agua. Esta situación, dicen en la CEOE, contrasta con la de los principales países de nuestro entorno y ciudades comparables que, con mayor pluviometría y sin los problemas de escasez de agua que periódicamente sufre nuestro país, tienen tarifas que duplican y hasta triplican las nuestras.

Tarifas de agua

Las tarifas del agua por países reflejan con singular claridad este dislate español. Según un informe de Global Water Inteligence -con datos de 2011- las  tarifas totales de agua por ciudades, medidas en dólares por metro cúbico y que incluyen agua potable y agua residual, situarían a España en la parte más baja y barata de la tabla, donde se agrupan las grandes ciudades de España, Portugal, Grecia, Italia e Irlanda (y donde no se encuentra ninguna ciudad alemana, por ejemplo, ni el Reino Unido ni de Francia ni, por supuesto, del resto del mundo). Estima este organismo para Madrid una tarifa media en aquel año de 2,12$/m3 (y de 1,79$ en Málaga, de 1,66$ en Bilbao o de 1,52$ en Barcelona) frente a 7,65$ en Copenhague, 6,90$ en Berlín, 5,16$ en Manchester, 4,93$ en Zúrich, 4,41$ en París o 3,51$ en Londres. Es obvio que en nuestro país las actuales tarifas no reflejan los costes reales.

Apercibido de sanciones por incumplimiento por parte de la UE, parece que el Gobierno español comienza a mover ficha en la necesaria adecuación de la gestión del agua. Pero todo será poner parches si no se acomete la principal reforma: adecuar los precios reales a los costes reales. Es urgente e inevitable que se transmita con rigor a los múltiples usuarios que no pagar lo que vale el agua es pan para hoy y hambre para mañana, que a larga nos va costar mucho más, que así no se puede garantizar la construcción y explotación racional de las infraestructuras que se necesitan imperiosamente ni se va a acabar con el enorme despilfarro hoy existente. Mientras las administraciones a las que compete el desarrollo de esas infraestructuras para garantiza el suministro en condiciones adecuadas no sean las que fijan los precios finales del agua seguiremos estando en manos de políticas coyunturales y de "precios políticos" cada vez más alejados del costes reales.

 

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