POLÍTICA NACIONAL

La querella contra Mas y otros frena el deterioro institucional de los últimos días

La ac­ción de la Fiscalía General pone en evi­dencia di­fe­ren­cias de doc­trina entre el cuerpo de fis­cales

Artur Mas, presidente de Cataluña
Artur Mas, presidente de Cataluña

La decisión del fiscal general del estado, adoptada con el apoyo de la casi totalidad de la Junta de Fiscales, de abrir una querella contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, y otras dos personas por lo menos, frena la erosión que venían sufriendo las instituciones del estado (gobierno, Fiscalía General y Tribunal Constitucional) desde la convocatoria de una “consulta participativa” para el 9 de noviembre pasado, en clave independentista, prohibida dos veces sucesivas por el TC.

La consulta se celebró de forma irregular pero con la participación de personal del máximo nivel institucional en Cataluña, y el empleo de medios, instalaciones y dinero, destinados por su propia naturaleza al servicio público, y que, por tanto, no debieron verse desviados a servir los fines particulares de los partidos políticos que apoyan la consulta. La pretensión de estas fuerzas es que Cataluña ejerza un supuesto “derecho a decidir” sobre su futuro como entidad estatal y como país independiente.

La celebración de la consulta, sin que el gobierno hubiera empleado sus medios administrativos y policiales para impedirla o frustrarla, desató una gran inquietud en la opinión pública, desconcierto en el partido popular catalán y decepción entre las personas que no se sometieron a las presiones de la Generalidad para que prestaran su concurso a la votación. La misma inhibición inicial del fiscal general del estado en favor de la junta de fiscales de Cataluña, para pronunciarse sobre si legalmente cabía la querella, sembró dudas sobre su voluntad de tomar decisiones contrarias a la estrategia de los partidos independentistas de Cataluña, y de Artur Mas y su gobierno. El pronunciamiento unánime de la junta fiscal catalana en contra de que se instruyese la querella suscitó en parte de la opinión, tanto fuera como dentro de Cataluña, temores de una fractura de los órganos jurisdiccionales del estado según un patrón territorial.

¿Hacía falta ‘un destinatario concreto’?

La cuestión de si esta sospecha está o no justificada, quedó enfatizada el pasado martes cuando los fiscales de Cataluña trasladaron la responsabilidad de su inacción ante la celebración de la consulta al Tribunal Constitucional, por no haber dirigido su auto a “un destinatario concreto”, a pesar de que la Abogacía del Estado había pedido expresamente al TC que lo designara, y por no formular una “orden concreta, precisa y determinada” contra la convocatoria.

Mientras todo esto se veía venir, la ausencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante el pasado fin de semana por su asistencia a la reunión del G-20, creó una sensación, en la opinión pública, de vacío de autoridad, y dio ocasión a la aparición en los medios de editoriales y artículos señalando la gravedad del momento y el agotamiento del sistema político basado en la Constitución de 1978.

Al fiscal general del estado, Eduardo Torres-Dulce, correspondió la iniciativa de hacer sentir esa autoridad, convocando la Junta de Fiscales en la mañana del miércoles 19. La junta aprobó, por 27 pronunciamientos favorables y 2 en contra, apoyar la propuesta del fiscal general de abrir una querella contra los responsables de la celebración de la “consulta participativa”.

La decisión se basa en que la suspensión de la consulta por el TC fue “absoluta, tajante e inequívoca”, sin “margen alguno a la duda”, por lo que la Generalidad no podía desconocer el auto del TC. Era un mandato de “no hacer, que por su propia naturaleza no precisaba de ulteriores requerimientos”. Estos términos constituyen una fuerte desautorización de la interpretación de la junta de fiscales de Cataluña, y deja abierta la cuestión, de orden constitucional, del papel que juegan los gobiernos de las comunidades autónomas en los procesos de selección y nombramiento de los fiscales. Ese problema es del mismo tenor que el de la designación de miembros de la carrera judicial para los tribunales superiores de justicia, que resta credibilidad al principio de separación de poderes.

Por otra parte, se abre la cuestión de hasta qué punto hay o no disparidad de doctrinas a aplicar en las actuaciones de los órganos centrales de la administración de justicia y los autonómicos, como se ha puesto en evidencia en las discrepancias entre los fiscales de Cataluña y los de la Junta Fiscal.

Ocasión para que Mas refuerce su liderazgo… y acelerar el conflicto

Se da por seguro que la querella de Torres-Dulce se dirigirá contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, quien había asumido toda la responsabilidad de la convocatoria y su celebración; contra la vicepresidente del ‘govern’ Joana Ortega, que animó la campaña de promoción y presidió la lectura de los resultados, y contra la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, que autorizó la apertura de cientos de colegios para la colocación de mesas.

La querella contiene acusaciones por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la justicia. En ella se señala que “el gobierno de la Generalidad perseveró en su empeño de llevar a cabo la consulta en la misma fecha y con la misma pregunta” que habían sido anuladas por el TC. Para ello, las autoridades de la Generalidad hicieron llamamientos a la participación ciudadana y llevaron a cabo “actos jurídicos no formalizados”, con convocatoria vía informática, instrucciones a los directores de los centros escolares, página web pidiendo el alistamiento de voluntarios, la confección de urnas en un centro penitenciario, la orden a medios de comunicación públicos y privados de insertar anuncios a favor de la campaña, pago del servicio de distribución de urnas y papeletas, etc. Y señala específicamente que Artur Mas realizó invitaciones públicas a acudir a votar.

El conflicto político entre la Generalidad y el gobierno se ha metido en un impasse, que difícilmente se pueda afrontar ahora por la vía de la negociación. La querella refuerza el liderazgo de Artur Mas ante el movimiento independentista pero seguramente contribuirá a desacreditarle en alguna medida ante la opinión internacional, a la cual siempre ha considerado como un factor clave para su presión sobre el gobierno.

La perseverancia de Mas en en su objetivo de lograr “una consulta definitiva” pierde de momento peso político, pues la querella le dificulta, si es que no hace imposible, negociar con el gobierno en otras cuestiones por él mismo planteadas, como el cuestionario de 23 puntos presentado hace meses a Mariano Rajoy.

El presidente del gobierno parece dar signos de querer tomar el problema en sus manos, más allá de la mera postura legalista que ha venido adoptando hasta ahora. Rajoy irá a Barcelona el día 29, pero a un acto del PP. Le queda por delante la ardua tarea de ayudar a reconstruir el bloque no soberanista y no nacionalista, que apenas ha recibido estímulos y apoyo del gobierno central.

La querella reforzará el liderazgo de Mas ante sus socios soberanistas, pero éstos le presionarán para que adopte una actitud más militante contra el gobierno, lo cual puede influir en la opción de convocar próximamente elecciones al parlamento “en clave plebiscitaria”, o bien prolongar la actual legislatura, para lo que necesitaría a esas fuerzas, ahora más enardecidas contra Madrid. Esquerra Republicana, ICV y las CUP usarán la querella para azuzar a Mas a que eleve su grado de confrontación con el estado.

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