Tal situación se está produciendo con la privatización de Aena, el problema de las autopistas que están en quiebra y la privatización del corredor ferroviario Madrid-Levante. Los tres asuntos más complicados que heredó la ministra cuando llegó a Fomento siguen sin ver la luz. Alguno de ellos corre incluso el riesgo de quedar en el limbo de los justos. Tal situación ha llegado a provocar un clima de tensión tan elevado entre ambos departamentos que amenaza con derivar en una crisis de Gobierno.
El último de los proyectos que estaba listo para salir adelante, la privatización de Aena, fue abortado a última hora por defectos de forma en la elección de la firma auditora, pero ha servido para sobrecalentar la guerra soterrada que desde hace meses viven Montoro y Pastor. La ministra de Fomento ha elevado en varias ocasiones su queja al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el bloqueo continuo e incesante que está imponiendo el ministro de Hacienda a todos los planes que presenta su departamento. Técnicos de uno y otro lado, no ocultan ya las malas maneras que hay entre ambas partes. La propia marcha del ex secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, para ocupar la cartera de Justicia, le ha dejado sin uno de sus delfines en el Ministerio y Ana Pastor ha perdido más fuerza si cabe ante Hacienda.
Lo ocurrido con la privatización de Aena, ha dejado al descubierto la falta de coordinación que hay entre ambas partes, una falta de entendimiento que, a punto, ha estado de tirar por la borda la que iba a ser la mayor venta del Estado en los últimos quince años, con la consiguiente pérdida de imagen para la marca España a nivel internacional.
Pese a estar ya en marcha la nueva licitación para elegir a la empresa auditora de la salida a Bolsa de Aena, todavía no está seguro que vaya a poder cumplirse el calendario del 12 de febrero de 2015. Algunas auditoras dudan si podrán llegar a esa fecha, ya que restan solo tres meses, cuando se estima que son necesarios hasta seis meses para auditar las cuentas de la compañía. De no poder cumplirse esa fecha, el proceso tendría que aplazarse hasta mayo y puede que la operación tuviera que retrasarse sine die, ya que las elecciones autonómicas y locales lo desaconsejarían.
Por esta razón, se quiere forzar la marcha a tope y que el proyecto concluya en febrero de 2015. Aena tiene ya cerrada la primera parte del proceso con la adjudicación del 21% del capital a los tres socios que conforman el núcleo duro, Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial un 6,5%, y el fondo británico The Children’s Investment Fund, otro 6,5%. El rango orientativo y no vinculante de precios de la Oferta Pública de Venta (OPV) oscila entre 41,5 y 53,5 euros, lo que supone valorar la compañía entre 6.225 y 8.025 millones de euros.
Las radiales siguen sin solución
Pero si lo de Aena es complicado, lo del problema de las nuevas autopistas que están en quiebra lo es más si cabe. El juez ha vuelto a ampliar el plazo que vencía el día 16 para las radiales 3 y 5 de Madrid, ante los defectos de forma que ha visto en la propuesta presentada por el Ministerio de Fomento. Uno de los puntos que debe decidir el juez es si el plan de negocio que plantea Fomento es creíble o no.
La parte esencial de la quita del 50% que exige el equipo de Pastor sobre la deuda de 4.000 millones de euros que arrastran las autopistas parece resuelto pero no así el tipo de interés que debe fijarse para devolver la deuda en 30 años. El interés que devengará esta deuda se sitúa entre el 1,1% que está dispuesto a reconocer Fomento y el 2% que reclaman los bancos extranjeros.
El Gobierno lleva buscando una solución a este problema prácticamente desde que arrancó esta legislatura y sigue sin llegar a un pacto con la banca. Fomento debe cerrar el acuerdo de refinanciación con los bancos acreedores, fundamentalmente con los extranjeros, titulares de alrededor de un tercio de las autopistas, que se niegan al plan de rescate presentado. El problema que tiene Fomento es que, si se deja quebrar las autopistas, tendría que afrontar la llamada responsabilidad patrimonial de la administración, con lo que los 4.000 millones de euros se contabilizarían como deuda pública. Abertis, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL figuran como principales accionistas de las sociedades concesionarias en quiebra.
Privatización eje Madrid-Levante, en suspenso
Otro de los frentes abiertos entre Hacienda y Fomento es la privatización del corredor ferroviario Madrid-Levante en competencia con Renfe. El problema que ambos departamentos tienen en este proyecto es el canon que una y otra parte quiere fijar. Mientras que el administrador de infraestructuras Adif se niega a reducir ese canon que cobraría a la compañía concesionaria, una postura que el ministro Cristóbal Montoro apoya, Ana Pastor es partidaria de que se establezca un punto intermedio y que se flexibilice más el peaje. Ahora mismo, la situación está también en punto muerto por culpa de la guerra que existe entre ambos departamentos ministeriales.
La idea que había en este proyecto es que el concurso para elegir la compañía que explotará la línea de alta velocidad y convencionales entre Madrid-Valencia-Castellón-Albacete-Alicante-Murcia, se realizase después del verano y que estuviera en funcionamiento en el primer trimestre. Sin embargo, todo está por resolver por el problema del famoso canon. Adif ha subido la tarifa por uso de las vías un 38% para adecuar los ingresos a los costes, un aumento que empresas como Globalia, candidata al concurso, califica de “excesivo”.
El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha dicho abiertamente que no pueden reducir los cánones, que también reclama Renfe, porque considera que, “si así fuera se estaría subvencionando con el dinero del contribuyente, actividades privadas”. Es más, ha reconocido que el AVE “no es sostenible, no tiene ni pies ni cabeza”, con el número de pasajeros que lo utilizan actualmente -24 millones de pasajeros-, y ha asegurado que serían necesarios el doble para garantizar la viabilidad de la alta velocidad. Ferre espera que en 2018 se alcancen los 50 millones de pasajeros.
Adif lleva negociando desde hace dos semanas con las compañías que han mostrado interés por entrar en el mercado pero no han logrado llegar a un pacto en esta dirección. Aparte de Globalia, figuran la familia Lara, el grupo Deutsche Bahn, Alsa, ACS, ACCIONA, Comsa, Ferrovial, Azvi y Logitrain. Según las privadas, si se mantienen los peajes actuales las cifras no salen, por lo que se corre el riesgo de que Fomento tenga que aplazar también el proyecto de privatización.