TENDENCIAS DEL DINERO

El señuelo de las tarjetas “B” de Bankia

Casi nadie está libre de pe­cado en las cajas de ahorro

BFA-Bankia
BFA-Bankia

Treinta meses han tar­dado el Frob y la di­rec­ción de Bankia en de­cidir la fil­tra­ción del uso de las tar­jetas B, opacas o black por parte de 86 con­se­jeros y di­rec­tivos de la ex­tinta Caja Madrid y de la ac­tual Bankia y que se ha zan­jado, por el mo­mento, con sendas fianzas ci­viles de 16 y 3 mi­llones de eu­ros, res­pec­ti­va­mente, a quienes fueron sus pre­si­den­tes, Blesa y Rato.

La filtración, controlada y que pudo realizarse a los pocos días de que Goirigolzarri ocupara la presidencia de Bankia, contiene todos los elementos necesarios para que la alarma social se haya extendido en la sociedad española y para que los medios de comunicación, en un goteo medido, desgranen los detalles de un escándalo en el que aparecen conocidos apellidos, partidos políticos, sindicatos y una cantidad de algo más de 15 millones de euros. En definitiva, morbo a tope.

La tardía filtración, fue acompañada, días más tarde, por el anuncio de que el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob) había remitido al fiscal una petición para que se investigaran operaciones por valor de 1.500 millones de euros detectadas en CatalunyaCaixa y Novagalicia que considera irregulares.

La cantidad denunciada, aunque multiplica por 100 la cifra de las tarjetas, no ha merecido mayor interés por parte de los medios y de la sociedad, a pesar de que se trataría de impagados como consecuencia de préstamos para la compra de inmuebles o bien refinanciaciones empresariales que se aprobaron sin criterios razonables o, lo que es lo mismo, “regalos” que se hicieron entre los órganos de dirección y los consejos de las cajas. La pregunta obligada es por qué la denuncia se hace ahora y no hace un año o hace unos meses antes de que ambas entidades fueran vendidas.

El asunto de las tarjetas B que lleva entreteniendo y alarmando a partes iguales a la sociedad española, hay que enmarcarlo en el hecho de que el total de ayudas públicas –inyecciones de capital, ayudas por Esquema de Protección de Activos (EPA) y por Sareb y otros- superan los 100.000 millones de euros de los que se dan por perdidos una cantidad que está por actualizar, aunque la última cifra oficial manejada por el Frob superaba los 36.000 millones de euros, cantidad que posiblemente se duplique cuando se cierre definitivamente el proceso.

Aunque el Frob se ha personado en más de 20 causas penales contra administradores de las cajas de ahorros que tuvo que rescatar y que un partido político como UPyD está jugando un papel muy activo en los tribunales en asuntos como Bankia y preferentistas, existe el convencimiento de que una gran parte de las irregularidades cometidas en las reestructuradas cajas de ahorro duermen un dulce sueño y que el asunto de las tarjetas de Bankia responde a un móvil que por ahora está en el arcano de muy pocas personas.

Expertos y analistas convienen en señalar que irregularidades penales o civiles se produjeron en todas y cada una de las cajas de ahorros intervenidas y que la lentitud de la Justicia es un elemento que hace peligrar el resultado final de los procesos que en este sentido están iniciados.

La prueba del nueve de todo ello estaría en que el actual equipo presidido por Goirigolzarri pusiera en conocimiento del Frob, de la Audiencia Nacional o de las distintas audiencias provinciales, las “irregularidades” que han sido detectadas de las etapas anteriores y que, según fuentes conocedoras del asunto, podrían poner a más de uno a las puertas de un recinto penitenciario.

Lo mismo cabria pedir a los bancos que han incorporado a sus estructuras las cajas de ahorro reconvertidas tras las suculentas aportaciones de capital realizadas por el Estado y la Unión Europea, lo que permitiría descubrir con facilidad los latrocinios cometidos a lo largo de años de irregular gestión.

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