DESDE BANKIA

Tarjetas black: quid prodest este escándalo?

Demasiadas ras­ga­duras de ropas y poco aná­lisis pro­fundo

Bankia indemniza a su exdirector de participadas con 6,16 millones ...
Matias Amat.

Un nuevo tsu­nami in­for­ma­tivo ha cu­bierto la faz de la vieja y ver­ju­rada piel de toro pa­tria. Las tar­jetas “black” de Caja Madrid se han con­ver­tido en un nuevo torpedo lan­zado contra la misma línea de flo­ta­ción del sis­tema. Al olor de sangre los coros ha­bi­tuales se han lan­zado como hienas a la es­palda de los pro­ta­go­nistas de tal desa­tino.

La semana ha pasado rápida en una carrera desenfrenada de los medios por ser el más demagogo y el más alarmista. Sólo ha faltado que apareciera en los extractos de las visas de sangre verde de Caja Madrid la bacaladera de algún bar de carretera, dizque puticlub, para que la cacería hubiera sido perfecta.

Demasiadas rasgaduras de ropas y poco análisis profundo. No hay preguntas, sólo suposiciones sobre unos gastos fuera de lugar. Afortunadamente todavía quedan algunos medios que sin extravangancias es posible reflexionar con la calma que merece el tema.

Demasiadas preguntas sin formular para una España frívola que condena lo que fomenta. Empecemos la disección:

El invento de las tarjetas para el Consejo de Administración de Caja Madrid y su Comisión de Control surge a principio de los 90, aproximadamente, cuando, Jaime Terceiro y Rodolfo Martín Villa, a la sazón presidentes de la Entidad y de la Comisión de Control convienen que los consejeros deben tener gastos de representación para su desinteresada gestión. Es decir que desde ese momento todos los que pasaron por ambos órganos de Gobierno recibían, junto a su nombramiento una tarjeta de plástico de libre disposición.

Si esto es así, significaría que la nómina de sospechosos se duplicaría o triplicaría con nombres de relumbrón, muchos todavía, políticamente en activo. Por otro lado, nadie se ha preguntado por qué la cacería se detiene en el año 2003, cuando toda lógica indica que la Agencia Tributaria, y el propio Banco/Caja tendría datos de uso de las tarjetas anteriores a 1999 cuándo ya tienen constancia de movimientos.

¿Por qué esta frontera? ¿Por qué no tirar de la manta en su totalidad?¿Habrá algún nombre que se prefiere dejar fuera de la polémica por alguna oculta razón? Lo justo y razonable sería conocer las identidades de los protagonistas desde que esta práctica se puso en marcha.

En segundo lugar, ¿por qué sale a la luz en este momento una información que, sin duda, ha debido pasar por el tamiz de la decisión política? Si la información estaba en manos de Bankia (es decir del FROB, es decir del todavía ministro Guindos), ¿a quién beneficia? ¿a la oposición? ¿al Gobierno de Rajoy? No parece probable. Aunque dada la torpeza e incapacidad de gestión política de este Ejecutivo, uno se teme siempre lo peor. Al Ébola me remito.

No olviden que la polémica salta cuando, en octubre, se conocen las devoluciones que cuatro altos cargos de Bankia –Rodrigo Rato, Sánchez Barcoj, Matias Amat (atentos a este personaje, que terminará donde corresponde pese a sus conexiones ideológicas y familiares) y Fernández Norniella- habían hecho en julio de importes caros a sus tarjetas corporativas.

Es decir, la bronca se habría quedado en Bankia y seguramente podría haberse evitado al cuadrar cuentas los auditores y computar correctamente los gastos en la partida correspondiente. No estoy seguro de si hubiera sido lo más correcto, pero tal vez muy conveniente en términos políticos y de reputación de país.

Una posible conclusión nos llevaría al deseo irrefrenable de Mariano Rajoy de seguir perdiendo votos en el granero electoral de Madrid, principal vía de acceso a la Moncloa, a favor del siempre peligroso PODEMOS. No parece creíble.

Ahora bien, ¿y si el único beneficiado fuera Goirigolzarri?. Su gestión en comparación con lo que había antes se pondría una vez más en valor. Más aún cuando el Banco de España todavía tiene pendiente de entregar al juez del Caso Bankia, Andreu, su informe sobre la fusión, cuentas y salida a Bolsa de la entidad. ¿Estaríamos ante un antídoto ante la posible tentación de que los inspectores del organismo regulador se inclinasen por declarar que la reformulación de cuentas que obligó Goirigolzarri en 2012 no fue correcta o, cuando menos dudosa?. No parece verosimil.

El Junco de Plentzia se vería en una difícil posición que podría poner en entredicho, una vez más, la gestión de la intervención de Bankia. Pero pueden existir dudas sobre el ministro rechazado en Bruselas. Un lujo que no se podría permitir, especialmente cuando el ministro ha visto cómo, por segunda vez, las puertas del Eurogrupo se le han cerrado en las mismas narices, sin que Rajoy haya podido hacer nada en un nuevo bochorno de nuestra diplomacia en Europa.

¿Quid prodest este escándalo?

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