POLÍTICA NACIONAL

El PSC se separa del soberanismo

Vota contra la pe­ti­ción de un re­fe­réndum

Pere Navarro, el se­cre­tario ge­neral del par­tido so­cia­lista de Cataluña (PSC), se ha con­ver­tido en una fi­gura de­ci­di­da­mente con­traria a la in­de­pen­dencia de esa co­mu­ni­dad, y apuesta por una com­pleta ali­nea­ción del PSC con los pos­tu­lados del PSOE y su se­cre­tario ge­ne­ral, Alfredo P. Rubalcaba, sobre esta cues­tión.

Este jueves, día 16, el ‘parlament' de Cataluña votará una moción para llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley solicitando que el gobierno central transfiera a la Generalidad la facultad de convocar un referéndum consultivo sobre "el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado". Es más que probable que la moción será ganada por las mismas fuerzas independentistas que la promueven, pues son mayoría.

Casi todos los diputados del PSC votarán en contra según el reciente acuerdo de su consejo nacional, pero tres o cuatro de sus diputados votarán a favor de la resolución o se abstendrán, rompiendo la disciplina interna.

El caso más notorio de disidencia es la del alcalde de Lérida, Àngel Ros, quien en la tarde del miércoles 15 anunció que renunciaba a su acta de diputado para no incurrir en desobediencia. Ros había propuesto que se le permitiera abstenerse en la votación, lo que fue rechazado por la dirección. El secretario general del PSC, al conocer su dimisión, elogió a Ros: el suyo "es un gesto que le honra porque antepone los intereses del partido a los personales".

Esta firme postura de Navarro indica que el frente formado hasta ahora en torno a un vago "derecho a decidir" de los catalanes, que unía a los socialistas con los cristiano-demócratas de Unión Democrática de Cataluña, los burgueses nacionalistas de Uniò Democrática de Catalunya, los republicanos de Esquerra, los "verdes" de Iniciativa per Catalunya y los "rojos" de la CUP, se ha fracturado parcialmente.

Otra fractura, aunque menos significativa, se producirá este jueves cuando los tres diputados de la CUP se abstengan ante la moción del ‘parlament', por considerar que éste no tiene por qué pedir autorización a un parlamento ajeno (el español), al que no reconocen autoridad alguna sobre Cataluña.

La iniciativa de Navarro equivale a repudiar el compromiso adquirido por su partido, en el programa de las elecciones autonómicas del 2012, para "promover las reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad".

El PSOE y Rubalcaba proponen un camino

La estrategia del PSC refuerza la del PSOE, al propiciar un "diálogo" entre los dos gobiernos, para conducir las tensiones originadas en Cataluña hacia cauce constitucionales. En este aspecto, el líder del PSOE se muestra más diligente que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Rubalcaba quiere la urgente convocatoria de la comisión bilateral Estado-Generalidad. La última sesión de esta comisión se celebró afinales del mandato de J. L. Rodríguez-Zapatero, y desde entonces el partido popular se ha mostrado renuente a reemprender esta forma de comunicación.

La actitud del gobierno ha sido la de no tratar de acercarse a Cataluña mientras su ejecutivo no cesase de enviar desafíos soberanistas o independentistas, envueltos en palabras descalificatorias sobre el trato que supuestamente España le inflige a Cataluña, y la celebración de una larga lista de actos de exaltación de su, al parecer, ansiada independencia, promovidos y seguramente financiados por organismos próximos a la Generalidad.

Hasta ahora, la estrategia del gobierno ha consistido en dejar que las iniciativas independentistas hicieran su recorrido, hasta agotarse en una serie de choques con la realidad. El choque más prometedor, desde el punto de vista gubernamental, sería el enfriamiento de las esperanzas soberanistas de un reingreso fácil y rápido de Cataluña en la Unión Europea, una vez producida la ruptura con España. Ahora que las instituciones de la Unión han dejado claros los procedimientos de reintegración de una Cataluña independiente a la Europa comunitaria, los independentistas deben cavilar sobre el costo para su población en términos de deuda pública, moneda, tarifas comerciales, ciudadanía europea, bienestar, etc., con la perspectiva de largos e inciertos años de negociaciones para reintegrarse a la Unión.

Otro roce con la realidad son las reticencias de los principales inversores ante un proceso independentista lleno de incógnitas que ni el gobierno español ni el catalán pueden despejar, y que crearían inseguridad jurídica y financiera como consecuencia de una separación de España. La inquietud de los grandes negocios quedó expresada el pasado martes por Isidro Fainé, presidente de La Caixa, cuando dijo que la cuestión catalana debe resolverse "a base de diálogo y siempre dentro de la legalidad", y por Florentino Pérez, presidente de ACS, quien cree resoluble el conflicto con tal de que se dé un diálogo sincero entre España y Cataluña.

Dentro las instituciones, fuera los sentimentalismos

La retórica nacionalista y la aparente estolidez del gobierno de Rajoy mantienen el conflicto en una situación de bloqueo. Este sólo se puede superar mediante el desarrollo íntegro del potencial de las instituciones para canalizar y ayudar a superar los conflictos. Es evidente que el recurso institucional más básico y primario es la reunión formal y en regla de la comisión Estado-Cataluña., para identificar el conjunto de contenciosos que pueden ser abordados o resueltos por los procedimientos regulares de las administraciones.

Pero eso es lo mínimo. Lo más importante es que se expongan claramente y sin patetismos las razones que puedan explicar el malestar que Cataluña dice sentir dentro de España y justificar su pretendido independentismo, así como que el gobierno y la mayoría parlamentaria del Congreso expliquen y justifiquen las razones de su previsible "no" a la solicitud de delegación para celebrar un referéndum. Es decir, permitir que las opiniones de los catalanes, los españoles y los europeos formen juicios propios, aislados lo más posible de sentimentalismos, rencores y sofismas.

Ese posible ejercicio no debe verse como el encuentro, con final prejuzgado, entre la mayoría del Congreso contraria al soberanismo y la minoría independentista, sino como el cumplimiento fiel de aquellos fines para los que las instituciones fueron creadas. Si Artur Mas quiere cumplir su compromiso de recorrer y agotar las vías legales para su consulta, no tiene más remedio que acudir al Congreso a pedirla y justificarla, así como Mariano Rajoy no tiene más remedio que escuchar, explicar su posición, atender lo que se pueda atender y, en última instancia, justificar el previsible no.

Las instituciones están para eso, para acudir a ellas. Y luego, ponerse a examinar las consecuencias de sus decisiones y enfrentarlas.

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