Perú ha realizado el último movimiento hasta la fecha en Latinoamérica en orden a mejorar las buenas prácticas corporativas. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó el pasado noviembre la revisión del Código de Buen Gobierno Corporativo, que reemplazó al vigente desde julio de 2002 y que servirá de guía de recomendaciones para todas las sociedades anónimas del país, especialmente para aquellas con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. La finalidad de la revisión del texto es mejorar la percepción entre los inversores de las sociedades peruanas e impulsar el desarrollo de las empresas del país en un entorno corporativo acorde con las nuevas tendencias y exigencias internacionales.
El nuevo reglamento hace especial hincapié en la mejora de las prácticas corporativas en la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Alta Gerencia, es decir, en cuanto a la propiedad, la administración y la gestión corriente de las sociedades y enfatiza la necesidad de implementar una adecuada gestión de riesgos y un sistema de control interno**,** indicando quiénes son los responsables de liderarlos y supervisarlos. El texto destaca la sostenibilidad de las sociedades, adaptándolas a las nuevas tendencias de organización empresarial.
El documento se articula en torno a cinco ejes principales divididos en 43 principios: Derechos de los accionistas, Junta General de Accionistas, Directorio y Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la información, e incluye dos anexos de principios complementarios, uno para las empresas de propiedad del Estado (EPE) y otro para las sociedades familiares. La SMV alentó y presidió el Comité de Actualización de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas plasmado en este nuevo código, del que formaron parte** 14 instituciones y gremios empresariales** representativos del mercado de valores peruano y del sector empresarial del país.
Junto a la SMV participaron en el comité, entre otros, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales, el Ministerio de Economía y Finanzas; la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Bolsa de Valores de Lima; la Asociación de Bancos; la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Conflictos de interés
El documento incluye nuevas prácticas referidas al ejercicio de las funciones de los directorios, desarrollando, por ejemplo, en una sección aparte el tema de conflictos de interés, de forma que se genere un procedimiento definido y formalizado en la normativa interna societaria para la gestión de estas situaciones. Entre otros asuntos, el nuevo texto recomienda que las políticas de dividendos de las compañías se publiquen en su página web y se ciñan a evaluaciones periódicas que verifiquen su ejecución.
Asimismo, se crea un área denominada "arquitectura de control", en la que se desarrollan aspectos relativos a la administración de riesgos y control interno y se incorporan anexos de prácticas de gobierno corporativo que abarcan aspectos de especial relevancia en la región, como son el gobierno corporativo en grupos empresariales, la responsabilidad de las entidades financieras para la promoción del gobierno corporativo en las empresas de la región y el gobierno corporativo en las empresas familiares.
El nuevo texto atañe a las cerca de 282 empresas que figuran en la lista de la Bolsa de Valores de Lima, y que si bien tienen obligación de informar sobre el grado de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo, no están forzadas a aplicarlos, ya que se trata de recomendaciones.
No obstante, asumir los principios más innovadores y eficientes en gobernanza corporativa trae cuenta, y no sólo desde el ámbito ético, sino también desde el económico y financiero. Según la firma Deloitte, los inversores están dispuestos a pagar entre un 10% y un 15% por las acciones de empresas que sí cumplen con las buenas prácticas. Según esta compañía de servicios profesionales, los inversores prefieren pagar esta prima ya que les interesa que la compañía se dote de mecanismos que le ayuden a manejar con éxito el negocio y a adecuarlo a los últimos estándares internacionales y mejoras en los derechos de los accionistas.
Plus de atractivo
Para los inversores, el modelo de buenas prácticas de gobierno corporativo avala una más adecuada toma de decisiones y genera un plus de atractivo para las compañías. De hecho, los principios del buen gobierno corporativo constituyen un conjunto de reglas y procedimientos recomendables para tomar decisiones en asuntos como el trato equitativo de los accionistas, el manejo de conflictos de intereses, la estructura de capital, los esquemas de remuneración e incentivos de la administración, las adquisiciones de control, revelación de información, aspectos que ayudan a construir una gobernanza empresarial más transparente y justa.
Para expertos como la jefa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y una de las promotoras del nuevo Código peruano, Lilian Rocca, el cumplimiento de prácticas de buen gobierno corporativo por las empresas aporta importantes beneficios como una mejor administración del riesgo, generación de valor, solidez y eficiencia en las empresas, impulso a un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversores en general, además de permitir la reducción del costo de capital en el mercado de valores. Para Rocca, la labor de la SMV se ha centrado en promover un incremento de la confianza de los inversores en el mercado de valores, con el propósito de fomentar mayores niveles de liquidez y profundidad en el mercado.
Respaldo regional
Además de por la creciente inquietud expresada por los Gobiernos de los países con mayor captación de inversión extranjera en la región (Chile, Brasil, México, Colombia, Perú...), las mejoras en las prácticas de buenos gobiernos corporativos están siendo alentadas también por los principales organismos regionales, como el BID. El año pasado, esta entidad, decidida a animar las buenas prácticas y a concienciar de los vínculos de las mismas con una mejor imagen corporativa y un mejor y mayor acceso a la financiación y a la inversión, lanzó un fondo de 80 millones de dólares para promover la importancia del buen gobierno de las pymes en la región.
Financiado a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la rama del BID destinada a apoyar al sector privado, con la iniciativa se pretende ayudar a las pymes orientadas a la exportación a cumplir las mejores prácticas internacionales en lo que se refiere a buen gobierno corporativo, facilitando su acceso a canales de financiación a largo plazo. El proyecto fija la concesión de créditos directos a esas pymes de la región, provenientes del fondo de 80 millones establecido, así como asistencia técnica para ayudarlas a cumplir los estándares internacionales de buenas prácticas corporativas.
El BID juzga que las pymes regionales tienen frecuentemente carencias en cuanto a transparencia y comunicación de información legal, problemas para cuya solución el organismo está también dispuesto a dotar de las herramientas necesarias a esas empresas e integrar la asistencia técnica a sus operaciones crediticias. La idea es que las pymes que cumplan con criterios de buenas prácticas corporativas tengan el premio de acceder a fondos adicionales de la CII. Entre 2010 y 2012, la CII aprobó 50 préstamos directos a mipymes por un valor conjunto de más de 63 millones de dólares, y a través de la iniciativa lanzada el año pasado se esperaba que el organismo financiara 25 más.
Pero el impulso a las buenas prácticas no es sólo cosa del BID y de la CII. En los últimos años, el interés por las buenas prácticas de gobierno corporativo ha crecido entre las compañías y organizaciones del mundo entero y Latinoamérica no ha sido una excepción. Organizaciones como el Foro Global de Gobierno Corporativo (GCGF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han encargado de diseminar conocimientos, crear capacidad en instituciones y desarrollar foros de discusión donde los reguladores analizan las políticas y estándares a seguir en la región. Por su parte, algunas instituciones y compañías del sector privado han sabido acompañar esta evolución y han implementado prácticas de buen gobierno corporativo, obteniendo beneficios en sus operaciones, reputación, sostenibilidad, sustentabilidad y economía.
Elemento clave para la OCDE
En los últimos tiempos, la OCDE, para la que el gobierno corporativo constituye un elemento clave para aumentar la eficacia económica y potenciar el crecimiento de un país, así como para fomentar la confianza de los inversores, ha alentado la mejora de los documentos de buena gobernanza en la región. Y el año pasado, también la CAF, el banco de desarrollo de Latinoamérica, reiteró su propuesta de que los grupos empresariales y las empresas familiares adopten prácticas de buen gobierno corporativo en la actualización de su documento de 2004 Lineamientos para un Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo, en el que se recogen un conjunto de directrices que configuran principios base para un buen gobierno corporativo y se constituyen, así, en un marco de referencia obligado para los países latinoamericanos.
Los expertos destacan el alcance regional de dichos lineamientos resulta más relevante teniendo presente procesos de integración regional como el del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), en el que participan Colombia, Chile y Perú (y próximamente México), y la búsqueda de alcanzar estándares similares en la región en términos de protección al inversor.
Ya en 2009, varios institutos de gobierno corporativo de Latinoamérica se reunieron en Santiago (Chile) para intercambiar experiencias y conocimientos sobre gobierno corporativo. A esa reunión le siguieron otras en los años siguientes en Panamá, Brasil y Colombia, hasta acordar finalmente constituir una red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica (IGCLA), formada actualmente por el Instituto Argentino para el Gobierno Corporativo (IAGO), el Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica (IGC-CR), el Centro de Gobierno Corporativo y Desarrollo de Mercados de Chile (CGC&DM), la Bolsa de Valores de Quito de Ecuador (BGC), el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de México (CEGC), el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGC-P), la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales de Perú (Procapitales), y las representaciones de Bolivia y El Salvador. Estas instituciones resultan clave en el contexto de desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo, ya que han sabido servir como nexo entre aquellos que crean estándares y mejores prácticas y políticas, y aquellos que las aplican en la práctica. Y todo ello mediante las técnicas más profesionales, innovadoras y diversas.