El PSOE y al­gunas em­presas ener­gé­ticas ca­li­fican los cam­bios de in­ter­ven­cio­nistas

El Gobierno vacía de contenido la CNE y traspasa todo el poder regulatorio a Alberto Nadal, en Industria

Las em­presas con­si­deran que la crea­ción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les de­bi­lita frente al mi­nis­terio

Alberto Nadal
Alberto Nadal

La crea­ción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a cuatro meses de su puesta en mar­cha, ge­nera graves dudas en el sector ener­gé­tico y en la propia Comisión Nacional de la Energía. Petroleras y eléc­tricas con­si­deran que se ha dado marcha atrás, que pasan a de­pender mucho más de los dic­tá­menes del Ministerio de Industria y Energía ya que mu­chas de las atri­bu­ciones que tenía la CNE pasan a de­pender de la Secretaría de Estado de Energía y será su ti­tu­lar, Alberto Nadal, quien re­tenga casi todo el poder re­gu­la­to­rio. La Comisión Nacional de la Energía queda en un se­gundo plano al in­te­grarse en un su­per­or­ga­nismo como la CNMC, donde la energía es una de las partes de la nueva es­truc­tura pero no la única. Determinados ju­ristas en­tienden que fu­sionar ocho or­ga­nismos en uno solo ha sido una au­tén­tica abe­rra­ción y una bu­rrada por mucho que el Gobierno se em­peñe en decir que se aho­rrarán 28 mi­llones de eu­ros. En el PSOE, se habla ya de in­ter­ven­cio­nismo puro y duro.

Fuentes petroleras han reconocido que la creación de la CNMC supone un vaciamiento en toda regla de los poderes del regulador energético en favor de la Secretaría de Estado de Energía. Toda la función contable pasa a depender de Nadal y, aspectos tales como, las inspecciones eléctricas, el cobro de las primas al consumo del carbón autóctono y las liquidaciones de los costes de transporte y distribución de energía eléctrica estarán bajo las órdenes de Industria. En cuanto al petróleo, todos los sistemas de certificación de los carburantes y de supervisión pasan a estar en manos del Ministerio.

Tras la creación de la CNMC y los cambios que el ministro de Industria, José Manuel Soria, quiere introducir en la actual Ley de Hidrocarburos, existe el convencimiento en el sector de que se está retrocediendo en el tiempo y que hay signos de que se están tomando medidas de cariz intervencionista. "Es como matar moscas a cañonazos. Se ha querido quitar poder a los organismos reguladores y eliminar la escasa independencia de la que gozaban", señalan.

Uno de los aspectos más conflictivos como es la competencia de autorización de participaciones accionariales tanto en el sector eléctrico, el gas natural y el petróleo, pasa a depender del Ministerio de Industria y Energía. El transporte por oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos quedan bajo la batuta directa de la secretaría de Estado de la Energía. La CNE ha estado peleando porque este control quedase en poder de la CNMC por los motivos siguientes: constituye un mecanismo de supervisión de operaciones empresariales, orientado a garantizar el suministro energético y a salvaguardar el equilibrio patrimonial de las sociedades con actividades reguladas, conocida en el sector como Función 14.

La CNE ha utilizado esa potestad en muchas ocasiones. Cuando se produjo la OPA de la eléctrica italiana Enel sobre Endesa se sirvió de ese mecanismo para verificar si con la entrada de los italianos quedaba salvaguardado el suministro energético español. En el caso de Gas Natural sobre Unión Fenosa, el problema que se derivaba era si se rompía o no el equilibrio patrimonial del resto de las sociedades con actividades reguladas como Iberdrola y Endesa.

El Gobierno considera que tal y como estaba contemplado en la CNE, no estaban salvaguardados los intereses de sectores considerados estratégicos. Se entienden como tales, las centrales nucleares, las centrales térmicas que consumen carbón autóctono, las refinerías, los oleoductos y los almacenamientos de productos petrolíferos.    

La Comisión de la Energía ha sido junto con la Comisión Nacional de la Competencia el organismo que más batalla han presentado para no perder poder. La institución que preside Alberto Lafuente emitió en su momento un documento de más de cien páginas en el que criticaba duramente muchos de los aspectos del Anteproyecto. La Comisión venía a denunciar la enorme complejidad a la que se enfrentará la autoridad multisectorial, con demasiados frentes por atender y en la mayoría muy dispares. La propia integración en una misma autoridad de las funciones de competencia con el resto de funciones sectoriales es considerada por la Comisión como una dificultad añadida.

Entre otros aspectos, se subraya que el Ministerio de Industria y Energía tendrá una serie de atribuciones como son la realización de liquidaciones reguladas del sector eléctrico y gasista consideradas de importancia crítica que hasta ahora eran realizadas por la Comisión y que pueden no ser bien resueltas porque se necesita personal muy especializado. "La inspección requiere de una continuidad en las actuaciones con la dotación de medios personales de contrastada experiencia y medios altamente especializados y técnicamente complejos", señala el informe de la CNE.

Lo realmente llamativo y sorprendente para muchas de las partes consultadas es que se ha optado por fusionar las autoridades reguladas con el objetivo de recortar costes y quitar competencias a personas que no eran del color político del Gobierno. "No tenían otra forma de quitarse de en medio a los que no les gustaban", han señalado fuentes consultadas. Por ejemplo, actualmente existen 50 consejeros de todos los organismos supervisores  y reguladores  del mercado pero con la integración se creará una única comisión compuesta por diez consejeros elegidos por el Parlamento a propuesta del Ministerio de Economía. Todos ellos tendrán un mandato no superior a seis años.

La Comisión en sí constituirá el pleno del organismo que decidirá sobre los asuntos más relevantes o aquellos que generen más polémica. Precisamente ahí es donde está la madre del cordero del nuevo superorganismo regulador. Aparte de la CNE se incluyen en el mismo, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal el Comité de Regulación Ferroviaria, al Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

 

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