La causa, claro está, radica en el desplome del mercado nacional en el periodo, el cual ha consumido un millón de toneladas menos - en concreto, 2,53 millones, según datos de la patronal Oficemen. El flujo exportador está por tanto mitigando de forma muy moderada el fuerte deterioro de la demanda interna, que en el año 2012 registró una caída del 34%.
En el primer trimestre de 2013 el desplome en términos relativos del mercado interior sigue siendo de calado. Alcanza el 29,3% respecto al primer trimestre de 2012. A lo largo del año pasado, las exportaciones de las empresas cementeras alcanzaron 5,9 millones de toneladas, lo que representa un incremento muy notable, del 50%, respecto al volumen obtenido en 2011. Ese repunte equivalió a dos millones de toneladas.
En paralelo, el mercado doméstico dejó de consumir un total de seis millones de toneladas. Y además, las exportaciones actuales se encuentran muy lejos de lo conseguido en otros períodos que, como en 1983, alcanzaron una cifra de 13 millones de toneladas. Sólo en marzo el consumo se ha hundido un 40%, alcanzándose un total de tan solo 778.568 toneladas, lo que supone una caída de más de medio millón de toneladas respecto a los datos de marzo de 2012.
"Además de la paralización en la edificación, las administraciones están recortando drásticamente sus inversiones en infraestructuras. Según los últimos datos de Seopan, la licitación en obra pública cayó el pasado año un 45%", afirma el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza. "Mirando al futuro, además de mantener en condiciones de servicio adecuadas todas las infraestructuras que se han desarrollado estos años, las administraciones deberían poner en marcha infraestructuras que son ineludibles, como por ejemplo, las de transporte por ferrocarril o hidráulicas".
En este sentido, Zaragoza señala que "España necesita infraestructuras de depuración y saneamiento de aguas residuales. El nivel de depuración de aguas residuales en nuestro país todavía se encuentra en el 84%, incumpliendo el objetivo del 100% de la Directiva 2000/60/CE que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Si la Administración retrasa la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que preveía inversiones de 19.000 millones de euros, España incumplirá en 2015 la Directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas y recibirá una sanción económica".