GEOECONOMÍA

Cataluña, el díficil acuerdo con el Estado

Aún sin pre­su­puesto, Artur Mas pre­para su di­plo­macia y su de­fensa

La vida po­lí­tica de Cataluña es­taba su­mida este fin de se­mana en la ten­sión y con­fu­sión que pre­cede a las grandes de­ci­sio­nes, sin que nadie esté se­guro de que vaya a to­marse al­guna con­creta. Se trata de si el Gobierno es­pañol ac­ce­derá o no a que Cataluña eleve su margen de dé­ficit desde el 0,7% del PIB hasta ahora exi­gido, a una tasa más lle­va­dera del 1,5% o más. Todos los equi­li­brios po­lí­ticos de Cataluña penden ahora de ese hilo. El Parlamento ca­talán no ha apro­bado aún el pre­su­puesto del 2013, y tam­poco tiene prisa por apro­barlo mien­tras aquella im­por­tante cues­tión eco­nó­mica no quede des­pe­jada. Lo más pronto que se es­pera es en mayo pró­ximo.

Llegar más allá sin presupuesto pondría en duda la capacidad del gobierno de Convergencia i Uniò de gobernar en la actual coyuntura, condicionada estrechamente por su propia decisión de convocar un referéndum soberanista.

La espera se le está haciendo insoportable a Esquerra Republicana de Cataluña, que es a un tiempo socio principal de la coalición gobernante y fuente constante de objeciones y críticas a las políticas de austeridad y recortes que el govern convergente se ve obligado a introducir.

Aún en el caso de que el gobierno español admitiese para Cataluña elevar el margen de déficit del 0,7% anunciado a 1,5% o más, no es probable que ERC dé su visto bueno a los presupuestos sin una supervisión estricta de su reparto, en orden a atender la agenda socialista de su programa y a cumplir el compromiso de convocatoria de la consulta soberanista en este año y su realización en el que viene.

En la semana pasada se manifestaron dudas, en el seno de la coalición nacionalista, sobre la posibilidad de cumplir la agenda de la consulta con la cronología hasta ahora establecida. El líder de Uniò Democrática de Catalunya, Durán i Lleida, precisó a mediados de la pasada semana que el compromiso de la coalición es "intentar celebrar la consulta en el 2014, y si no es posible en el 2014, plantearla antes de que finalice la presente legislatura". El propio consejero de Justicia del govern, Germà Gordò, ha advertido de que la consulta sólo podrá hacerse si hay acuerdo con el ejecutivo central. Artur Mas salió a los día siguientes al paso de estas muestras de irresolución: "no hay variación de ningún tipo y el camino se está siguiendo. La consulta se hará y hay que hacerla porque existe un compromiso muy claro". Este domingo, Jordi Turull, portavoz de CiU en el parlament, remachó el compromiso: la fecha de la convocatoria y la pregunta estarán preparadas antes de final de año, y la consulta misma se celebrará en 2014.

 

Validando una declaración unilateral del parlament

Aquella rotunda afirmación de Mas, hace pocos meses, de que la consulta se celebrará "sí o sí" parece ahora condicionada por las negociaciones con el gobierno de Madrid para la ampliación déficit y las discusiones sobre un hipotético pacto fiscal de Cataluña con el estado. "El objetivo es hacer la consulta dentro de los marcos legales", afirmó Mas la pasada semana.

En el cambio de actitud de Mas influyen sin duda las reservas expresadas por miembros de su propia coalición sobre la viabilidad legal de un referéndum que no hubiese sido negociado con el estado. Sin embargo, el informe del Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña sobre la consulta, firmado por el anterior vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, ha podido producir cierta confusión. Viver asegura en su escrito que en la constitución española existen, "como mínimo, cinco procedimientos para realizar legalmente la consulta (o para crear ex novo uno de estos procedimientos)".

Pero Viver ha escrito esa afirmación solamente pro forma. No parece tener fe en ninguno de los procedimientos para la consulta. Nombrado recientemente presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, expresó la opinión de que "ni la Constitución ni el Estatuto sirven para dar respuesta a las aspiraciones de Cataluña". Lo que quiere decir se sobreentiende suficientemente en este párrafo final de su informe: "una hipotética negativa del estado a convocarla, a autorizarla o a permitir su realización situaría la cuestión - instar al estado a que la autorice o la convoque -  en el ámbito puramente político, y abriría a la Generalidad la posibilidad de servirse legítimamente de la convocatoria de vías de consulta alternativas, tales como consultas ‘no oficiales', elecciones ‘plebiscitarias', etc., que si fuera conveniente podrían ser complementadas con declaraciones unilaterales del Parlament".

Así que mientras unos colaboradores (Durán y Lleida, Gordò) aconsejan a Mas "no es éste el momento", otro le dice: "no vale la pena esperar. Como no hay salida constitucional, tienes que lanzarte por la vía unilateral". Y Mas se pregunta: "Entretanto me decido, ¿qué hacer?"

Del país a la nación y de la nación al estado

Pues bueno, Mas se pone a "fer país". Mejor dicho, "nació". Y a la nación se comienza a defenderla en sus símbolos. A mediados de mes denunciaba "ciertos organismos del estado, con mucho dinero en el cajón (que intentan) cargarse determinados símbolos de nuestro país". Y citó por su nombre entre esos símbolos al ex-presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, "con quien se ha identificado mucha gente de este país". Posiblemente ésta fuera una forma oblicua de referirse al caso de Oriol Pujol, hijo de don Jordi y ex-presidente del grupo parlamentario de Convergencia, recientemente imputado de tráfico de influencias.

Después de los símbolos viene la nación misma. A mediados de mes la Generalidad presentó el Consejo Nacional de Transición Nacional, un organismo de diez personas al frente de diez ramas de una supuesta administración independiente de Cataluña, todas las que caben normalmente en la estructura de cualquier estado. Las más vistosas, por lo menos entre las que se han dado a conocer hasta ahora, son la de Hacienda, Política Exterior y Defensa.

La de Hacienda es la que más ruido ha provocado. Se trata, como se sabe, de que empresas, particulares y ayuntamientos de Cataluña "que así lo deseen" (Agencia EFE), puedan pagar sus tributos al govern y no a la Agencia Tributaria estatal después del próximo verano. La Generalidad, aseguró el conseller de Presidencia Francesc Homs, sabe que no puede quedarse con estos tributos, pero no importa, con la práctica de diligenciar los bienes ajenos la Hacienda catalana adquirirá "volumen, conocimiento e información estadística". Este ameno ejercicio de aprendizaje es una de las exigencias de ERC en su pacto con CiU para dar estabilidad al govern.

Otro ejercicio de "calistenia soberanista" son los contactos con los diplomáticos extranjeros, por si con el roce se pega un poco de su sutil arte. El ya citado Homs está muy ilusionado. Aunque "en las cancillerías y organismos internacionales dicen que es un tema interno del estado español - ha declarado recientemente -,  cada semana al Palau de la Generalitat nos vienen uno, dos o tres embajadores o cónsules" que se interesan por la demanda del _govern _de celebrar una consulta.

Pero no todo es expansión de Cataluña como futuro estado entre las naciones. También se recogen velas, aunque eso sí, discretamente. La Convergence Democratique de Catalogne, que actuaba como partido francés y filial de la CDC "española", se disuelve por sus nulos resultados electorales. También se retira la delegación de TV3 en Catalunya Nord, y la representación de la Generalidad en Perpiñán, especie de Casa Oficial de Cataluña, se convierte en una delegación de la de Paris.

Y aún hay otra rama de la futura administración catalana, la defensa, que ha hecho irrupción en algunos medios de información serios como curiosidad. De momento no aparece avalada por declaración oficial alguna, sino sólo como documento de un Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña, en el que se toman una serie de documentos de la OTAN, de la Unión Europea y de algunos manuales de defensa, a los que se saca un duplicado con la pretensión de sentar con él las bases institucionales de una fuerza militar catalana, de 35.000 efectivos, que ofrecerá al mundo una fuerza aérea, un servicio de inteligencia, dos bases navales (Barcelona y Tarragona) y algunos batallones de tierra.

 

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