EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: la rehabilitación aborta el despegue

La san­gría del em­pleo sec­to­rial pa­rece haber to­cado fondo pero re­sulta in­su­fi­cente

Rehabilitación de edificios
Rehabilitación de edificios

Acaba el año 2013 como em­pezó, es­pe­rando la ac­ti­va­ción de la reha­bi­li­ta­ción, único sub­sector de la ac­ti­vidad cons­truc­tiva que a pri­meros del año que acaba pa­recía capaz de re­vertir la di­ná­mica de re­tro­ceso con­ti­nuado que ex­pe­ri­men­taba la cons­truc­ción desde 2008. Acaba el año como em­pezó, con la cons­truc­ción aún en re­ce­sión, acu­mu­lada a la ha­bida en los cinco años an­te­rio­res, pero con algún atisbo de que la re­duc­ción de ac­ti­vidad puede estar co­men­zando a tocar suelo, a re­du­cirse a ni­veles so­por­ta­bles la pér­dida de em­pleo o, en el mejor de los ca­sos, co­mience a al­canzar pe­queños re­puntes a lo largo del nuevo año. También de nuevo los pre­su­puestos pú­blicos -ya co­no­cidos los del Estado y de pre­vi­sible con­ti­nuidad en el re­corte los au­to­nó­mi­cos- meten la ti­jera en las dis­po­ni­bi­li­da­des, muy re­du­cidas ya año tras año desde 2008, para in­ver­sión en in­fra­es­truc­turas tanto de nueva cons­truc­ción como para el man­te­ni­miento de las exis­ten­tes. De nuevo un in­di­cador ade­lan­tado bá­sico para medir la evo­lu­ción a corto plazo de la ac­ti­vi­dad, como es el con­sumo de ce­mento, se des­ploma.

La única noticia positiva para la construcción nacional en 2014 es que, aunque descolgada prácticamente de todos los países de la UE en cuanto a previsiones de crecimiento en 2014, la sangría del empleo sectorial parece haber tocado fondo; que el empleo actual es posible mantenerlo y que cualquier empujón a la actividad podría hacerlo, por fin, crecer razonablemente. Buena falta nos hace a los sufridos ciudadanos contribuyentes, porque la ingente cantidad de recursos públicos para todas las administraciones que generaba la actividad por la vía de los retornos que producía (desde el IVA y prestaciones por desempleo a la catarata de impuestos que grava la vivienda) los estamos asumiendo los contribuyentes (nos están haciendo asumirlos, sería más cierto) desde que dejaron de fluir, por medio de subidas continuadas de impuestos, que han ahogado a la clase media como un tsunami irreversible para muchos años. ¿O es que alguien, todavía, se cree que el dinero público viene del cielo?

A expensas de los datos correspondientes a diciembre y que cerrarán el año que acaba de terminar, la afiliación sectorial a la Seguridad Social, fundamentalmente en Régimen General ha conseguido mantener posiciones a lo largo del año. Teniendo en cuenta la más que previsible atonía de la obra pública, incluyendo el mantenimiento de las infraestructuras existentes, y que la edificación de obra nueva aún habrá de esperar a que el tímido inicio detectado del proceso de reducción del stock existente por una parte, y por otra la estabilización de los precios de la vivienda -incluso un crecimiento razonable y generalizado- se asienten para que la construcción de nueva edificación residencial comience a repuntar, de nuevo sólo queda la rehabilitación.

**Nuevas disposiciones legales **

Las nuevas disposiciones legales en relación con el ahorro energético en la edificación, tanto en los consumos individuales como de los comunitarios que debieran generar el adecuado tratamiento de la envolvente de los edificios, servicios comunes o sistemas de calefacción/refrigeración, no acaban de ponerse en marcha a nivel práctico. Se detecta un gran desconocimiento, por parte de la demanda, de las posibles mejoras técnicas a incluir en actuaciones de reforma, rehabilitación de edificios y de regeneración urbana y, especialmente, de las alternativas económicas disponibles para poner en marcha los proyectos y ejecución de las mejoras necesarias en cada caso. Si a ello se suma el eterno lío burocrático que rodea los posibles procesos a seguir para llevar a buen fin cualquier reforma o rehabilitación de edificios de viviendas, tenemos una buena razón para entender por qué ni quienes tienen capacidad económica, ni quienes no la tienen actualmente o no saben si la tendrían en caso de acogerse a estas nuevas normas, se decidan a acometerlas.

El nudo gordiano que mantiene prácticamente sin efecto la reforma de la rehabilitación de edificios es el modelo de financiación, que si funcionara podría generar actividad económica y empleo en grandes proporciones. Según un análisis promovido recientemente por Green Building Council España, si se rehabilitasen diez millones de viviendas de aquí al año 2050, se generarían 130.000 empleos directos estables. Hay que recordar en cualquier caso que la urgencia de impulsar la rehabilitación en nuestro país viene de que en parque de edificación europeo es responsable del 40% del consumo final de energía y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El modelo de financiación es esencial para esta actividad. Habría que arbitrar fórmulas de pago aplazado en función de las mejoras introducidas a favor de la eficiencia energética o créditos blandos que permitan, como ocurre en muchos países de la UE, afrontar el pago de la reforma realizada hasta en 20 años. Profundizar en las posibles desgravaciones fiscales que además de favorecer el flujo de actividad al hacer solvente a gran parte de la posible demanda, ayudaría en gran medida a florar la economía sumergida, que sigue creciendo -y aún más desde la reciente subida del IVA- a marchas forzadas (hay cada vez más casos en los que, si el ingenuo cliente demanda factura con IVA si le ofrecen hacer los trabajos en negro, se ve directamente excluido al negarse el profesional de turno a hacerle el trabajo en esas condiciones). Y en términos más generales, seria necesario que las tres administraciones públicas afectadas negociaran la existencia de una ventanilla única para gestionar estas cuestiones, válida tanto para particulares como para empresas que aclare no solo los trámites sino también la compatibilidad o no de las posibles subvenciones de cada una de ellas.

En cuanto a otras actuaciones, la administración pública debería legislar la necesaria reducción o bonificaciones tanto de las primas de seguro para los edificios que hayan llevado a cabo actuaciones en este sentido, como haber mejorado -merced a trabajos de rehabilitación- su certificación energética. Junto a ello, es obligado también que la administración pública instaure los instrumentos necesarios para vigilar el cumplimiento de la legislación técnica al efecto, como es principalmente el Código Técnico de la Edificación, castigando su incumplimiento de modo que no salgan beneficiados quienes no lo cumplan o no asuman los costes de su adecuación.

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