Moncloa acuerda con Francia reindustrializar Andalucía y salvar Alestis

SEPI y EADS vo­tarán a favor de sacar del con­curso de acree­dores a la em­presa pro­vee­dora de Airbus

El Gobierno es­pañol ha con­se­guido un prin­cipio de acuerdo con la em­presa de cons­truc­ción ae­ro­es­pa­cial en los ám­bitos civil y mi­litar EADS, co­no­cida fun­da­men­tal­mente por la cons­truc­ción de los aviones Airbus, para res­catar del con­curso de acree­dores a la so­ciedad ALESTIS, pro­vee­dora de ma­te­rial para la cons­truc­ción de los men­cio­nados Airbus. Según fuentes co­no­ce­doras de las ne­go­cia­cio­nes, el acuerdo se verá plas­mado en el voto fa­vo­rable que el Ministerio de Hacienda emi­tirá en la junta de acree­dores fi­jada por el juz­gado nº 2 de Sevilla para el pró­ximo día 19 del pre­sente mes de di­ciem­bre, siempre que la Junta de Andalucía cumpla con sus com­pro­misos pre­vios.

Supone el mantenimiento de casi 1.700 puestos de trabajo de alta cualificación, como evidencia que también sea proveedor de las empresas constructoras de Boeing y Embraer. Alestis soporta en la actualidad un pasivo de unos 346 millones de euros, de los que las deudas con la Administración Central del Estado suponen casi el 59 % de las obligaciones pendientes de pago.

Su plantilla actual de 1.653 trabajadores está distribuida en 7 plantas de producción, 6 en España y una en Brasil. Los responsables del acuerdo alertan de que hasta ahora la responsabilidad de los gestores que han llevado a la sociedad a la situación de concurso de acreedores ha recaído en exclusiva en personas vinculadas con entidades tanto privadas como públicas afincadas en Andalucía.

Por ello plantean que la Junta de Andalucía, además de aportar las garantías para el cumplimiento de los ERE a los que se comprometió, contribuya a conseguir el pacto que aporte los recursos para la reestructuración financiera y societaria de Alestis, lo que conlleva salir del accionariado, a lo que se ha negado hasta fechas recientes.  

Alestis participa en las líneas de producción civil de los Airbus A-320, A - 330, A - 350 y A - 380, así como los militares, CN -235, C - 295 y A - 400 M. Los 346 millones de pasivo de titularidad pública se reparten entre los ministerios de Industria, Hacienda, Economía, Agencia Tributaria, Seguridad Social, el CDTI y COFIDES.

La composición accionarial en el momento actual se reparte en un 38,11% en ALCOR y un 60,22 % entre diversas instituciones y gobierno de Andalucía como SOPREA, Cajasol, Unicaja y un crédito del BEI a través de Unicaja por valor del 6 % del capital de la sociedad.

El acuerdo supone la compra por Airbus (EADS) del 38 % del capital en manos de Alcor, y del 17 % de las acciones de Cajasol, que pagarán en efectivo.

Se mantendrán en el accionariado Unicaja con un 16 % del capital y el BEI con su participación del 6 %. Las deudas que Alestis mantiene con los diversos órganos de la Administración Central quedan durante 7 años en lo que han dado en llamar los negociadores 'en espera'.

El acuerdo supone que la Junta de Andalucía asuma el pago del coste del Expediente de Regulación de Empleo vigente por 12,5 millones de euros según lo establecido en el memorando de entendimiento entre EADS y el Gobierno andaluz.

A partir del cumplimiento de los acuerdos fijados se producirá una operación acordeón de capital. Primero se reducirá el capital hasta los 42,7 millones de euros. Con posterioridad entrará en el capital la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) con 13,7 millones del total de 56,40 millones de euros.

Una vez producida la ampliación la SEPI y Airbus firmarán un pacto de accionistas entre ambos lo que conllevará la participación de la SEPI en el consejo de administración con dos miembros, la integración de la Sociedad en los órganos de gestión de Alestis, el compromiso de Air Bus en la sociedad por un mínimo de 10 años, la supresión del derecho de arrastre a favor de Air Bus, la inclusión del derecho de acompañamiento a favor de SEPI y el derecho de adquisición preferente en caso de venta de la participación de una de ellas.

El acuerdo queda pendiente de la comunicación a la Comisión Europea y de la autorización del Consejo de Ministros, pero se da por hecho que ambos trámites podrán ser resueltos dado que ambas instituciones han sido tenidas en conocimiento del detalle de las operaciones.

 

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