EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: adiós a la morosidad 

Los es­fuerzos de pagar a tiempo de las ad­mi­nis­tra­ciones pú­blicas pa­recen dar re­sul­tados

Rehabilitación de viviendas
Rehabilitación de viviendas

El con­junto de planes de pago a pro­vee­dores de las ad­mi­nis­tra­ciones pú­blicas que se ha puesto en marcha por el ac­tual go­bierno y que ya va por su ter­cera fase, pa­rece in­dicar que se in­tenta de verdad no solo acabar con la mo­ro­sidad ha­bi­tual en la úl­tima dé­cada por parte de esas ad­mi­nis­tra­cio­nes, sino que tam­bién pre­tende abordar para el fu­turo el es­tricto cum­pli­miento de la ley vi­gente a este res­pecto -que hasta ahora los clientes pú­blicos no solo se sal­taban de ma­nera con­tinua y con ab­so­luta im­pu­ni­dad- de modo que estas ver­gon­zosas si­tua­ciones pasen a la his­to­ria.

Esta cuestión es de la máxima importancia para todos los sectores privados que ejecutan obras, prestan servicios o proveen de todo tipo de materiales a las AA.PP., porque además de la manifiesta ilegalidad ejercida de manera continuada por quienes más deben guardarse de incumplir la ley vigente, ha conducido a muchas empresas, autónomos y pymes a la desaparición a pesar de sus esfuerzos para encarar la crisis en lo que de ellas dependía. Y dentro de este conjunto, la construcción, que ha sufrido singulares perjuicios por la falta de pago en plazo y forma por parte de sus clientes públicos, puesto que por su naturaleza, los importes de su actividad para estos clientes son normalmente muy elevados.

Conclusiones positivas

De los datos recopilados por la CEOE y correspondientes a lo alcanzado en las dos primeras fases, pueden deducirse algunas conclusiones muy positivas. Las dos fases acometidas han supuesto el desembolso de cerca de 28.500 millones de euros atendiendo a casi 150.000 proveedores y a 5,5 millones de facturas. En relación con las comunidades autónomas, todas ellas menos Galicia, Navarra y el País Vasco se acogieron a este Plan, de las que se abonaron casi cuatro millones de facturas atrasadas, correspondientes a más de 32.000 proveedores, por un importe total de 18.643 millones de euros.

El sector más beneficiado en las Comunidades autónomas fue el farmacéutico y sanitario, al que se destinó el 41% del total de facturas abonadas, seguido por la banca e intermediarios financieros (22%) y por la construcción (6%), estando el resto ligado a los restantes sectores, en especial a la industria química y a las telecomunicaciones. En cuanto al tipo de proveedores, el 2% correspondió a grandes empresas, el 70% a pymes y el 28% a autónomos y otras personas físicas. Siendo estas dos últimas categorías las más débiles ante la morosidad de sus clientes, es palmario el efecto beneficios que esta medida ha supuesto para ellas.

En cuanto a ayuntamientos y el resto de entidades locales en estas dos primeras fases, en torno a 4.000 de ellas se acogieron al Plan por un importe de deudas global cercano a los 10.000 millones de euros. Los casi dos millones de facturas afloradas correspondían a 115.900 proveedores, de los que más del 64% correspondían a pymes, el 35% a autónomos y personas físicas y sólo el 0,6% a grandes empresas. En esta parte del Plan los porcentajes de estas facturas correspondientes tanto a construcción y conservación de infraestructuras como al sector de servicios urbanos (tratamiento de residuos, limpieza viaria, saneamiento y alcantarillado) es mucho más relevante, puesto que en la primera alcanzó el 20%, y el 19% las del segundo. Del resto destacan el 14% al sector financiero y crediticio y el 5,5% el sector comercial.

Según estimaciones del Gobierno -a resultas de una simulación, y quizás un poco optimistas- el efecto que este incremento de liquidez a los proveedores tendrá sobre el PIB sería de un incremento del 1,5% el primer año y de un 1,9% el segundo año en relación con el nivel que ese PIB alcanzaría en ausencia de esta medida.

Tercera fase

Este año 2013 se ha puesto en marcha la tercera fase de este Plan con el objetivo, más ambicioso, no solo de poner al día la morosidad de las administraciones, sino de erradicarla definitivamente. De entrada, en 2014 se deberá cumplir ya la nueva normativa sobre morosidad, que obligará a las administraciones públicas al pago de sus facturas -o certificaciones en el caso de obras- en un plazo máximo de treinta días; para ello se pondrá en marcha un procedimiento por el que, en caso de incumplimiento, se adoptarán progresivamente las medidas oportunas que permitan al Estado abonar directamente al proveedor las facturas incusas en mora o impagadas, mediante la equivalente retención en las entregas a cuenta que perciba la administración deudora a través del sistema de financiación. 

Tanto el Fondo de Liquidez Autonómico como el Plan de Ayuda para Entidades Locales persiguen dos fines: acabar con la deuda morosa a la fecha y abrir el camino sin vuelta que impida en el futuro la repetición de esta situación, inédita en los países desarrollados y que hasta ahora ha constituido el mayor nicho de indefensión y perjuicios para el sector empresarial que dirigen toda o parte de su actividad a los clientes públicos.

Medidas concretas

Hay ya en marcha medidas concretas dirigidas a erradicar estas prácticas en el futuro que se entroncan en los planes que comentamos y que intentan huir de esa tara tan nuestra como es la de pan para hoy y después ya veremos, y que es tan propia de la política, para cuyos protagonistas el largo plazo es dos años como mucho. Entre las medidas más de fondo está la obligación a partir de ya de la factura electrónica en el ámbito de la contratación de las administraciones públicas, lo que permitirá un registro contable de facturas prácticamente on line, de manera que ya nada pueda escapar al debido control y pago en tiempo y forma de estas facturas. T

ambién se exigirá por primera vez y como condición sine qua non, la adhesión obligatoria de la comunidad autónoma a los sistemas de compras centralizadas y el compromiso de cada una de ellas de poner en marcha aquellas medidas de racionalización administrativas que imponga la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, actualmente en proceso de elaboración.

Tendrá, además, otro efecto beneficioso dentro del ámbito de la actividad privada. Ya no habrá excusa para que contratistas principales abonen en tiempo y forma sus facturas a sus subcontratistas, proveedores de materiales, bienes y servicios, con la excusa del retraso en el pago del cliente público. Deberán cumplir también estrictamente los plazos de pago, so pena de verse excluidos de la contratación pública en el caso de flagrante incumplimiento de esta normativa.

 

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