"Nos pueden impedir que el presidente no intervenga, pero no podrán imponernos que el pueblo de Cataluña calle", dijo el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ante la imposibilidad de un compromiso entre gobierno y Generalitat, para que Artur Mas -como es habitual en estos casos y como ocurrió hace unos meses en una reunión ministerial europea en Palma de Mallorca, donde el presidente autonómico dio la bienvenida- pronunciará un breve discurso de cortesía antes del acto.
"Solo intervienen ministros, como estaba previsto", dijo José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, quien añadió que "no se puede rebajar la tensión, saltándose las reglas del juego", en clara alusión al plante que, el pasado viernes, dio a la vice presidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en un acto empresarial celebrado en la sede de Foment. El ministro de Asuntos Exteriores alegó que la intervención del presidente de la Generalitat "rompería las reglas, dando paso a otras intervenciones, cuando solo está previsto que hablen los ministros". Un argumento que, obviamente, no convence a nadie.
De "infantilismo" y "comportamiento irresponsable" calificó el incidente el líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, cada vez más aislado, si debemos hacer caso a los hechos, de su intento de "tercera vía" para establecer un diálogo entre Madrid y Barcelona, en busca de soluciones. Duran Lleida defendió que el presidente Artur Mas tenía todo el derecho a haber pronunciado un breve discurso de bienvenida -donde, quizás, habría hablado también en inglés y francés, idiomas que domina- como sucedió en el pasado, incluido cuando se inauguró oficialmente la sede en Barcelona de la Unión Mediterránea, en tiempos del presidente Pasqual Maragall. Naturalmente, el "clima" entre Madrid y Barcelona era muy distinto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decide seguir su estrategia de acoso al presidente Artur Mas, a quien centra como promotor del proceso proindependentista, con la esperanza de romper a CiU y debilitar el plan hacia una consulta-referéndum, de dudosa celebración, o unas elecciones autonómicas anticipadas que podrían dar una mayoría a los proindependentistas en el Parlament de Catalunya. Una política que, desde la Generalitat, intuyen que irá acompañada de un estrangulamiento financiero hacia Cataluña. De ahí, probablemente, que se haya anunciado convertir el Institut Català de Finanças -que desde 2011 ha concedido créditos por valor de 2.000 millones de euros a unas 9.000 empresas, en especial Pymes- en un banco público catalán para que pueda actuar como una entitad financiera dentro del marco de la Unión Bancaria Europea.
Entre el mutis impuesto a Artur Mas y el proyecto de un Banco Público, lo que no podrá impedir el gobierno de Mariano Rajoy es que el Palau de Pedrelbes quede, probablemente, rodeado de miles de banderas nacionalistas, para deleite de los medios de comunicación internacionales que cubran el I Foro Económico del Mediterráneo Occidental.