EL MONITOR DEL DÍA

Construcción: no es agua todo lo que corre

A las in­fra­es­truc­turas del agua, in­su­fi­cien­tes, le ocurre lo mismo que a la edu­ca­ción: es una cues­tión par­ti­dista

Infraestructuras hídrica
Infraestructuras hídrica

Las in­fra­es­truc­turas del agua en España han sido tra­di­cio­nal­mente ob­jeto de lu­chas a muerte entre dis­tintos te­rri­to­rios, y entre ellos y el Gobierno cen­tral. Las disputas se han cen­trado siempre en la pro­piedad del agua en fun­ción de la ubi­ca­ción fí­sica de las ca­be­ceras de cuenca, y se deja siempre en se­gundo plano la cues­tión esen­cial. Esta cues­tión es que, siendo el agua de todos y un re­curso cada vez más es­caso por el efecto com­bi­nado del con­sumo cre­ciente, la falta de pla­ni­fi­ca­ción de su uso y los ava­tares cli­má­ti­cos, las in­fra­es­truc­turas para su ob­ten­ción, uso, dis­tri­bu­ción y re­cu­pe­ra­ción son, en gran me­dida, in­su­fi­cien­tes, ado­lecen de una ob­so­les­cencia cre­ciente y falta de man­te­ni­miento ade­cuado que pro­vocan cada vez ma­yores fugas y pér­didas del pre­cioso lí­quido. Sin em­bargo, hace años que no se in­vierte el mí­nimo ne­ce­sario en ellas.

La alternancia política tiene siempre un dato fijo para el agua, como lo tiene para la educación: partido que sustituye a otro en el gobierno de la nación, anula la política y planes del anterior gobierno y vuelta a empezar. No hay una política de Estado sobre el agua; solo ampulosos planes que nunca se convierten en hechos o solo se realizan parcialmente. Desde los inicios de la democracia se han sucedido duros enfrentamientos entre CC.AA. por esta cuestión. La militancia política no es determinante de las posiciones detentadas; los líderes de cada comunidad sabían que, si cedían en lo que sus conciudadanos consideraban suyo, estaban acabados para los restos. De ahí, las enormes dosis de populismo derrochado en este asunto por parte de muchos.

En estos tiempos de escasez, los males endémicos del ciclo integral de agua en España se recrudecen por la práctica eliminación no solo de la inversión pública en infraestructuras, sino por la paralización o suspensión de muchas ya comenzadas a construir. La historia de este asunto es vergonzante y no es la primera vez que la contamos; el Plan Hidrológico de 2004 se derogó sin entrar en funcionamiento. Igual suerte corrió en gran medida el Programa AGUA en 2005, que todavía no avanza.

 El Plan Nacional de Calidad de las Aguas de 2007 avanza renqueante a velocidad de tortuga cansada. El Plan de Desalación anda manga por hombro, ni para delante ni para atrás. En el horizonte cada vez más cercano, los objetivos de la Directiva Marco del Agua comunitaria sobre depuración de aguas residuales y su reutilización no se cumplen y los plazos hacia posibles y cuantiosas sanciones, se agotan.

Retrocesos en lugar de avances

Y mira que ha habido tiempo. Pero las decisiones más importantes en este ámbito se han tomado para retroceder. Con la derogación del Plan Hidrológico Nacional en 2004 se deroga también el trasvase previsto desde el Ebro hacia Cataluña, Levante y Sureste peninsular y en su lugar se diseña una estrategia tanto de desalación -con el objetivo de tratar hasta 600 hectómetros cúbicos al año- como de reutilización de aguas regeneradas hasta de 200 hectómetros cúbicos al año, así como otras actuaciones para modernizar regadíos o encauzamiento de aguas subterráneas. Pero el plan de construcción de desoladoras, tras siete años de actuaciones y una inversión de hasta 2.000 millones de euros, sigue sin estar en funcionamiento.

Ya en 1991 una Directiva comunitaria exigía a todos los estados miembros que debían recogerse las aguas residuales en las concentraciones urbanas y ser tratadas por un sistema eficiente de depuración, antes de finales de 2005. Para cumplir esa exigencia, en España se aprobó en 1995 un Plan Nacional de Depuración para el que se preveía una inversión de 12.000 millones de euros. Como ha sido demasiado habitual, España no cumplió el plazo exigido y tuvo que acometer una revisión del Plan primitivo, que se concretó en 2007 con un nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Pero éste también va muy retrasado, y la consolidación fiscal que en los últimos tres años se ha cargado en su mayor parte contra las inversiones públicas en infraestructuras, no apunta a que vaya a ser posible acelerar su implantación con dineros públicos.

Déficit hídrico

Lo mismo ocurrirá, mientras no cambien las políticas del Gobierno de reducir esta inversión pública al mínimo, con el nuevo Plan de Reutilización de las Aguas, actualmente en elaboración, que pretende duplicar la actual capacidad hasta los 1.000 hectómetros cúbicos al año y que requeriría una inversión en el entorno de los 400/500 millones de euros. El problema fundamental -que es resolver el actual déficit hídrico- no parece que, en la práctica, se esté pensando abordar seriamente, y menos aún el del precio real del agua, fundamental para poder acometer cualquier actuación por sistemas de financiación privada con un mínimo de seguridad jurídica.

Ese es otro de los nudos del problema. Con la actual escasez de fondos públicos solo queda acudir a sistemas concesionales. Pero además de los costes políticos, ese camino solo puede acometerse a través de decisiones y pactos políticos que dote al sistema concesional de una seguridad jurídica y una credibilidad de la que hoy carece, sin las cuales es muy difícil -o imposible- abordar a los mercados financieros, recurso imprescindible para poner en funcionamiento el sistema.

Aunque muy tenue, en los últimos días aparece alguna luz en el oscuro panorama. Un signo positivo es el modesto aumento del presupuesto para inversiones del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el anteproyecto de Presupuestos para 2014. Otro es el reciente acuerdo entre las cinco CC.AA. afectadas y el MAGRAMA en relación con el trasvase Tajo-Segura. Es verdad que esas cinco CC.AA. son del mismo signo político (PP), pero eso no ha sido obstáculo para que se hayan producido desacuerdos profundos en el pasado sobre este asunto.

 

En este acuerdo inédito ceden todos, pero se garantiza el funcionamiento del trasvase, con condiciones aceptables y, sobre todo, seguras a lo largo del próximo futuro. El acuerdo ha hecho posible compatibilizar muy diferentes intereses políticos, lanzar un mensaje de solidaridad interregional a la ciudadanía, y de esperanza para los regantes y usuarios agrarios del agua, siempre los grandes olvidados. Demuestra este pacto que es posible duplicar los hectómetros de agua trasvasables sin mermar el caudal aguas arriba y tiene un efecto benéfico añadido: eliminar las costosísimas desaladoras que ni funcionan ni parece que lo vayan a hacer.

 

Artículos relacionados