La in­yec­ción de 1.100 mi­llones de euros re­pre­senta 18 veces el valor de mer­cado del banco

Portugal recurre a las nacionalizaciones en banca, salva al Banif de la quiebra pero deja intacta su gestión

Los re­cursos pú­blicos in­ver­tidos en la banca na­cional re­pre­sentan más del 8% del PIB

Banif
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Las au­to­ri­dades lusas tienen una forma muy sui ge­neris de sa­near el sis­tema fi­nan­ciero na­cio­nal: in­yectan in­gentes can­ti­dades de di­nero pú­blico en los bancos en crisis o ne­ce­si­tados de ca­pi­tal, pero re­chazan tomar las riendas de las en­ti­dades na­cio­na­li­za­das, cuya ges­tión queda por lo tanto en manos de los ac­cio­nistas pri­va­dos. Eso es lo que pa­sará con el pe­queño Banif (no con­fundir con el es­pañol del mismo nom­bre), que tras la ayuda de 1.100 mi­llones de euros anun­ciada el 31 di­ciem­bre, casi como un re­galo adi­cional de los Reyes, que­dará prác­ti­ca­mente na­cio­na­li­zado, con 99,2% de ca­pital pú­blico, pero sin que ello pueda afectar los in­tereses del nú­cleo ac­cio­nista pri­vado, que con solo 0,8% del ca­pital con­tro­lará la ges­tión y man­tendrá la ma­yoría ab­so­luta de los de­re­chos de voto. Y nadie sabe hasta donde podrá al­canzar el es­fuerzo fi­nan­ciero del Estado, que se com­pro­metió a per­ma­necer en el ca­pital de la en­tidad na­cio­na­li­zada du­rante cinco años, o sea hasta el 2017.

La justificación dada por la coligación gubernamental de centro derecha (PSD/CDS) dirigida por Passos Coelho, radica en la presunta amenaza de una "crisis sistémica". Sin embargo, el peso que tiene Banif en el sistema financiero nacional es prácticamente residual, con 8.800 millones de euros de depósitos y un volumen de activos que no supera los 16.000 millones, frente por ejemplo a los 110.000 millones del banco público Caixa Geral de Depósitos (CGD) y los 90.000 millones del Banco Comercial Portugués (BCP), que es mayor banco privado del país. Al nivel internacional, el banco fundado en 1988 y con sede en Funchal (Madeira), ocupaba en 2011 la 487ª posición del ranking "Global 500 Banking Brands Index".

Lo más llamativo, quizás, es que Banif es el mayor banco privado luso con 100% de capital nacional, mientras los rivales tienen accionistas de referencia españoles ('la Caixa' en el BPI y Sabadell en el BCP), angoleños (Isabel dos Santos en el BPI, y la petrolera Sonangol en el BCP) y franceses (Credit Agricole en el BES).

Si todo pasa según lo previsto por el gobierno y por el Banco de Portugal (BdP), en un plazo máximo de seis meses (hasta junio de 2013) el Estado rebajará su participación en Banif del 99,2% al 60,57%. Pero para que permanezcan con el 39,43% del capital, los accionistas privados deberán realizar une inyección de 450 millones de euros, que no está aun garantizada. El núcleo accionista de referencia constituido por la Familia Roque y el grupo Auto Industrial, que hasta la entrada del Estado controlaban 67% del capital, solo se ha comprometido a  invertir 100 millones de euros, a los que habría que añadir otros 50 millones que el BES promete colocar entre su clientela.

El riesgo para el Estado es evidente. En la mejor de las hipótesis, quedará con 60,57% del capital y solo 39,43% de derechos de voto, pero nadie garantiza al día de hoy que no tenga que poner también la parte del aumento de capital de 450 millones que no sea subscrita por los accionistas privados, que en cualquier caso controlarán la gestión.

**Rehenes públicos **

No es la primera vez que las autoridades lusas quedan rehenes de las exigencias de la banca privada, no solo por culpa de la crisis financiera mundial, sino también por la mala gestión y por numerosas operaciones ilícitas atribuidas a los gestores de las entidades intervenidas. Eso fue precisamente lo que pasó con el Banco Portugués de Negocios (BPN) y el Banco Privado Portugués (BPP), cuyas "nacionalizaciones" a finales de 2008 han salido muy caras a las arcas públicas. De hecho, nadie sabe todavía al cierto cual fue -y aun menos cual será- su coste real para los contribuyentes. Solo en relación con el BPN (250 oficinas, 1.300 empleados y 5.000 millones de euros de depósitos), los expertos hablan de un "agujero" situado entre 6.500 y 8.000 millones de euros, o sea sin comparación posible con los 40 millones de euros que el banco luso-angoleño BIC puso al final sobre la mesa para hacerse con el control de la entidad.

Además, la Justicia lusa no terminó todavía de depurar las responsabilidades penales y otras de los antiguos gestores que llevaran el BPN y el BPP a la quiebra y que no son precisamente unos desconocidos. De hecho, muchos de ellos han ocupado altas posiciones en la administración publica: es el caso de Oliveira Costa, que antes de ocupar la presidencia del BPN había sido secretario de Estado de Hacienda en el gobierno que dirigía el actual jefe del Estado Aníbal Cavaco Silva, y también el de otros antiguos consejeros del banco, como Dias Loureiro, que había sido ministro del Interior.

Con el BPP pasó más de lo mismo, pero con la diferencia que la entidad funcionaba como un banco elitista, para la alta sociedad, con 3.000 clientes y medio millar de accionistas. La Justicia lusa tampoco acaba de cerrar el proceso abierto contra algún ex-presidente y un puñado de antiguos consejeros del BCP, que pese a ser el mayor banco privado, también tuvo que solicitar al Estado 3.000 millones de euros para situar su "core tier one" al nivel exigido por Autoridad Bancaria Europea, lo mismo que el BPI (1.200 millones). Solo el BES acudió únicamente a sus accionistas, empezando por la Familia Espirito Santo, que no olvidó la pesadilla que sufrió  con las nacionalizaciones de la "Revolución de los Claveles".

En todo o caso, el gobierno de Passos Coelho fue más "generoso" con el BCP y el BPI que con el Banif: la ayuda pública al BCP y al BPI pasó a través la suscripción de instrumentos financieros sin ningún derecho de voto ni ninguna participación a la gestión, los llamados "cocos", que solo serán convertidos eventualmente en acciones normales si en el plazo de cinco años el Estado no recupera su inversión.

La explicación posible está en que en el caso del BCP y del BPI, las autoridades lusas tuvieron en cuenta la presencia dominante del capital español y angoleño en ambos bancos, mientras que con Banif solo tenían que negociar con accionistas nacionales descapitalizados. Así, además de poner hasta el 92,2% del capital en manos del Estado, aunque fuera sin derecho de voto ni participación a la gestión, lo que hizo también el gobierno fue fijar la estrategia de Banif para los cinco próximos anos, imponiendo una reducción de la plantilla y de la red de oficias, una revisión del plan de negocios, etc., pero creando también condiciones para una "gestión profesional" y evitar en el futuro cualquier riesgo de contaminación política.

El dinero destinado a la capitalizar los bancos, hasta situar los respectivos ratios "core tier one" por encima del 10%, no saldrá en principio de las arcas públicas, sino del fondo de rescate de 78.000 millones de euros. La "troika" FMI/BCE/UE dispuso desde el primer momento que el gobierno portugués podría utilizar para ello hasta 12.000 millones, lo que representa casi el doble de lo invertido hasta ahora.

Sin embargo, una parte substancial de la factura bancaria saldrá de las arcas del Estado, empezando por la cobertura del "agujero" y de las pérdidas del BPN (los expertos más pesimistas no descartan que puedan superar los 8.500 millones de euros), sin contar los compromisos asumidos por el Estado, en el caso de que el BCP y el BPI, por ejemplo, no vuelvan a generar beneficios suficientes para sanear su situación y devolver las ayudas públicas en los plazos fijados y que tendrán costes elevados: las Finanzas cobrarán tasas de interés situadas entre el 8,5% y el 9,5%, y además, pese a no participar a la gestión ni ejercer derechos de voto, tendrá la máxima prioridad en la remuneración de los accionistas.                                                 

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