CONCESIONES

El agua a Barcelona provoca una batalla legal a cuatro bandas

Acciona re­curre ante el TSJC y el Alto Tribunal exige a la Generalitat que le re­mita toda la in­for­ma­ción del con­trato

Aigües Ter Llobregat
Aigües Ter Llobregat

La con­ce­sión del con­trato de Aigües Ter Llobregat ha en­trado en una si­tua­ción que ni las partes im­pli­cadas en el mismo: Acciona, Agbar y la propia Generalitat des­co­nocen cómo aca­bará. La em­presa que pre­side José Manuel Entrecanales pre­sentó el viernes 18 un re­curso con­ten­cioso ad­mi­nis­tra­tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la re­so­lu­ción del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), ads­crita a la Generalitat, por ex­cluirla del con­trato para ha­cerse con la ges­tión del su­mi­nistro de agua a la ciudad de Barcelona. Y el mismo Tribunal de Justicia ha pe­dido im­pe­rio­sa­mente a la propia Generalitat que le re­mita toda la in­for­ma­ción sobre el con­trato para de­cidir en con­se­cuen­cia.

Además, la Generalitat ha con­so­li­dado ya en su ba­lance los 298 mi­llones de euros en­tre­gados por Acciona y Bruselas po­dría echarlo para atrás porque no se ajusta a de­re­cho.

El Gobierno catalán consolida en balance los 298 millones entregados por la constructora y Bruselas podría decir que no se ajusta a derecho

El Alto Tribunal actúa conforme a la demanda que, en su día, presentó una de las partes afectadas -Aguas de Barcelona- y en la que solicita al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat acceder a  toda la información relativa a la parte técnica de la oferta de su rival Acciona. Fuentes de Agbar señalan que el TSJC ha pedido por cuarta vez que el citado organismo muestre el sobre con el contenido del mismo.

Concretamente, el pasado 7 de enero la Sala de lo Contencioso Administrativo elevó un escrito a la propia Generalitat para que en el plazo de 10 días "complete el expediente administrativo". En el mismo escrito, el citado organismo le daba cinco días para presentar alegaciones sobre la necesidad de mantener la confidencialidad de la documentación que solicita Aguas de Barcelona.

Paralelamente a esta demanda, Acciona ha presentado un recurso para defender la correcta concesión del contrato de Aigües Ter Llobregat en su favor y en línea también con el que interpuso hace una semana la Generalitat contra la resolución emitida por el OARCC, organismo que depende de la Presidencia del Gobierno catalán. El recurso de la Generalitat es cuando menos sorprendente porque se recurre a sí mismo.

Fuentes de la empresa catalana reconocieron a Capitalmadrid que la situación es un tanto variopinta por cuanto se ha entrado en una fase de demandas cruzadas sobre las cuáles no se sabe quién va a resultar ganador. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá que decidir pero la situación que se ha creado deja en un mal lugar a todas las partes. Ahora bien, quién realmente va a resultar más dañada es la propia Generalitat y su presidente Artur Mas. La imagen de inseguridad que está transmitiendo el Gobierno catalán a los inversores no va a beneficiar en nada a este organismo.

Ninguna de las posibles soluciones que se barajan va a resultar positiva para la institución catalana. La Generalitat podría declarar el concurso desierto y convocar uno nuevo, una decisión que en un principio ha sido totalmente descartada porque podría no ser legal. En caso de que fuera posible, la pregunta que se hacen muchos es ¿quién se va a presentar? Esa misma inseguridad impide, por tanto, que otras empresas pudieran estar interesadas.

Se da además la circunstancia de que el Gobierno catalán ha recibido 298,6 millones de euros de Acciona como parte del primer pago de los 1.000 millones que la empresa tiene que desembolsar a lo largo de los 50 años que dura el contrato. La empresa que preside José Manuel Entrecanales anunció en su día que, si quedan excluidos, exigirán inmediatamente la devolución de los 298,6 millones más los intereses a la vez que reclamarían daños y perjuicios.

 De ser así, la Generalitat tendría un grave problema porque esa cantidad ya la ha destinado a financiar parte del déficit que arrastra. Algunas fuentes señalan en este sentido que hay serias dudas de que el organismo catalán pueda desconsolidar del balance ese dinero. Pero es más, cabe la posibilidad también de que Bruselas diga en algún momento que eso no se ajusta a derecho. Por tanto, la situación en la que se ha metido Artur Mas es harto complicada.

La postura de Acciona

La empresa madrileña considera, por su parte, que la interposición del recurso, junto con el del Gobierno catalán hace que la resolución de la OARCC no pueda considerarse firme "lo que impide la anulación de la adjudicación hasta que los tribunales no se pronuncien definitivamente".

Acciona sostiene también que su oferta cumple escrupulosamente con las bases de la licitación y, por ello, es la resolución del OARCC la que vulnera el ordenamiento al considerar vinculante un programa de obras que el pliego de condiciones califica de indicativo. Critica que su injustificada exclusión se basa únicamente en dicho calendario de obras, a la vez que estima que la resolución del organismo dependiente de Presidencia es de "imposible ejecución" porque no anula ningún procedimiento de licitación, ni la adjudicación ni la formalización del contrato.

Por último, recuerda que su oferta es más económica para el consumidor, ya que ofreció 0,70 euros por metro cúbico frente a los 0,79 euros de Agbar. En el contrato, Acciona se compromete a mantener  la plantilla de 225 trabajadores que tiene Aigües Ter Llobregat durante los 50 años de la concesión del suministro.

Aguas de Barcelona, la empresa rival de Acciona, denunció la adjudicación realizada en noviembre pasado a la empresa de Entrecanales porque entendía que ésta había infravalorado los costes de la gestión y porque las tarifas propuestas no eran reales. Igualmente, alegaba que, en ningún momento, se había valorado la permanencia territorial, la innovación y la profesionalidad de la empresa catalana. 

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