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El Gobierno no tiene claro cómo abordar la reforma del sector eléctrico

Electricidad
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Por en­cima de las fuertes dis­cre­pan­cias en los ar­gu­mentos y en los con­ceptos entre los pro­duc­tores tra­di­cio­nales y los de ener­gías re­no­va­bles, lo único que re­sulta in­dis­cu­tible en el mundo eléc­trico es que el dé­ficit ta­ri­fa­rio, so­por­tado en su to­ta­lidad por las cinco em­presas eléc­tricas "convencionales", está cer­cano a los 24.000 mi­llones de euros y a esa cifra se ha lle­gado por una per­versa po­lí­tica ener­gé­tica y por una de­lez­nable pla­ni­fi­ca­ción en ma­teria de ener­gías re­no­va­bles, que ha lle­vado a una si­tua­ción, según la cual, las ta­rifas de la pro­duc­ción de elec­tri­cidad con­ven­cional no cu­bren ni si­quiera sus cos­tes.

A ambas cuestiones tendrá que dar respuesta la reforma energética que debe abordar el gobierno en las próximas semanas, ya que a partir de 2013, por Real Decreto, no puede aparecer déficit tarifario alguno, y lo va a hacer en un marco complejo: fuertes diferencias entre Industria y Hacienda, muy escasa comunicación entre el Ejecutivo y el sector y con demasiadas explicaciones que dar a la sociedad española sobre los desatinos cometidos, que han llevado al sector eléctrico a una situación crítica cuya solución pasa por una profunda modificación de casi todos los pilares sobre los que se asienta el actual sistema eléctrico español.

A estas alturas, nadie pone en duda las muchas y encomiables ventajas de las energías renovables, ni la importancia que van a tener en el futuro,  aunque tampoco nadie pone en duda de que el origen de la crítica situación actual hay que buscarlo en el trato escandalosamente favorable que han recibido las energías de origen solar, a través de las primas recibidas, sin que los costes de estas renovables se hayan trasladado a la llamada "tarifa de acceso", lo que origina el actual déficit de tarifa.

Y como prueba de lo bien hecho en materia de renovables y de la evolución de estas tecnologías, los expertos citan a la energía eólica que ha demostrado cómo evoluciona tecnológicamente, como se pueden bajar costes y como las primas no suponen una carga insoportable para el conjunto del sector.

No va a ser fácil resolver el sudoku que tiene el gobierno sobre la mesa, consistente en encontrar una solución para hacer frente a los 24.000 millones de déficit actual que alguien tendrá que pagar a quien hasta ahora lo está financiando, sino que tiene que tomar las medidas para impedir que el problema se reproduzca y además explicárselo  a los ciudadanos, sobre los que recaerá en buena medida la devolución de esa inmensa cantidad. Explicar algo basado en "tarifas de acceso", "marcos regulatorios", "regímenes especiales", "primas", "subastas", "pools", "pre-registros", "moratorias", "costes de distribución y de transporte", etc., parece algo harto difícil, cuando además en el imaginario popular compañía eléctrica y oligarquía son términos que siguen yendo unidos.

 

**El gobierno "se olvidó" de regular **

En esa labor de pedagogía que alguien tendrá que hacer en algún momento, se tendrá que explicar por qué la Administración ha fijado sistemáticamente tarifas que no han reflejado nunca los costes reales; por qué en la factura eléctrica (peaje de acceso), que debiera cubrir sólo los costes  del transporte y distribución de la energía eléctrica, se cargan las primas adicionales al precio de mercado satisfechas a la producción de las energías renovables, las  anualidades para reembolsar déficits tarifarios pasados, la moratoria nuclear o el sobre-coste derivado del uso obligatorio de carbón nacional, mucho más caro que el importado; o por qué se autorizó una espacie de "barra libre" para las energías fotovoltaicas y termosolares que han terminado por hacer insostenible la situación actual.

Aceptando que el mal aqueja a la casi totalidad de países de la Unión, habrá que convenir que el origen de todo este inmenso problema tiene su razón de ser en el hecho de que la Administración, cuando irrumpe la energía solar, se olvida de algo muy eficaz hasta entonces y que llevaba practicando con el sector eléctrico desde hacía más de medio siglo: la regulación.

Esa regulación, olvidada con las energías renovables, básicamente de origen solar, es la responsable de que casi la mitad del negocio eléctrico convencional esté  controlado, que el sector haya conseguido altos grados de eficacia, que se exijan planes de inversión, que se controle su cumplimiento, que mejore la competividad, que se hagan auditorias y que se vigile sus resultados; en definitiva, hacer que el sector sea cada vez más eficiente y consiga  hacer más con menos, que es así como se supone que se progresa.

Hoy, el volumen de primas acumuladas en España, fundamentalmente ligadas a las energías de origen solar, resulta imbatible en el seno de la Unión y la bola, de continuar engordando, amenaza de quiebra a un sector eficiente y competitivo y que según sus dirigentes  realiza cerca del 20% de la inversión de la inversión industrial en España y crea empleo neto.

 

Rentabilidades  de hasta el 40%

Aunque los defensores de las energías de origen solar afirman con rotundidad y gran despliegue argumental, que el futuro pasa por esa fuente de energía, lo cierto es que:

  • España no puede permitirse seguir pagando 350 euros por MWh para desarrollar ciertas tecnologías solares cuando el precio medio del _MWh del llamado pool _está en 50 euros.
  • Mientras en el período 2005-2010 las tarifas de acceso aplicables a los usuarios subieron un 58%, en ese mismo período el importe adicional de las primas del régimen especial -solar, entre otros- subió un 473%, pasando de 1.246 millones de euros anuales a 7.134 millones de euros por año.
  • La capacidad efectiva instalada, acogida al régimen de primas, resultó muy superior al previsto, dado lo suculento de las cantidades ofrecidas por la Administración. En energía fotovoltaica las autoridades previeron que se instalara una capacidad de generación de 480 MW y que las instalaciones produjeran durante 1.250 horas anuales. El precio garantizado se fijó inicialmente en 450 euros por MWh, actualizable en función del IPC. La generosidad de esas condiciones -especialmente a la vista del rápido abaratamiento de la tecnología- dio pie a una avalancha de instalaciones y "huertos solares" que se instalaron y autorizaron antes de que la normativa se modificara y las primas se redujeran, lo que condujo a que a que la capacidad instalada se multiplicara por nueve y a que, mediante mejoras en la tecnología, muchas instalaciones lograran producir electricidad durante 2.000 horas anuales, lo que dio origen a la llamada "burbuja fotovoltaica".
  • El proceso de las fotovoltaicas se está reproduciendo con las termosolares que inevitablemente van a crecer a un ritmo exponencial. El objetivo original de la Administración fue lograr una capacidad instalada de 500 MWh y que se cobrara un precio de 340 euros/MWh, pero dado lo atractivo de la oferta, la capacidad pre-registrada se multiplicó por cinco hasta los 2.500 MW, con tecnologías de producción de rendimiento y menores costes, que el inicialmente previsto.
  • Hoy, con cargo a un tarifa que esta primada, se están alcanzando rentabilidades de hasta el 40 por ciento sin que el negocio comporte  el más mínimo riesgo. Las rentabilidades media de las nucleares (a lo largo de todo el ciclo de vida) está en torno al 7% con todo el riesgo que comporta su actividad.
  • No hay que ser especialmente imaginativo para comprender la generación de una burbuja como la fotovoltaica con unos ingredientes que te garantizan un precio (especialmente generoso) indexado con el IPC para los próximos 30 años y sin riesgo y sin control. No hay que preocuparse de que venga alguien que produzca más barato, ni de buscar clientes, ni de riesgos anexos a la actividad. Solo hay que poner la mano, aunque ello hipoteque al país durante tres décadas, lo que el país no se lo puede permitir.
  • Hoy ya no se puede hablar de burbuja fotovoltaica, sino que la  termosolar se está hinchando y va a alcanzar dimensiones desproporcionadas, hasta el punto de que en el conjunto de primas representan un coste superior al de las redes de distribución, de transporte y de generación de la energía convencional juntas.

 

Poner orden y homogeneizar

Aunque al  imprevisto aumento de explotaciones solares con derecho a prima se unió, tras el comienzo de la crisis económica en 2008, una drástica caída en el consumo de electricidad, lo que minoró la capacidad recaudatoria de las tarifas de acceso y elevó el déficit tarifario, la dimensión  del problema no deja de ser gigantesca, dado que aunque se expropiara todo el sector eléctrico español, no habría suficiente como para cubrir el déficit tarifario presente y futuro y ello obliga a pensar que la solución no solo está dentro del sector eléctrico.

A la vista de la situación actual, la reforma del sector energético se presenta compleja, aunque todo gira en torno a dos cuestiones: poner orden y homogeneizar. Hasta ahora, el gobierno se ha dedicado a detener la hemorragia paralizando la entrada de nuevos aspirantes.

Pero el grueso de las soluciones está por venir y aunque resulte una quimera pensar en liberalizar el mercado y poner fin a un mundo de tarifas, como en su momento se hizo con los precios de las gasolinas, las posibles soluciones tienen que tratar de buscar la armonización de un sector  que actualmente se asemeja más al ejército de Pancho Villa que a un conjunto ordenado y armónico.

Y por eso, habrá que determinar que el sistema eléctrico es solo una pieza del sistema energético, aunque hoy por hoy recaiga sobre las cinco empresas de generación convencional la responsabilidad exclusiva del cumplimiento por parte de España de los objetivos medio-ambientales fijados por las normas comunitarias. Mientras tanto, petróleo, gas y  renovables son sujetos pasivos de la normativa comunitaria en materia medioambiental, por la que el 20 por ciento de la energía debe ser renovable. Y el "céntimo verde", puede que no esté tan lejano o lo que eufemísticamente es llamado en el sector como la socialización de parte del sobrecoste de las renovables para hacer viable esa formulación.

Resulta igualmente imprescindible homogeneizar y aplicar los mismos criterios a todos los generadores. No tiene sentido que a igual nivel de riesgo, unas empresas tengan rentabilidades del 5-6% y otras como las solares puedan llegar al 35-40%. Así, mientras que el sector eléctrico convencional gana lo que dicta el gobierno, otros generadores disfruten de una canongía cuasi vitalicia.

Con oposición o sin ella, todo apunta a que resulta imprescindible revisar las primas de las energías de origen solar, siendo consciente de que abordar soluciones a la fotovoltaicas resulta casi un imposible por el elevado numero de propietarios y los fuertes intereses que giran en torno a ese negocio, fundamentalmente de carácter financiero, aunque  algo de orden se ha puesto últimamente con la limitación de horas.

Otro tipo de soluciones requerirán las instalaciones termosolares que es cosa de media decena de promotores y con los que el gobierno no debe tener problemas a la hora de negociar, ya que la actividad empresarial de todos ellos suele depender de los Presupuestos Generales del Estado.

El problema aquí no son las instalaciones que están operativas, sino las que están en construcción y las que están en trámite, y es ahí donde el gobierno tendrá que lucirse, ya que están en juego más de 2.000 millones de euros en primas indexados con el IPC, que al cabo de diez años convierten en una cifra insoportable. Una industria que se desarrolla sobre subsidios nunca terminará por convertirse en algo sólido.

Si todo el parque termosolar en construcción llegara  a estar operativo, tendría un coste cercano a los 12.000 millones de euros, pero el volumen de primas a que tendría derecho seria disparatado,  insostenible e intolerable. Así las cosas, hoy resultaría más barato pagar a las empresas promotoras de las termosolares lo que se lleva invertido hasta ahora y paralizar su construcción, al menos hasta que la tecnología este más evolucionada, que permitir que siga la escalada hasta el final. Esto fue lo que se hizo exactamente con la moratoria nuclear en su día.

Pero además existe un cierto consenso en que unas primas que generan unas rentabilidades de hasta el 42 %, sin riego alguno y con el control y la bendición del Estado, es pecado y eso también debe ser revisado. Y todo ello sin contar con el nivel de fraude que es especialmente elevado y no perseguido en este sector.

Y como no, no hay solución posible sin tocar al alza, una vez más, las tarifas, cuya "congelación" ha llevado a ese espectacular e insufrible déficit tarifario. Así, parece que tienen los días contados las Tarifas de Último recurso  (TUR) y el bono social con el claro objetivo de reducir el número de clientes acogidos al primer paraguas y dedicar el segundo concepto solo a la protección de consumidores vulnerables.

**Tendencias es una publicación on line de distribución restringida que edita Carlos Díaz-Güell. **

La colección Tendencias se puede encontrar http://www.tendenciasdeldinero.com/

 

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