Para España, que carece de una industria minera potente e internacionalizada más allá de la petrolera, la oportunidad está en la actividad turística y en el desarrollo de infraestructuras que precisa urgentemente el país. Sin embargo, el marco regulatorio cambiante y poco claro que se ha desarrollado bajo el Gobierno Correa, unido a las pequeñas dimensiones del mercado interno, tiende a desincentivar la presencia de empresas españolas en el país andino.
De hecho, y pese a las crecientes oportunidades de inversión en sectores importantes para las compañías españolas, como las infraestructuras, el turismo y la energía renovable, para las firmas hispanas Ecuador sigue siendo un destino poco atractivo y escasamente fiable, según acaba de ratificar el último informe Panorama de Inversión Española en Latinoamérica 2012 del IE Business School. Ecuador no sólo suscita dudas en cuanto a su crecimiento económico entre las principales empresas del Ibex-35, sino en cuanto a su política, entorno de negocios y dotación en infraestructuras. Y ello a pesar de que la presencia empresarial española aumentó en 2011 con respecto a 2010.
Para 2012, según ese informe, la tendencia de nuestras grandes empresas es la de mantener su nivel inversor en el país. Casi la mitad de las firmas no encuentra ninguna fortaleza destacable en Ecuador, y las que sí ven alguna destacan el mercado y el acceso a materias primas. Las compañías señalan como debilidades ecuatorianas la ubicación geográfica, la falta de mano de obra cualificada y la escasa competitividad. Y, como amenazas o riesgos, los empresarios apuntan a la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y el déficit en infraestructura y logística.
El Gobierno ecuatoriano es consciente de que el maná petrolero se agotará a medio plazo y de que el futuro pasa por el desarrollo de otras actividades que permitan al país consolidar su crecimiento para el día en que el país deje de ser exportador de hidrocarburos. De hecho, semanas atrás, las autoridades resaltaron que el fuerte crecimiento de 2011 fue impulsado por los sectores ajenos al petróleo, entre ellos el bananero (las exportaciones alcanzaron el 30% de las ventas no petroleras) y el turístico y el minero, que el Gobierno juzga ya estratégicos para el futuro.
La meta, diversificar
La meta es diversificar y reducir la dependencia de las exportaciones petroleras, pero las ambiciones del presidente Correa de forjar una industria minera extractiva a gran escala como palanca del crecimiento colisiona con el otro gran pulmón que otea el propio Gobierno, el del turismo responsable y basado en la naturaleza y la biodiversidad. Y no sólo con ese tipo de turismo: los cinco grandes megaproyectos mineros con inversión extranjera que promueve el mandatario del país chocan también con otros intereses, los de las** **comunidades indígenas, que ya han anunciado una feroz resistencia a los planes presidenciales.
Correa deberá hilar muy fino para sacar adelante sus nuevas directrices económicas y lograr ese cambio de era que haga pasar a Ecuador de país petrolero a nación minera y turística, una difícil conjunción porque los ricos yacimientos de minerales suelen encontrarse en zonas de enorme biodiversidad, lo que hace prever una explotación complicada, tanto desde el punto de vista medioambiental como social.
En realidad, la obsesión por impulsar la industria extractiva minera nace no sólo de la realidad de que Ecuador es un país rico en minerales, sino de la necesidad de elevar la hoy escasa inversión extranjera. De momento, Correa ha encontrado en la minería una tabla de salvación económica y ha anunciado la firma de contratos por 3.500 millones de dólares con las empresas Ecuacorriente (filial con capital chino de la canadiense Corriente Resource) y la también canadiense Kinross Aurelian, para la explotación de oro, plata, molibdeno y cobre en la Amazonia ecuatoriana, operación que supondría ingresos equivalentes al 5% del PIB nacional. Los contratos se ampliarán a las canadienses International Minerals e Iamgold.
"No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro", declaraba hace pocas semanas Correa. Y aunque la información oficial afirma que no se trata de minería a cielo abierto y que se minimizará el impacto ambiental, los proyectos se enfrentan a la desconfianza, la resistencia y oposición de la población local, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), de la oposición política y de la Cámara de Minería. Incluso ex compañeros de viaje de Correa, como el economista Alberto Acosta, ya han criticado abiertamente la opción megaminera presidencial y señalan que proyectos como el del parque nacional de Yasuní chocan frontalmente con la defensa de los nuevos proyectos turísticos y el modelo de desarrollo sustentable y ecológico que pregona el Gobierno.
Conflicto a la vista
El problema estriba en que, como en Bolivia y Perú, los nuevos proyectos no se limitan ya a la región andina, sino que tocan la Amazonia y sus frágiles ecosistemas. A Correa le esperan pues, conflictos como los que hoy encaran Ollanta Humala y Evo Morales. De hecho, al Gobierno se le critica por su falta de diálogo en la negociación de contratos con las comunidades próximas a los yacimientos, el exceso de trámites burocráticos, las escasas medidas ambientales en las explotaciones y las ambiciosas exigencias económicas que se hacen a las compañías.
Tres de los cinco proyectos mineros actuales se ubican en el sur ecuatoriano y en zonas altamente sensibles: Fruta del Norte (Kinross Aurelian), Mirador (explotación concedida a la china ECSA-Ecuacorriente), ambos en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y San Carlos Panantza, en la provincia amazónica de Morona Santiago, concesionado también a ECSA y proyecto del que se espera que surja la segunda mina de cobre más grande del mundo. Los otros dos megaplanes se sitúan en la región serrana de Azuay: Río Blanco (que operará la canadiense San Luis Minerales (International Minerals Corporation) y Quimsacocha (otorgado a la canadiense Iamgold).
De momento el conflicto está servido entre el Gobierno partidario del denominado socialismo del siglo XXI y los dirigentes indígenas y sociales, que señalan que la Constitución ecuatoriana y la Ley de Minería obligan a que las comunidades y los pueblos indígenas ubicados en los sitios donde se ejecutarán los proyectos mineros sean consultados sobre los planes, algo que, aseguran que no se ha llevado a cabo.
Además, la desconfianza de las compañías mineras no se ha evaporado, tras la renegociación de contratos a las que fueron obligadas las petroleras en 2011 por el Estado y que forzó la salida de siete de las 16 multinacionales del sector de hidrocarburos que operaban en el país. Con todo, Quito prevé una inyección de 7.500 millones de dólares en los sectores petrolero y minero a medio plazo, tras haber firmado una de las mayores inversiones en el país en ese sector con las compañías Schlumberger (EEUU) y Tecpetro (Argentina).
El turismo sostenible, política de Estado
Menos conflictivos parecen los planes para impulsar un turismo sostenible, proyectos que revisten gran interés para las empresas españolas del ramo. Semanas atrás, el ministro ecuatoriano de Turismo, Freddy Ehlers, se esforzó en explicar en España los planes para desarrollar un turismo "responsable y sostenible", más allá de los parámetros establecidos hasta ahora en esta actividad, que junto a petróleo y cultivo de banano ha venido siendo una de las principales fuentes de ingresos en divisas de la nación (aporta el 6,5% del PIB).
La Administración Correa ha convertido en "política de Estado" el turismo, que juzga llamado a convertirse la principal actividad económica del país en el futuro y, para ello, precisa inversiones que busca especialmente en España y EEUU. Pese que la situación de las infraestructuras en general y las turísticas en particular son hoy precarias, esa actividad creció el año pasado en Ecuador un 8,5%, el doble que el avance medio mundial registrado por el turismo. Y la OEA y la OMT han escogido al pequeño país andino como lugar de su reunión anual en 2012. Ecuador recibe algo más de un millón de turistas al año, de los que el 15% tiene como referente las impresionantes islas Galápagos.
La propuesta de Quito de un turismo basado en el encuentro de culturas y el respeto a la naturaleza, "que construya y no destruya" y preserve los tesoros artísticos y naturales también ha abierto a Ecuador el respaldo crediticio del BID para proyectos. La oferta turística del país, desde Galápagos hasta las zonas montañosas de los Andes pasando por la selva amazónica y los enclaves playeros y costeros del litoral que poco tienen que envidiar a algunas áreas del Caribe, generan el interés de las empresas españolas, europeas y estadounidenses. Sin embargo, aquí también el potencial interés por invertir se topa con la inseguridad jurídica, reglas cambiantes y poco claras y una desconfianza hacia las políticas económicas del presidente Correa, demasiado escorado hacia las tesis del bloque ALBA y de Hugo Chávez.
Interesantes proyectos
Según Ehlers, que señala que hay conversaciones importantes en la actualidad con firmas españolas y estadounidenses, "Ecuador está abierto a que España, uno de los líderes del turismo mundial, analice con el Gobierno las posibilidades de invertir tanto en hotelería como en transporte y en nuevos proyectos turísticos. Hay países en la región que han desarrollado el 80% de su potencial, mientras Ecuador sólo ha desarrollado el 15%".
En los últimos días, una delegación de alto nivel de Ecuador ha viajado también a EEUU en busca de inversores para el desarrollo de proyectos de infraestructuras que incentiven el turismo, como el nuevo aeropuerto de Quito o el plan para el metro de la capital, que ya tiene el respaldo del BID. La entidad ha calificado de proyecto prioritario en Latinoamérica el metro de Quito y lo ha apoyado con un crédito de 200 millones de dólares. Se trata de un proyecto cuenta con el asesoramiento de los responsables del Metro de Madrid y en cuyo desarrollo están interesadas firmas españolas. Asimismo, Ecuador busca inversores para su plan de recuperación del centro histórico de la ciudad de Quito, plan que pasa por cubrir el actual déficit de 3.000 habitaciones con la construcción de modernos hoteles. Para captar esta inversión Ecuador estudia en la actualidad un aumento de los incentivos fiscales y el desarrollo, junto al BID, de líneas de crédito para inversores en turismo.
En su último viaje a Madrid, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, llamó a los empresarios españoles en la sede de CEOE no sólo a invertir en turismo, sino en sectores como energías renovables, biotecnología o petroquímica. Patiño subrayó ante los empresarios que Quito se ha propuesto mejorar la seguridad jurídica para facilitar la llegada de inversión exterior y particularmente la española, que en 2010 cayó el 76,3% con respecto a 2009, a 12,1 millones de euros.
El ministro recordó que, junto a los incentivos tributarios del nuevo Código de la Producción, el presidente Correa se ha comprometido a reducir los trámites para la creación de empresas y a adoptar nuevas medidas para alentar la entrada de capital foráneo. Por ahora, la presencia española es baja (apenas 40 compañías) y se limita al sector petrolero (Repsol), las telecos (Telefónica), financiero (Mapfre) y la industria conservera, editorial y transporte aéreo (Air** Europa, Iberia, Conservas Isabel, Pescanova, Planeta**...) y a algunas pocas empresas de otros segmentos (Elecnor, OHL, Multiópticas...).
De hecho, la necesidad de inversiones ha modificado también la tradicional política de socios comerciales de Ecuador en beneficio de una China hambrienta de recursos naturales. El gigante asiático no sólo ha surgido como un nuevo gran inversor directo en Ecuador, en particular en los sectores de commodities, sino que es ya también el prestamista líder. De momento, eso sí, las empresas chinas no compiten directamente con las españolas, sino con las mineras canadienses y de otros países.
Ventajas y hándicaps
Entre las ventajas que ofrece hoy en día Ecuador a los inversores se sitúa un potente crecimiento económico: según la Cepal, el país creció el 8% en 2011, sólo por detrás de Panamá y Argentina en la región, y lo hará el 5% este año, por encima de la media latinoamericana. Pero el país mantiene importantes hándicaps que desaniman a los inversores, comenzando por la inseguridad jurídica ya citada y terminando por un grave déficit de logística e infraestructuras y pasando por una muy ínfima competitividad.
En el último informe _Doing Business _del Banco Mundial, Ecuador** **mejora un puesto, al 130 (entre 183), pero sigue mostrando un clima empresarial bajo. Apenas progresa en comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos y experimenta un gran deterioro en permisos de construcción y apertura de negocio. Y sólo se sitúa por delante de Bolivia, Haití, Surinam y Venezuela en Latinoamérica, con especiales malas notas en apertura de empresas, protección de inversiones y cumplimiento de contratos. En el último Índice de Competitividad Global del WEF, Ecuador tampoco sale bien parado: posición 101 a nivel planetario y 13 en Latinoamérica.
Así las cosas, en inversión extranjera directa (IED) Ecuador se sitúa a años luz de los grandes captadores regionales de capital extranjero, Brasil y México. En 2010, últimos datos globales disponibles, el país atrajo 164 millones de dólares, frente a 48.462 de Brasil y 17.726 millones de México y se situó en el furgón de cola de Latinoamérica en ese capítulo clave. Los expertos señalan que la IED se habrá más que duplicado en Ecuador en 2011, hasta más de 400 millones de dólares, pero aún así el país está lejos de sus vecinos en esa materia.