Por su parte el Gobierno central ha insistido en las últimas horas en que los temas referidos a la petrolera Repsol-YPF no forman parte de la agenda bilateral con España sino que son de estricto orden interno y se ciñen exclusivamente a las leyes y decisiones de Argentina.
En el caso de Chubut, la principal región petrolera de Argentina, la advertencia la se ha realizado nada menos que a través de un decreto del gobernador. Martín Buzzi, aliado de la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó un decreto en el que conmina a YPF a cumplir con las inversiones acordadas en los campos El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido.
Según puede leerse en la página web de la provincia patagónica, la intimación por decreto es el paso previo a dar por terminadas las concesiones si la empresa no presenta un plan de trabajo convincente en los próximos siete días.
Según el decreto del gobernador, la petrolera no habría cumplido con sus obligaciones, en especial en lo relativo al sostenimiento de la producción, evolución del horizonte de reservas e inversiones, de acuerdo a un informe de la autoridad de hidrocarburos provincial.
Buzzi encabeza un grupo de gobernadores de provincias petroleras que, en sintonía con el Gobierno de Cristina Fernández, viene responsabilizando a la empresa petrolera de los problemas de abastecimiento de combustible, la caída en la producción, la falta de inversiones y el espectacular crecimiento del déficit comercial.
Dentro de este movimiento se interpreta el paso dado por la provincia de Santa Cruz amenazando con quitarle las concesiones a Repsol-YPF si no da explicaciones sobre el supuesto incumplimiento de un plan de inversiones para aumentar la producción.
En este caso ha sido el ministro de Economía de la provincia, Ariel Ivovich, quien ha enviado la carta al vicepresidente de la petrolera, Sebastián Eskenazi, en la que se da a YPF un plazo de cinco días para explicar los motivos del ostensible proceso de desinversión en 23 concesiones que ha producido un perjuicio patrimonial intolerable.
Santa Cruz y Chubut son dos de las cuatro provincias argentinas más relevantes para YPF, junto con Mendoza y Neuquén.
Vuelven las dudas sobre la nacionalización
Como la presidenta argentina, Cristina Fernández, dedicó el pasado jueves día 1 de marzo una alusión de solo unos minutos al problema de YPF en su discurso parlamentario de unas tres horas, sus palabras se interpretaron como conciliadoras. Bien es cierto que aseguró que tomará las medidas que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de combustible y que habló de la terrible caída en la producción en los últimos años.
Pero esta sola alusión a la petrolera en la que no habló de intervenir la compañía y la visita relámpago a Buenos Aires del ministro de Industria, José Manuel Soria, provocaron el jueves una subida de los valores de YPF de casi el 13%. El viernes cerró en cambio con un recorte del 2,40 % tanto por recogida de beneficios como por las dudas que vuelven a surgir ante una eventual nacionalización.
Tras las duras advertencias realizadas por representantes de las provincias de Chubut y Santa Cruz, todo parece que ha vuelto a empezar. YPF ha preferido no realizar declaraciones a los medios, tratando de apaciguar la situación.
YPF está participada por Repsol en un 57,43 % y por el grupo argentino Petersen en un 25,4 %, quedando un free float próximo al 17% en la bolsa de Buenos Aires. Repsol ha realizado la mayor inversión industrial española en Iberoamérica. Según recordaba el ministro de Industria español, José Manuel Soria, es uno de los principales inversores en Argentina, el primer contribuyente a las arcas de la hacienda del país y el mayor productor de hidrocarburos con unos 13.500 trabajadores.
El ministro español concede gran relevancia a la situación pues YPF es una empresa sumamente importante y estratégica para España, ya que representa la mayor inversión industrial que ha hecho una firma española en el exterior.
Según datos de la compañía, solo en 2011 ha realizado inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por unos 3.050 millones de dólares, un 50% más que en 2010, y pagó más de 6.400 millones de dólares de impuestos. Los malos resultados de YPF se han dejado notar en las cuentas del grupo.
La filial argentina de Repsol ha aportado un resultado de explotación de 1.352 millones. Supone un descenso del 16,8 % respecto a 2010, que la compañía explica por las huelgas que han afectado a todo el sector petrolero, el aumento de costes y a la suspensión del programa de incentivos a grandes empresas Petróleo Plus. La producción de YPF ha descendido el 8,5%, hasta 495.100 barriles equivalentes de petróleo al día.
Los próximos días serán clave. Si bien hay una percepción bien distinta de cuál pueda ser la solución. Mientras el ministro español de Industria declaraba tras entrevistarse con las autoridades argentinas que el objetivo es que cualquier tipo de diferencia que haya podido surgir se pueda encauzar a través de reuniones y de manera amistosa, el Gobierno de Cristina Fernández ha repetido en las últimas horas en que de ninguna manera los temas relativos a la firma Repsol-YPF, forman parte de la agenda bilateral entre España y Argentina.
En un comunicado de los ministerios de Planificación y Economía se reiteraba tras abandonar Soria Buenos Aires que dichos temas son de estricto orden interno de la Argentina y por lo tanto se ciñen exclusivamente al marco regulatorio, la legislación y las decisiones políticas de la República.
Habrá que esperar la reacción está semana.