GEOECONOMÍA

Sinergias entre las elecciones andaluzas y la huelga general del 29-M

Manifestación contra la reforma laboral
Manifestación contra la reforma laboral

El 25 de marzo, elec­ciones en Andalucía; cuatro días des­pués, huelga ge­neral en toda España. ¿Cómo se com­binan las di­ná­micas que con­ducen a esos dos acon­te­ci­mien­tos? En la su­per­fi­cie, son de na­tu­ra­lezas dis­tin­tas: la del pri­mero, po­lí­tica; la del se­gundo, eco­nó­mi­co-­so­cial. En el fondo, se trata de una con­fron­ta­ción elec­toral entre un par­tido de de­re­chas, el PP an­da­luz, frente a un go­bierno an­daluz de iz­quier­das, y un mo­vi­miento sin­dical en manos de la iz­quierda frente a un go­bierno cen­tral en manos de la de­re­cha. En Andalucía el go­bierno del PSOE lucha por so­bre­vivir a la con­fron­ta­ción elec­to­ral, y en España al go­bierno del Sr. Rajoy pa­rece que no le será di­fícil re­sistir la pre­sión sin­dical en la ca­lle.

Ahora bien, el resultado de ambas confrontaciones será determinado de forma completamente distinta: mientras la de sindicatos-gobierno no tiene árbitro, la de la derecha y la izquierda andaluza gobernante tiene un juez inexorable: el recuento de los votos a pie de urnas. Se puede prever que una derrota o un mal resultado electoral de la candidatura encabezada por el actual presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, producirá un efecto desmoralizador en el frente sindical, puesto que se vería confirmada la voluntad del electorado de apoyar al partido que ha planteado las reformas laborales contra las que protesta el conglomerado izquierda política-sindicatos.

Así que se podría esperar que si el PP gana las elecciones andaluzas, el eco y el apoyo que recibiría la huelga general se verían debilitados en la medida de la amplitud del  triunfo de la derecha. Aquí entra una variable importante, si no decisiva. La victoria del PP debe ser por mayoría absoluta, confirmando la tendencia general hacia la derecha por parte del electorado español en la casi totalidad de las comunidades autónomas. Si sólo obtiene una mayoría relativa, es muy probable que la única combinación posible para gobernar Andalucía sea una coalición PSOE-Izquierda Unida.

Ese resultado sería un desastre para el PP y para el gobierno. El carisma creado a su favor en las elecciones generales del 20 de noviembre por el hundimiento del PSOE, y por la visión de un mapa de España azul en sus tres cuartas partes, pondría en evidencia una debilidad intrínseca de aquel éxito electoral: más que un triunfo suyo fue una derrota aplastante del PSOE. De los millones de votos perdidos por éste en las generales, el PP sólo fue capaz de recoger 700.000. Una victoria insuficiente del PP para gobernar Andalucía (por no hablar de la hoy por hoy improbable derrota) mostraría a la opinión que su no muy arrollador ímpetu empezaba a frenarse. En ese caso debe esperarse una movilización sindical más enérgica y con más arrastre popular.

El candidato del PP, Javier Arenas, teme el efecto de las sinergias entre la izquierda y los sindicatos. Ayer, en el curso de su campaña, no dudó en cortejar a éstos últimos, expresando "mi respeto por los sindicatos". Es de esas expresiones que suenan un poco oficiosas. El secretario general del PSOE, Sr. Pérez Rubalcaba, fue mucho más rotundo en su apoyo tácito a los sindicatos durante el acto electoral celebrado en Andalucía: "Esta reforma la vamos a parar". El gobierno, dijo, crea la "desesperanza de encontrar empleo" y pretende que España "quede en manos de los empresarios".

A medida que la batalla electoral se vaya viendo en términos de confrontación ideológica, de izquierdas-derechas y empresarios-trabajadores, es decir, a medida que vaya radicalizándose, irá perdiendo fuerza el impacto en la opinión pública causado por la larga lista de escándalos de corrupción y mala administración que inundan las páginas de los diarios andaluces y españoles, y más se disipará la fatiga que los andaluces venían mostrando después  de treinta años de gobiernos socialistas ininterrumpidos. Fatiga que se mostraba en encuestas de intención de votos que hace unas semanas auguraban un triunfo arrollador del PP pero que desde hace días muestran una tendencia descendente, aunque todavía no fatal para el PP.

Una juez y un interventor general

Pero no es fácil barrer el grueso dossier de escándalos debajo de la alfombra. Tampoco imposible: aunque muy pocos tienen presente el recuerdo de  la lluvia de peonadas falsas del PER, ahora los titulares se los llevan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), las falsas inversiones en la bahía de Cádiz y el trato de favor a las redes de intereses partidistas y familiares de altos dirigentes de la junta de Andalucía y líderes provinciales del PSOE, entre los que sobresalen los que afectan a las dos últimas jefaturas de gobiernos andaluces, las de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La juez sevillana Mercedes Alaya envió a la cárcel, el pasado sábado, al que fue director general de Trabajo de la junta, Francisco Javier Guerrero, por haber concedido de forma ilegal (alegaciones del fiscal) 933 millones de euros en ayudas directas a empresas y para EREs irregulares. El Sr. Guerrero, en connivencia con otros, aprobó 617 ayudas socio-laborales y 270 ayudas a empresas, pese a conocer "su absoluta falta de competencia para ello", y lo hizo de forma "manifiestamente injusta y arbitraria", con el fin de favorecer a familiares y amigos, o personas próximas a altos cargos de la junta y del PSOE.

El Sr. Griñán se defendió ayer de cualquier atribución de responsabilidad que le pudiera corresponder como presidente de la junta, en unas declaraciones a El País. Este periódico, sutilmente, sugería en una crónica desde Sevilla, que "Mercedes Alaya (la juez) decidió el 22 de febrero hacer coincidir su agenda de declaraciones con la campaña electoral". Vamos, que la Sra. juez también está en campaña...

La apología que hace el Sr. Griñán de su labor al frente de la junta pone en evidencia, por lo menos, algunos fallos in vigilando, como cuando dice: "yo le puedo asegurar que el consejo (de gobierno) no tenía ni idea de quiénes metía (el Sr. Guerrero), en los expedientes". Más notable aún es conocer las relaciones conflictivas que el consejo de la junta tenía, al parecer, con la Intervención General. Sobre la actuación de ésta dice dos cosas diferentes: "Todos los fondos de los ERE fueron aprobados por el Parlamento. Si la Intervención se quejó del procedimiento lo hizo sin elevar nunca un informe de actuación y sin apreciar nunca malversación de caudales públicos". Más adelante, la entrevistadora le pregunta: "¿Cómo una cantidad de 600 millones de euros no es fiscalizada por la intervención general?, y el Sr. Griñán responde: "Eso tiene una fiscalización permanente. La propia intervención es la que llama la atención sobre el procedimiento, pero no ve la malversación ni la mala utilización de los fondos".

El lector, pues, puede preguntarse: ¿qué clase de "fiscalización permanente" es ésa en que la intervención puede pasar de presentar un informe sobre el empleo de seiscientos millones, y el jefe del ejecutivo andaluz no pide que la intervención le pase el correspondiente informe?

Si la competición electoral es vista por el pueblo andaluz como una oportunidad de revisar sus complacencias con un gobierno y un partido que tienen mucho que explicar, como se pone en evidencia en los casos de corrupción encausados o denunciados, es de esperar que la gane el PP. Si la competición se desvía a la confrontación ideológica, entonces el PP no puede estar seguro de su victoria. Así lo ve, por cierto, el Sr. Griñán: tres decenios de gobiernos del PSOE en Andalucía es "una manifestación  muy clara de que el voto andaluz es socialista",  sentenció en la entrevista citada.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.

 

 

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