EL MONITOR

Construcción: qué hacer con la obra pública

Los pri­meros Presupuestos de Rajoy preven un nuevo ha­chazo a la in­ver­sión es­tatal

Infraestructuras
Infraestructuras

La negra pers­pec­tiva que se cierne sobre la in­ver­sión pú­blica en in­fra­es­truc­turas para los pró­ximos años ha con­ci­tado la prác­tica una­ni­midad de todas las ins­tan­cias del sector em­pre­sa­rial de­di­cado a esta ac­ti­vidad en lo re­fe­rente a pro­puestas para salvar esa si­tua­ción. Y es que al de­rrumbe de la li­ci­ta­ción pú­blica en 2011 se unen ahora las pre­vi­siones de un nuevo ha­chazo des­co­munal a la in­ver­sión pú­blica en los Presupuestos para 2012, más la in­ca­pa­cidad de las ad­mi­nis­tra­ciones te­rri­to­riales para in­vertir prác­ti­ca­mente ni un euro en el año pre­sente. No hay ca­pa­cidad ni para atender a los com­pro­misos ad­qui­ri­dos, in­clu­yendo las anua­li­dades co­rres­pon­dientes a pro­yectos ini­ciados años atrás, a pesar de que mu­chos de ellos han sido puestos en stand by o in­cluso sus­pen­didos sine die .

Todas las instancias empresariales del sector, desde la asociación que integra a prácticamente todas ellas, la CNC, hasta todas las asociaciones empresariales sectoriales más las que agrupan a empresas ubicadas en algún punto de la cadena productiva de obra pública -incluyendo ingenierías, consultoras, proyectistas y asociaciones que defienden métodos alternativos de financiación a los puramente presupuestarios- han lanzado en las últimas semanas el mismo mensaje con distintos argumentos, con distintas propuestas, pero que coinciden en lo esencial. Su objetivo es intentar encontrar fórmulas que permitan mantener una actividad razonable este año y tener un horizonte de previsiones a medio plazo que les permita organizar sus recursos conociendo qué puede pasar en este ámbito en los próximos dos años, que sin duda no van a ser los mejores de nuestra historia económica.

Cierre de filas

Este cierre de filas sectorial parte de una constatación inevitable. No hay dinero público para casi nada y por supuesto, no lo hay para inversiones en infraestructuras, sistemáticamente castigadas por los sucesivos recortes habidos, y que lo serán aún más en los que se van anunciar. El sector coincide en que viene un año negro, muy negro, que no solo puede terminar de destrozar las cuentas de innumerables empresas, sino que incluso puede dejar en la cuneta a multitud de medianas, pequeñas y pymes con los inevitables efectos de pérdida de empleo y consiguientemente, aumento indeseado de costes sociales y pérdida de ingresos fiscales de todo tipo, un efecto perverso irrecuperable si no se buscan soluciones alternativas que hagan posible mantener cotas mínimas de inversión en obra civil.

Todos coinciden en que hay que compaginar los ajustes presupuestarios con la búsqueda de soluciones alternativas a ese tipo de financiación. Todos coinciden en solicitar planes públicos a medio plazo que permitan planificar la actividad y racionalizar recursos en los próximos dos años. Todos coinciden en que la alternativa es la financiación privada (concesiones) y público-privada (CPP), para lo cual hay que diseñar con urgencia el diseño del modelo más eficaz, capaz de movilizar recursos financieros suficientes y no necesariamente provenientes de las entidades financieras. Todos coinciden en que sin medidas anticíclicas no se saldrá de la crisis.

La petición de un plan de inversiones en infraestructuras es unánime. La ministra de Fomento ya ha adelantado algunas líneas de su propio plan, la CNC ha pedido que, por medio de la mejora de la gestión del gasto público no productivo, se pueda dedicar a la inversión en infraestructuras el equivalente a un 10% del consumo público. La Comisión de Concesiones de la CEOE liderada por la patronal de las grandes constructoras ha pedido un "incremento transitorio"  de estas inversiones equivalente al 1% del PIB. En definitiva, todos piden que se comprometan objetivos concretos de inversión en estos años oscuros que vivimos y vamos a seguir viviendo.

Dilema sobre el déficit

El dilema que hay que solucionar es el de compaginar nuevas inversiones con cómo financiarlas sin debilitar la lucha contra el déficit. El acuerdo aquí es prácticamente total, hay que acudir a alternativas no presupuestarias, que no computen a déficit. Para ello primero pide el sector que se agoten todas las posibilidades de encontrar fuentes alternativas de ingresos hasta ahora no utilizados -además de profundizar en el ahorro de gastos no productivos, que tiene aún posibilidades importantes- como puede ser la puesta en valor mediante el adelantamiento de los respectivos concursos, de las autopistas ya en activo, prolongando sus períodos concesionales de modo que las arcas públicas ingresen ahora lo que habrían de ingresar cuando estos períodos concesionales acaben.

Segundo,  desarrollar de una vez, con criterios de eficacia, la normativa más idónea para posibilitar la financiación privada, por medio de la implantación de instrumentos que permitan a las empresas financiarse en el mercado de los inversores institucionales y no solo acudir al crédito de instituciones financieras, muy escaso, caro y difícil de obtener en estos momentos. Para ello hay que desarrollar la normativa sobre financiación de concesiones que lleva tres años paralizada en el Congreso, permitiendo que la deuda derivada de la financiación de infraestructuras pueda gozar de los beneficios de la hipoteca de los derechos de concesión, pidiendo acudir al mercado de los bonos a largo plazo y asegurar en los casos necesarios el aval del Estado sin que éste incurra en déficit añadido. Y que este sistema concesional se pueda extender a cuantas infraestructuras sean susceptibles de producir retornos para el concesionario durante su respectivo período concesional, de modo que se asegure un flujo de ingresos recurrentes que hagan viable la recuperación de las inversiones.

 

Importante y controvertido

Y lo más importante, que es también lo más controvertido. El sector unánimemente entiende que hay que tarificar todas aquellas infraestructuras que sean susceptibles de ello y así poder financiar por la iniciativa privada lo que ya no se puede financiar con cargo a los ingresos públicos. Se ha acabado el tiempo del "gratis total", de que todo se puede hacer contra los impuestos de todos los españoles. Ha llegado el tiempo del pago por uso, de modo que carguen con el coste correspondiente quienes usan cada infraestructura y no todos los contribuyentes, porque esta segunda vía, además de injusta, se ha demostrado agotada para muchos años.

Hemos de virar radicalmente para salir de la crisis. Solo creando actividad crearemos empleo. Solo creando empleo saldremos de la crisis. Los tiempos en que las arcas del Estado lo soportaban todo se han acabado para mucho tiempo. Pero algo hay que hacer con urgencia porque el empleo sectorial arrojó el febrero su peor dato desde el inicio de la crisis y ha perdido 1.064.000 afiliados a la Seguridad Social desde 2007, es decir, cerca del 60% de sus afiliados.

 

 

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