Las cajas que, por motivos relacionados con emisiones de bonos o recapitalizaciones, pasen a controlar menos del 50% del capital de sus bancos, dejarán de correr el peligro de convertirse en fundaciones siempre que tenga el control de la gestión.
El peligro consiste en que una caja reducida a fundación pasaría a estar controlada por el gobierno autónomo respectivo, a la vez que sólo tendría margen para manejar los activos relacionados con la obra social de la entidad.
Esta medida, capitaneada por Luis de Guindos, se enmarca en los planes del nuevo gobierno para reestructurar el sector financiero.
La segunda medida es la que permite que cajas con ayudas del FROB puedan acudir a las subastas para hacerse con otras entidades intervenidas.
Tal se ha puesto la cosa en el ámbito económico y en el político, que antes de que comparezca el ministro de Economía ante la Comisión del Congreso de los Diputados, el ministerio ha optado por aclarar que su objetivo es que todas las nuevas fusiones sean viables.
El Gobierno aclara que analizará que las nuevas fusiones, para las que habrá apoyo público, tienen sentido. Y en el caso concreto de si la cláusula diseñada para que Bankia cuente con dos años para realizar su saneamiento si se hace con Unnim, entidad por la que ha optado según confesaba el propio Rodrigo Rato, el ministerio de Economía ha asegurado que no se trata de un traje a medida.
Según Economía, si una entidad entra en un proceso de fusión viable y requiere un préstamo, podrá recibir un máximo de fondos públicos equivalentes al 2 % de sus activos de riesgo. Esta cifra está lejos de las necesidades que tiene Bankia de acuerdo con los cálculos estimados por el servicio de estudios del BBVA que los cifra en más de 16.000 millones de euros.
En cambio según los últimos datos publicados por la revista The Banker, elaborados antes de haberse desprendido de los activos que ha venido realizando a lo largo de este año, el 2% supone 9.677 millones de euros.
Si las operaciones financieras necesarias para sanear el sector requirieran elevar la deuda pública, tendrán que contar con el visto bueno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Un importante juego de control de poderes que tratará de explicar con detalle el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.