El antes y el después es interpretado por la izquierda abertzale, en el documento que sus portavoces publicaron ayer por la mañana, después de conocerse las palabras del ministro, de forma diferente: hay que lograr una "justicia transicional que establezca un conjunto de medidas políticas y jurídicas", entre las que se incluye la necesidad de terminar con la actual política penitenciaria y la política de "represión, acoso policial y detenciones", así como con los juicios y encarcelamientos. Para la izquierda abertzale, pues, el hecho de que ETA haya dado por finalizada su actividad armada sería causa suficiente para que la ley no siguiese aplicándose contra ella.
Aparentemente no puede haber mayor distancia entre lo que el gobierno cree posible conceder bajo ciertas condiciones y lo que los simpatizantes de ETA exigen. Sin embargo, en el comunicado hay un punto más que el abertzalismo demanda, pero que no depende del gobierno el concederlo o no: "la imperiosa legalización de Sortu". A este respecto dice el ministro en su entrevista: "La decisión corresponde al Tribunal Constitucional. Acataremos lo que decida. Otra cosa es lo que yo crea o piense, pero no sería prudente manifestarlo".
Alguno podría pensar que la cuestión de la continuidad de ETA y la de la paz dependen de si Sortu es legalizada o no. Así parece pensarlo el lendakari Patxi López, quien opinaba el pasado día 19, en declaraciones al diario Gara, que la permanencia de Arnaldo Otegui en la cárcel es "contraria a la opinión y el sentimiento de la sociedad vasca". Le sigue en esa opinión el Partido Nacionalista Vasco, cuyo líder Íñigo Urkullu exigió recientemente al lendakari que convocase elecciones "para que la izquierda abertzale esté representada" en el parlamento vasco.
En resumen, el próximo escenario del conflicto creado por la existencia de ETA parece desplegarse en torno a una decisión que para muchos está ya predeterminada por la legalización efectiva de la coalición Bildu y la legalidad de la presencia de Amaiur en el parlamento español, que el Constitucional no tendría más remedio que tomar en consideración. Por otra parte, si Sortu no es legalizado no sería arriesgado predecir desde ahora que ETA rechazaría más firmemente que nunca su disolución, o incluso que reconsideraría su abandono "definitivo" de las armas.
Sin embargo, los que piensen que la legalización de Sortu podría ser motivación suficiente para que ETA abandonase las armas, deben seguir leyendo el largo comunicado de ayer domingo, de la izquierda abertzale, que dice: "el cese unilateral de una de las violencias no es sinónimo de paz. Y es que existen otras violencias. Así, la política represiva de los Estados debe cesar para poder empezar a hablar de un escenario de no violencia y de auténtica democracia".
Más adelante, el comunicado declara que "La política de represión, acoso policial y detenciones contra militantes independentistas, así como los juicios y encarcelamientos deben terminar definitivamente".
La vuelta al hogar
A la exigencia de que se suspenda la política penitenciaria y a la de que el estado deje de aplicar la ley, se une el mandato a los estados español y francés para "deshacerse de, o readecuar, los operativos armados y represivos creados para el conflicto". Asimismo, da por supuesto que en el conflicto se están aplicando "legislaciones de excepción", que "deberán desaparecer".
También afirma que "es necesaria la vuelta al hogar de todos y todas las presas (sic) y exiliadas, procediendo a adoptar las medidas necesarias para que, tras un largo periodo de ausencia, puedan adecuarse a la vida ordinaria".
ETA y los gobiernos español y francés, continúa el comunicado, "deben abrir un proceso de diálogo y acuerdo" que incluirá la liberación de todas las personas encarceladas, porque "No hay conflicto armado en el mundo que mantenga a centenares de personas encarceladas por décadas cuando el mismo ha terminado". Más adelante, sin embargo, no se muestra tan seguro de que haya terminado: "Un conflicto que se remonta siglos atrás no desaparece de un instante a otro".
Más adelante el comunicado sufre "un subidón" metafísico que trasciende toda historia conocida por los historiadores: "Generaciones de jóvenes vascos no resistieron y lucharon a través de la historia porque les gustase, no; miles y miles lucharon porque se sintieron reprimidos, excluidos y dominados por Estados y políticas ajenas a su cultura, identidad y dignidad como pueblo que somos y hemos sido por milenios ".
Todo ese tono imperativo se hace un poco más dúctil al final del comunicado, cuando parece dar a entender que la izquierda abertzale pide a los estados español y francés, "que se reconozca y acepte la existencia de una realidad histórica, lingüística, social, económica y cultural llamada Euskal Herría... Una pluralidad que todos debemos reconocer y respetar".
Para terminar, el comunicado parece hacer depender la paz de la concesión del derecho de autodeterminación. "El reconocimiento de este derecho no significa predeterminar nada sino otorgar a la sociedad la capacidad de decidir. Reconoce que es la sociedad vasca la que en última instancia debe acordar sobre su futuro".
En resumen, el comunicado exige que la ley deje de aplicarse a los miembros activos de ETA, que ETA negocie con dos estados soberanos, que los estados deben liberar a los presos y rehabilitarlos en la vida civil, reconocer una entidad históricamente especulativa como Euskal Herria, y conceder el derecho de autodeterminación a los grupos humanos y sociales que tienen un sentimiento muy acendrado, pero subjetivo, de ser un pueblo que ha sido oprimido por los demás durante algunos miles de años.
No debe extrañarnos que el proceso de paz vaya a ser muy largo (si es que va a haber proceso): entre el férreo practicismo de la ETA y los entretenidos relatos historicistas de sus seguidores es difícil encontrar un terreno firme que permita afianzar la paz.
Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.