Ayer jueves, incluso, los Pérez, Albertos y March se superaron a si mismos en su retirada a los cuarteles de Invierno. Nadie, ni siquiera Ignacio Galán, se acordó de ellos en la multitudinaria rueda de prensa de resultados de Iberdrola. Nadie preguntó -y así nadie tuvo que responder- que ocurre con la batalla legal de ACS para sentar su 18% en el consejo de Iberdrola.
"Mejor para ellos", se atrevió a mencionar alguien en la M-40 madrileña, en cuya ribera descansa la sede corporativa de la eléctrica asediada. Porque, si bien los viejos litigios por entrar en el consejo de la eléctrica siguen su largo y lento camino en los juzgados bilbainos y madrileños, con escasa o nula suerte además para las tesis de conquista del presidente del Real Madrid, lo que parece cada vez más evidente es que la defensa del "interés social de Iberdrola" -como le gusta denominar a Ignacio Galán su estrategia corporativa- está primando sobre cualquier otra consideración empresarial o incluso política.
No debería ser de otra manera, con la que está cayendo, en el país y en el resto del mundo. La crisis de deuda soberana en Europa está larvando el buen hacer de las empresas, incluso las de servicios y las utilities, que a duras penas y/o gracias a su diversificación geográfica, como es el caso de Telefónica, Repsol o Iberdrola, están salvando el tipo. Los beneficios netos de la eléctrica que preside Ignacio Galán en 2011, por ejemplo, cayeron un 2,3%, si bien alcanzaron la cifra nada despreciable de 2.805 millones de euros, lo que le permitirá mantener expectativas de crecimiento, payout y dividendo "en lo posible", según explicó Galán. Será, eso sí, con la fórmula del "scrip dividend" (pago mixto con metálico y acciones), al que se han apuntado ya un buen número de compañías y entidades financieras en España.
Pero el esfuerzo no oculta la situación de la economía real y empresarial del país. El consumo de energía eléctrica se encuentra en estos momentos al mismo nivel que 2007 y, lo que es aún más perverso, el sector eléctrico es hoy un 30% más grande, en generación y distribución. Esto significa que el conjunto de las empresas eléctricas, las que se encuentran dentro del denominado regimen ordinario (poco más del 60%) y las que actúan en el regimen especial (insulares, renovables, biomasa, carbón, etc,) tienen que repartirse una tarta de ingresos simiilar en términos reales a la de hace siete años, lo que a todas luces es insuficiente.
Lo plasmó José Luis Sampedro, director general de Iberdrola, en una cifra. "De los 2.803 millones de beneficio de Iberdrola apenas 800 millones proceden del negocio regulado en España", lo que significaría que las empresas del sector, como es el caso de Iberdrola, apenas podrían retribuir la inversión realizada (es decir, a sus accionistas) si se hubiesen cruzado de brazos ante el desafío de la expansión internacional. En otras palabras, el negocio exterior está salvando las cuentas y los dividendos de las empresas españolas.
El déficit tarifario
Claro que no se puede continuar indefinidamente con la componenda de la repatriación de beneficios. Y menos aún cuando los artificios tarifarios y delirios de planificacióin perpetrados por la política energética durante las últimas cuatro o cinco legislaturas resultan ya imposibles de mantener. El embalsamiento en los estados contables del desequilibrio tarifario acumulado desde 1998, que ya supera los 24.000 millones de euros, es difícil perpetuar, como lo es una política de inversión en energías renovables que ha sobredimensionado el sector en un 30% y ha anticipado en diez años el objetivo comunitario de que éstas alcancen el 20% del parque de generación en 2020.
Solo Holanda y Alemania igualan a España en generación eléctrica mediante energías renovables. Pero ninguno de estos dos países ha financiado el esfuerzo mediante el recurso exclusivo al sector tradicional de las empresas eléctricas, y menos aplazando su pago en el tiempo y primando además las inversiones menos rentables y eficientes. Si el denominado déficit tarifario -desequilibrio entre ingresos y costes renocidos en las tarifas reguladas- nació en 1998 bajo el peregrino argumento de que iba a dotar a la economía española de una mayor competitividad frente a sus socios comunitarios, la realidad ha demostrado que la estrategia no ha funcionado. España tiene que recurrir ahora a una "devaluación competitiva" via salarios y flexibilidad laboral, mucho más costosa y dolorosa por sus efectos sociales, porque es la menos competitiva de la Unión Europea y, además, ha propiciado unos niveles de deuda soberana que apenas dos países superan en la zona euro.
El martes pasado, Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, una de las cinco empresas afectadas por el déficit, demandó una solución urgente al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, proponiendo siete fórmulas para atajarlo. Una de ellas era el reparto entre todo el sistema -ordinario y especial, es decir las renovables- de la financiación del déficit, no solo sobre las reguladas. Este jueves ha sido Ignacio Galán. Pero a diferencia de Villaseca, que apuntó en varias direcciones, el presidente de Iberdrola centró su punto de mira en las híbridas solares y fotovoltaicas, que además de estar en mantillas tecnológicamente tienen un coste de construcción y generación seis veces superior a las tradicionales. Y que si se han construido y siguen construyendo es porque el Gobierno las prima con una retribución subvencionada.
Hasta tal punto que, según los datos elaborados por Iberdrola ofrecidos por Galán, se ha alcanzado la irónica situación en la que las primas comprometidas a todas las energías renovables (es decir, de abono legal) superan en la actualidad la capitalizaciónde las cinco empresas eléctricas tradicionales. Vamos, que con las primas, que lucran a un 30% del sistema, podría comprarse todo el sector eléctrico español.