El Gobierno está a la es­pera del dic­tamen de Bruselas

La ampliación de la vida de Garoña depende ahora de la solicitud de los propietarios, Iberdrola y Endesa

La in­ver­sión ne­ce­saria su­pe­rará los 1.000 mi­llo­nes, in­clu­yendo las apor­ta­ciones rea­li­zadas desde 2010

Central nuclear de Garoña.
garoña

El Gobierno lo tiene de­ci­dido tal y como lo ha con­fir­mado el res­pon­sable de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Después de ha­berlo reite­rado al menos en tres com­pa­re­cen­cias dis­tin­tas, se pro­lon­gará la vida de la cen­tral nu­clear de Santa María de Garoña de acuerdo con el in­forme de los ex­pertos del Consejo de Seguridad Nuclear. Estos han de­jado claro que no ven ningún pro­blema para que se am­plíe la vida de esta cen­tral. Por eso, des­pués del dic­tamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las eléc­tricas de­berán pre­sentar la so­li­citud de am­plia­ción por seis años a partir del 2013 antes del 6 de sep­tiem­bre, según pre­para Industria, aunque pro­ba­ble­mente un lapsus le llevó a decir al mi­nistro que sería por cinco años. La pe­ti­ción de Iberdrola y Endesa de­berá acom­pañarse de un pro­grama en el que se in­cluyan las nuevas in­ver­siones mi­llo­na­rias y las mo­di­fi­ca­ciones en su di­seño para poder re­cibir el visto bueno de la Comisión Europea.

Aunque no se conocen todavía los detalles de las cifras de inversión se puede estimar que supondrían, como mucho, menos de lo que implicarán los retornos en beneficios. Y menos de 20 veces la inversión que tendrían que realizar en la construcción de una nueva central de nueva generación cuyos costes se elevan por encima de los 5.000 millones de euros de acuerdo con el modelo de central diseñado por la empresa francesa AREVA.  

Ahora hay que rehacer los cálculos de los costes que se estimaron en 1.000 millones para la prolongación de la vida hasta el 2013, pues una parte de ellos estaban vinculados en los costes de la reconversión de personal que llevará implícitos en su día el desmantelamiento de la central.

Para la prolongación hasta el 2019, Iberdrola y Endesa tendrán que justificar ante el CSN antes del 3 julio que las actividades de vigilancia, "inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009 se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019 y, en caso contrario, llevarán a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización".

No obstante, el CSN recordaba en su comunicación entregada al Ministerio de Energía el pasado viernes día 17 que este informe, pedido por Industria, no excluye y es independiente del que deberá hacer el organismo regulador ante una nueva petición de licencia para la instalación.

Test de estrés a las nucleares

La tragedia de Fukusima ha obligado a los organismos europeos a realizar unos test de estrés en todas las centrales nucleares de la UE que permitan evaluar la situación de las mismas y, una vez realizadas, el Gobierno español espera su dictamen. Los expertos calculan que España deberá invertir unos 30 millones de euros solo para mejorar la seguridad de sus 10 instalaciones nucleares con sus 8 reactores. Supone la mitad de lo que deberán invertir los franceses en sus centrales, de acuerdo con las pruebas de resistencia exigidas por la autoridad comunitaria.

Ecologistas en Acción defienden que el visto bueno del CSN para postergar el cierre de Garoña, fijado para el 2013 "era de esperar", de un organismo dirigido por cinco consejeros pro-nucleares (dos designados por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU). Para ellos, la petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad.

Desde el CSN se deja claro, en cambio, que el dictamen concluye que no existe ningún impedimento bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, para evitar el cierre una vez que se analice la experiencia operativa de la instalación y sus resultados en el sistema Integrado de Supervisión de Centrales.

El escrito enumera las condiciones adicionales relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica que deben añadirse a las ya existentes en la autorización previa para la prolongación de su vida hasta 2013.

 

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