Aunque no se conocen todavía los detalles de las cifras de inversión se puede estimar que supondrían, como mucho, menos de lo que implicarán los retornos en beneficios. Y menos de 20 veces la inversión que tendrían que realizar en la construcción de una nueva central de nueva generación cuyos costes se elevan por encima de los 5.000 millones de euros de acuerdo con el modelo de central diseñado por la empresa francesa AREVA.
Ahora hay que rehacer los cálculos de los costes que se estimaron en 1.000 millones para la prolongación de la vida hasta el 2013, pues una parte de ellos estaban vinculados en los costes de la reconversión de personal que llevará implícitos en su día el desmantelamiento de la central.
Para la prolongación hasta el 2019, Iberdrola y Endesa tendrán que justificar ante el CSN antes del 3 julio que las actividades de vigilancia, "inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009 se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019 y, en caso contrario, llevarán a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización".
No obstante, el CSN recordaba en su comunicación entregada al Ministerio de Energía el pasado viernes día 17 que este informe, pedido por Industria, no excluye y es independiente del que deberá hacer el organismo regulador ante una nueva petición de licencia para la instalación.
Test de estrés a las nucleares
La tragedia de Fukusima ha obligado a los organismos europeos a realizar unos test de estrés en todas las centrales nucleares de la UE que permitan evaluar la situación de las mismas y, una vez realizadas, el Gobierno español espera su dictamen. Los expertos calculan que España deberá invertir unos 30 millones de euros solo para mejorar la seguridad de sus 10 instalaciones nucleares con sus 8 reactores. Supone la mitad de lo que deberán invertir los franceses en sus centrales, de acuerdo con las pruebas de resistencia exigidas por la autoridad comunitaria.
Ecologistas en Acción defienden que el visto bueno del CSN para postergar el cierre de Garoña, fijado para el 2013 "era de esperar", de un organismo dirigido por cinco consejeros pro-nucleares (dos designados por el PP, dos por el PSOE y uno por CiU). Para ellos, la petición nunca ha pasado de ser una mera formalidad.
Desde el CSN se deja claro, en cambio, que el dictamen concluye que no existe ningún impedimento bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, para evitar el cierre una vez que se analice la experiencia operativa de la instalación y sus resultados en el sistema Integrado de Supervisión de Centrales.
El escrito enumera las condiciones adicionales relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica que deben añadirse a las ya existentes en la autorización previa para la prolongación de su vida hasta 2013.