El rescate ha costado miles de millones de euros de las arcas públicas
Nuevamente, el importe de la comilona se apunta en la cuenta de la ciudadanía a través de este organismo, impuesto unilateralmente por el anterior Gobierno.
El FROB tiene por objeto gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar los recursos propios de las mismas, en los términos establecidos el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio de 2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. La forma que tomó esta normativa es muy importante para comprender la manera en que se gestó el fondo: los reales decretos son prerrogativa del Gobierno, que los aprueba sin intervención de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento.
La necesidad obliga
En su preámbulo, da los motivos que llevan a la implantación del fondo: "La situación actual no puede calificarse de normal y aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan, individualmente por su tamaño, carácter sistémico, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos, en caso de que se diesen las circunstancias que hicieran necesaria su utilización" [...] "En consecuencia, este real decreto-ley establece una serie de medidas para poder llevar a cabo la estrategia necesaria en materia de reestructuración bancaria mediante el establecimiento de un proceso predeterminado que se dirige a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema bancario español".
El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por ocho miembros nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda, de los cuales cinco lo serán a propuesta del Banco de España, y además uno en representación del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, otro en representación del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro y uno más en representación del Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito. Esta Comisión es la encargada de velar por que se cumplan las funciones del organismo, que consisten, básicamente, en sacar de apuros a entidades para que algún día, con mucha suerte, podamos contar con una banca eficiente.
Su pauta de actuación es bastante alambicada. Cuando una entidad de crédito presente debilidades en su situación económico-financiera que pudieran poner en peligro su viabilidad y determinen la conveniencia de que acometa un proceso de reestructuración, deberá informar de ello, con carácter inmediato, al Banco de España. Posteriormente, la entidad en cuestión tendrá un plazo de un mes para presentar un plan de actuación en el que se concreten las acciones previstas para superar esa situación. Si ésta es lo suficientemente peliaguda, el FROB, "guiado por el principio de la utilización más eficiente de los recursos públicos", podrá otorgar financiación para salvar de la quema al banco o caja en cuestión.
Un sumidero de dinero público
Para ello, cuenta con una dotación mixta de 9.000 millones de euros, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El importe de la dotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es de 6.750 millones de euros y el de la aportación del Fondo de Garantía de Depósitos de 2.250 millones de euros.
Para el cumplimiento de sus fines, el FROB también puede captar financiación en los mercados de valores emitiendo valores de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento. Los recursos ajenos obtenidos no deberán sobrepasar el montante de 3 veces la dotación que exista en cada momento.
La concepción y funciones del fondo han hecho que se haya convertido en el salvavidas predilecto del estamento bancario. Desde 2008 el FROB ha inyectado más de 21.500 millones de euros a las cajas de ahorros españolas que ahora, en su mayoría, ya operan como bancos.
La primera actuación del Fondo fue la que afectó a Caja Castilla-La Mancha (CCM), cuyo proceso de intervención, reestructuración y venta se alargó durante un plazo de varios meses y que abrió la puerta a un rosario de rescates y recapitalizaciones en plena vigencia con casos tan sonados como el de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM), Cajasur y NovaCaixaGalicia, todas rescatadas por el FROB, esa barra libre que papá Estado ha puesto a disposición de los malos gestores.