Sólo so­bre­vi­virá para au­to­con­sumo y pe­queñas ins­ta­la­ciones

El sector fotovoltaico tendrá que reinventarse y reducir costes para seguir existiendo

Denuncia la fu­tura pér­dida de más de 14.000 em­pleos y de 35 mi­llones en in­ver­siones ya rea­li­zadas

fotovoltaica
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La nueva po­lí­tica del Gobierno de Mariano Rajoy sobre las ener­gías re­no­va­bles, con­cre­tada en el Real Decreto Ley del pa­sado 29 de enero, va a su­poner un coste para el sector fo­to­vol­taico y ter­mo­solar muy sig­ni­fi­ca­tivo y le obli­gará a rein­ven­tarse. Durante el tiempo que dure este pa­rón, que aún no está cuan­ti­fi­cado, la única so­lu­ción que las em­presas ten­drían para so­bre­vivir sería me­jorar su tec­no­logía para que su coste de ge­ne­ra­ción pueda en­trar a com­petir en el mer­cado li­bre. Algo que será muy di­fícil que ocurra ya que el coste de pro­duc­ción de la fo­to­vol­taica, aunque ha ba­jado sig­ni­fi­ca­ti­va­mente en los úl­timos años, se sitúa en España en los 12,1 cén­timos de euros el Kw/h, mien­tras que la eó­lica cuesta 7,1, según datos del sector y te­niendo en cuenta las pri­mas.

 Los expertos creen que si sobrevivirá en cambio para autoconsumo y pequeñas instalaciones. De hecho el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que el Gobierno está tramitando una norma para posibilitar el autoconsumo de familias, lo que paliará los efectos adversos de aquella legislación. El borrador sobre autoconsumo lo envió el Ejecutivo en funciones a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a finales de noviembre pasado.

La UNEF, federación que agrupa a las cuatro principales asociaciones fotovoltaicas nacionales, AEF, ANPER, APPA Fotovoltaica y ASIF, ha denunciado que la nueva moratoria del Gobierno "discrimina de nuevo al sector fotovoltaico y plantea de hecho la pérdida de los costes hundidos de los proyectos que habían solicitado su entrada en las convocatorias Q1 y Q2 antes del 30 de noviembre". Cifran en 35 millones de euros las pérdidas y en 14.000 los empleos directos e inducidos que se perderán en dos años con este parón.

Desde esta federación calculan que la moratoria impuesta por Soria supondrá un ahorro del ministerio de 160 millones de euros al año sobre los costes del sistema eléctrico. Y lamentan que un 44%, unos 70 millones, procederán de instalaciones fotovoltaicas.

371 MW de energía fotovoltaica para 2020

Es un grave problema para España estos vaivenes en la política energética del país, máxime teniendo en cuenta que se debe lograr el objetivo planteado por la UE de conseguir que el 20% de la energía primaria sea cubierto con renovables en 2020. Es decir que para ese año España deberá lograr 371 MW de la energía fotovoltaica.

Según datos de la Asociación Europea de la Industria Solar Fotovoltaica, en la actualidad existen 68 gigavatios instalados en el mundo y calculan que esta cifra crezca hasta los 350 para 2020 y los 1.200 un año después. Lo cierto es que la tecnología para abaratar el coste de energía solar va por el buen camino ya que en el mundo se están firmando contratos de venta de energía por debajo de los 10 céntimos dólar por kilovatio /hora.

La razón es que hace cinco años un kilo de silicio, necesario para producir material fotovoltaico, costaba 500 dólares y ahora su coste ha bajado a 15 dólares.

Habrá más medidas regulatorias

Hasta ahora en España la principal beneficiada por las ayudas era la energía solar fotovoltaica que genera tan sólo el 2% de la electricidad y recibía el 36% de todas las ayudas a las renovables. La moratoria no va a afectar a los 1.200 MW termosolares que ya están inscritos en el prerregistro, aunque Unesa pide que se aplace su funcionamiento y en consecuencia el cobro de las primas.

El pasado viernes se acabó el plazo para que los actores aportaran sus ideas para acabar con el déficit de tarifa. Encima de la mesa el ministerio cuenta con sugerencias como aumentar la liberalización y la desaparición de la tarifa de último recurso, frenar la inversión en nueva capacidad, imponer una quita a las eléctricas y una menor remuneración para la energía nuclear e hidráulica, imponer el céntimo verde o eliminar el pago de interrumpibilidad que recibe la gran industria y supone unos 600 millones al año.

Cada uno arrima el ascua a su sardina y el sector eléctrico mantiene las espadas en alto. Las eléctricas, grandes perjudicadas por el déficit de tarifa, exigen medidas de más calado por parte del gobierno y Soria deberá equilibrar sus decisiones para no hundir a un sector que está demasiado inmaduro como para poder sobrevivir sin las primas.   

 

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