Además, dice haber acogido con "sorpresa" que los proyectos del prerregistro solo se hayan visto afectados en el caso de la fotovoltaica, a pesar del "potencial impacto de 2.000 millones de euros" de ahorro si la misma medida hubiese afectado a las plantas termosolares.La entidad insiste en este aspecto y cita como una de las posibles medidas de futuro el establecimiento de "un límite a la producción termosolar sujeta a primas, al igual que se hizo con la tecnología fotovoltaica".
JB Capital considera que la moratoria verde tiene un "impacto muy limitado sobre el déficit estructural de 2012" y, al igual que JPMorgan, alude a la "no moratoria a la tecnología termosolar", que podrá instalar 1.438 megavatios (MW) entre 2012 y 2013.
La medida, afirma, reducirá "muy escasamente" el déficit de tarifa en 2012 y 2013. Los 160 millones de euros pronosticados para este año por el propio Soria resultan "insignificantes" en comparación a un déficit potencial de 6.500 millones de euros, añade.
Goldman Sachs valora negativamente que el real decreto ley 1/2012 "no afecte a los proyectos prerregistrados", ya que esta circunstancia supone, desde su puntio de vista, desaprovechar una oportunidad para reducir el déficit de tarifa.
Tanto Cheuvreux como Citigroup y Bank of America Merryll Lynch coinciden en que la medida adoptada "no pone fin a la incertidumbre en el sector eléctrico" ni supone una "solución al problema del déficit de tarifa".
Citigroup advierte de que "el déficit de tarifa está lejos de ser resuelto", mientras que Bank of America destaca "la falta de solución para los 20.000 millones de déficit de tarifa acumulado".
IMPACTO LIMITADO.
Por otro lado, N+1 considera que la medida tiene "un impacto limitado" sobre "la reducción del déficit del sector", y la cuantifica en "un ahorro de 350 a 400 millones de euros por año a partir de 2013". El sector eléctrico, dice, continúa sometido a un elevado "riesgo regulatorio".
Ahorro Corporación cifra en 1.300 millones de euros al año el ahorro que se habría logrado si se hubiesen suprimido todos los megavatios actualmente inscritos en los prerregistros. Esta potencia, calcula, elevará a 8.800 millones las primas anuales.
Por último, BPI también coincide en que real decreto ley 1/2012 tendrá un impacto limitado y valora positivamente que el Ministro de Industria haya descartado cualquier medida retroactiva sobre el déficit acumulado.