Industria in­siste en cam­biar la ac­tual Ley de Hidrocarburos y volver al sis­tema de ta­rifas re­gu­ladas

Las petroleras se rebelan por las continuas críticas del Gobierno sobre los precios de los combustibles

Acusan a José Manuel Soria de querer po­nerles en contra de los con­su­mi­dores y de los ga­so­li­neros

Carburantes premium
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Las pe­tro­leras están que echan uñas contra el mi­nistro de Industria y Energía, José Manuel Soria, por los con­ti­nuos ata­ques que su­fren en re­la­ción a los pre­cios de las ga­so­linas y ga­só­leos que man­tienen en las es­ta­ciones de ser­vi­cio. Soria volvió este martes a acusar al sector de no estar a la al­tura de las cir­cuns­tan­cias de la crisis y de aplicar unos már­genes co­mer­ciales su­pe­riores a los de la media co­mu­ni­ta­ria. Con estos ar­gu­men­tos, el ti­tular de Industria in­sistió en que el Ministerio pre­para cam­bios en la ac­tual Ley de Hidrocarburos "por si las pe­tro­leras no ofrecen un precio para las ga­so­linas y ga­só­leos acorde con lo que sería desea­ble", señaló. El sector no quiso pro­nun­ciarse abier­ta­mente contra el mi­nistro pero todas las partes con­sul­tadas por Capitalmadrid ad­mi­tieron su fuerte ma­lestar por las in­si­nua­ciones cons­tantes en su po­lí­tica co­mer­cial y a quien acusan de ha­berles puesto en el flanco de los ata­ques de los con­su­mi­dores y de los ga­so­li­ne­ros.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOPE) no quiso hablar al respecto para no reabrir la polémica que se montó tras el informe reciente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en el que se les acusaba abiertamente de tener unos márgenes comerciales muy altos. Concretamente, en el documento se asegura que los márgenes de las petroleras han subido un 20% durante 2007-2010, como consecuencia de que no hay suficiente competencia.

Según avanzó ayer el ministro, las medidas que estudia el Ejecutivo afectan tanto al tramo mayorista como al minorista y tienen como objetivo encauzar los incrementos de precios de acuerdo al resto de los países europeos. "No queremos que ocurran casos distintos, sino simplemente lo que sucede en los países europeos", declaró Soria a TVE.

La AOPE ha enviado precisamente hace escasos días un contrainforme a Moncloa,  Industria y a Economía en el que niegan todos los argumentos en los que se apoya la CNC para acusarles de falta de competencia. Desde la patronal, se considera que, desde el pasado mes de septiembre, están siendo víctimas de un ataque permanente sobre el que no quieren entrar a debatir, pero que les está perjudicando mucho.

"Los políticos nos han puesto en el disparadero, por eso es mejor mantenernos callados", así de rotundo se mostró ayer una fuente del sector que no quiere identificarse pero matizó que el documento enviado al Gobierno contra la CNC "ha sido claro, realista y contundente". Sobre los argumentos jurídicos que se plantean en el mismo, se negaron a dar ningún tipo de detalle para no entrar más en polémica.

El ministro de Industria insistió ayer que en España el coste del combustible es similar a la media comunitaria si bien el margen comercial es superior. "Este encarecimiento queda parcialmente compensado de cara al consumidor gracias a que la fiscalidad española es inferior", dijo. Con ello, Soria dejó claro que, gracias a que los impuestos no son elevados, los precios se mantienen por debajo de la media. Por esa razón, el titular de Industria manifestó que las petroleras deberían hacer un esfuerzo y bajar sus márgenes igual que hacen las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y otros colectivos como la sanidad y la enseñanza.

El Gobierno no puede establecer un sistema de precios máximos para los carburantes porque la actual Ley de Hidrocarburos de 1998 no se lo permite, pero en caso de que Industria compruebe que la evolución de las tarifas no es acorde con lo que el Ministerio entiende que debe aplicarse, en ese caso, el Ejecutivo está dispuesto a modificar la actual legislación. Es decir, podría volver a los tiempos en los que los precios estaban regulados y se acabaría así con la liberalización.

Para el sector, una medida de este tipo contravendría las leyes del libre mercado porque tampoco se ha demostrado claramente que no exista competencia. En este sentido, Soria está convencido de que existe connivencia entre las tres grandes petroleras -Repsol, Cepsa y BP- para subir y bajar las tarifas. Más aún, se piensa que las gasolineras abanderadas estás sometidas a los dictámenes de las compañías y que no pueden marcar sus propia política comercial.

Las marcas blancas por lo general mantienen precios más bajos que las tradicionales y ahí es donde el Gobierno se apoya para tratar de meter en cintura al sector. Se da la circunstancia también de que la red de estaciones independientes está creciendo cada vez más, todo lo contrario de lo que ocurre con las tres grandes marcas que están reduciendo cada año sus puntos de venta. En la actualidad, existen 1.800 gasolineras con marcas blancas y 6.515 controladas por mayoristas, en su mayor parte dependientes de Repsol, Cepsa y BP. 

En los cambios que Industria quiere imponer, uno de ellos e importante, sería modificar el sistema de abanderamiento de modo que el gasolinero no tenga que estar tantos años bajo el paraguas de las petroleras y que puedan poner los precios libremente. Otra de las cláusulas que piensa suavizar es aquella que obliga al propietario de una estación abanderada a comprara a un mismo operador el 100% del combustible.

 

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