GEOPOLÍTICA

Herencia de la era Zaplana-Camps: 20.000 millones de déficit

Este año le vencen 4.000 mi­llones de una deuda de más de cien mil mi­llones

José Ciscar
José Ciscar

La si­tua­ción fi­nan­ciera de la Comunidad Valenciana es ca­tas­tró­fica, pero no se preo­cupen Vds., va­len­cianos y es­paño­les, porque sal­dremos de ella como lo hemos hecho en otras oca­sio­nes, nos viene a decir en una en­tre­vista en el diario Levante pu­bli­cada ayer do­mingo, el vi­ce­pre­si­dente de la Generalidad Valenciana, don José Císcar. Lo malo es que a sus de­cla­ra­ciones le faltan los de­ta­lles.

La comunidad no está en quiebra, le contesta a la periodista Sylvia Escribano, solo "está pasando una situación muy complicada que requiere de medidas excepcionales". ¿Está intervenida?: "Tampoco", es su tajante respuesta.

Con una deuda de casi el 20% del PIB de euros 101.111 millones (2010), este año 2012 le vencen 4.000 millones. La actividad económica de la región está en declive: en los tres años 2008-2010 cayó 6,4%, muy por encima de la media nacional. Entre 2008 y 2010 la renta media de los valencianos cayó 2% situándose un 11,1% por debajo de la renta media española. Uno de cada cuatro valencianos en edad de trabajar está en paro.

Los farmacéuticos no cobran a tiempo; las pensiones de dependencia se pagan con uno o dos meses de retrasos. A finales de diciembre la Generalidad estuvo a punto de ser declarada morosa por el Deutsche Bank, por un vencimiento impagado de euros 123 millones; una operación entre el Banco Santander y el gobierno la salvó una semana más tarde. Las deslumbrantes obras de ornato urbano, comunicaciones, entretenimiento, etc., emprendidas por la Generalidad, están todas afligidas por sobrecostes sobrecogedores, y por morosidad de mayor o menor gravedad.

El gobierno de la Generalidad quiere mostrar resolución y coraje. Sabe que está perdiendo prestigio ante los ojos de los valencianos y, lo que es peor, crédito ante los otros gobiernos autonómicos del PP. Idos están los tiempos en que gobernaba la Comunidad Valenciana don Francisco Camps, cuando el PP (en la oposición en el conjunto de España) ponía a Valencia como ejemplo de buena gestión y prosperidad. Hace dos o tres días el Sr. Feijoo, presidente de la junta gallega, ha rechazado que Galicia pueda encontrarse "en la situación financiera de otras comunidades, como Cataluña o Valencia".

¿Sólo un problema de liquidez?

La Generalidad tiene un plan de aplicación inmediata y a plazo medio para salir al paso de la crisis financiera que padece, nos asegura el vicepresidente Sr. Císcar. Pero se expresa de forma vaga e indeterminada respecto de las soluciones integrales y a largo plazo. Tiende a dar la sensación que la Comunidad sufre una crisis de liquidez, no una de solvencia. Empecemos por esto último.

"La Generalitat está planificando hacer frente a todas sus obligaciones, entre ellas la deuda", responde el Sr. Císcar a la periodista. "La Comunitat Valenciana toma nota de lo que dice Bruselas para España y para el conjunto de las autonomías", añade. ¿Por dónde pasa la solución?, se le pregunta: "por tomar las medidas que hemos tomado. En segundo lugar, por un sistema de financiación autonómico más justo". La Comunidad Valenciana también es acreedora de una deuda histórica, recuerda el Sr. Císcar. Entonces, ¿se la van a reclamar al nuevo gobierno?, pregunta la periodista. "no vamos a renunciar a ella, pero somos conscientes de las dificultades que entrañaría para el Estado español tener que hacer frente a ella porque también está en una situación de déficit público importante".

Una vez comprobado que el gobierno valenciano no ha logrado salir del estupor que le ha causado la conciencia de su situación financiera, y que no está muy claro lo que se propone hacer a largo plazo, para los restantes 16.000 millones que aún le quedarán por pagar si logra satisfacer los 4.000 millones de este año, y que se consuela queriendo creer en la existencia de esa cosa indeterminada de la deuda histórica que todas las comunidades parecen soportar (¿quién será el acreedor histórico?), veamos lo que la Generalidad ha anunciado como decreto-ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit de la Comunidad Valenciana, popularmente conocido como "tijeretazo de Año Nuevo".

Su monto ascenderá a euros 1.057,50 millones. Cuatrocientos catorce millones empezarán a entrar en caja de forma inmediata, a un ritmo aproximado de 34,5 millones al mes, y salen de recortes diversos a los funcionarios públicos (unos 226 millones), y de tasas (hidrocarburos, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).

El conjunto de los ahorros se escalonarán a lo largo del año. La supresión o reforma de empresas públicas aportará 121,3 millones. La masa salarial de los empleados públicos se verá recortada en 258,2 millones. El incremento de los impuestos aportará 238 millones. A la sanidad se le da un tajo de 440 millones.

De este modo la "era Camps" (y también la era Zaplana, que le precedió) entra en descrédito. Se caracterizó por una expansión brillante de las infraestructuras, pero también por una inflación de proyectos de prestigio caracterizada por un cierto exhibicionismo arquitectónico, una pulsión obsesiva por protagonizar eventos de prestigio internacional (Americas Cup, Formula 1), y una disposición injustificada a ocupar el lugar de la iniciativa privada, en emprendimientos arriesgados. Aparte de incontables casos de corrupción, solventados unos, en curso procesal otros.

Dudosa incursión en una esfera que sólo debía ser privada

Naturalmente, hay un lado bueno en la historia económica de la Valencia de los últimos quince años. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una excelente red de autovías, tanto estatales como regionales, uno de los puertos de contenedores más importantes del Mediterráneo, un tren AVE, etc. Todos ellos son factores que ayudan a dar plataforma a una productividad elevada.

Pero está también el mencionado exhibicionismo. Se refiere, por ejemplo, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Se trata de una obra de audaz belleza y grandiosidad, pero que no hace contribución significativa alguna ni a las artes ni a las ciencias, y se ha reducido a ser poco más que un parque temático de unas y de otras. Comprende un auditorio musical, cuando Valencia ya disponía de un moderno Palau de la Música a pocos cientos de metros de distancia. Si no pensamos en su costo y en su escasa utilidad pública, podríamos pensar que todo el conjunto es un monumento a su autor, el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Presupuestada en algo más de 330 millones, los sobrecostes y ampliaciones han supuesto 700 millones más. Sin contar los 15 millones que se le dieron a Calatrava por el proyecto de tres torres de viviendas que no se construyeron.

La incursión más evidente de la Generalidad en una esfera que debía ser exclusiva de la iniciativa privada fue Terra Mítica, el parque de atracciones cercano a Benidorm, presupuestado en 270 millones y costo real de 377, cuya explotación producía pérdidas que han movido a la Generalidad a trata de enajenarlo.

Otro ejemplo de incursión en la esfera privada por la pública es la Ciudad de la Luz, de Alicante, destinada a ser un centro de producción cinematográfica y televisiva de rango internacional. Ha alcanzado acuerdos de producción con Cuba y la República Dominicana. Pasó de 100 millones presupuestados a 340 millones.

¿Qué decir del aeropuerto de Castellón (150 millones, aunque presupuestado en 113) y que aún espera su primer avión? Eso sí, dispone de un monumento a su promotor, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Ha sido un duro despertar. Reconozco que yo mismo me dejaba encandilar por las apariencias de progreso y modernidad de Valencia, pero al fin y al cabo yo, como la casi totalidad de valencianos y españoles, no tenemos por qué estar impuestos en los negocios públicos, ni en rentabilidad de las grandes inversiones de las instituciones. La propia incertidumbre de las palabras del Sr. Císcar nos evoca la profundidad del abismo, no tanto fiscal como de ideas y de claridad de visión, que aún debemos atravesar en España, para volver a encontrar la senda del crecimiento y la prosperidad.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales

 

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