Bancos y cajas están muy pendientes de la decisión que decida el Gobierno como resultado final. Están transmitiendo sus datos sobre todo a los inspectores del Banco de España que, según medios financieros, están haciendo un trabajo impecable. Ellos además cuentan con datos de sus colegas internacionales que no tienen los ejecutivos españoles del sector. Pero la conclusión del presidente de La Caixa, Isidro Fainé, es que aunque hablan con todos y entre todos no sabe qué pretende el Gobierno.
El plan actual distingue entre cuatro grandes grupos de entidades en función de su músculo financiero. Primero están los grandes grupos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Popular. Son los bancos saneados y que no necesitarían de nadie para poder afrontar las nuevas provisiones planteadas por el equipo de Mariano Rajoy. CaixaBank ha logrado según las cuentas que presentaron el pasado viernes un ratio de capital del 12,5%. Ha logrado en el 2012 lo que Basilea pide para la banca mundial en el 2018.
En segundo lugar están las entidades que, encontrándose saneadas, van a tener que ampliar capital o vender activos para reducir el ratio actual entre capital y activos ponderados por riesgos. Entre ellas están el resultado de la fusión de Unicaja, Caja España y Caja Duero, KutxaBank, Bankinter e IberCaja.
Las entidades más necesitadas
En un tercer grupo están Banca Cívica, BMN, Liberbank y Caja 3. Estas entidades o se fusionan o piden dinero público para lograr el objetivo fijado por el Gobierno.
Finalmente en un cuarto grupo se encuentran las entidades ya en subasta: Catalunya Caixa, NovaGalicia, Unnim y Banco de Valencia.
La gran incógnita es lo que pueda suceder con Bankia. Está previsto que las provisiones para sanear las entidades se pueda llevar a cabo durante dos años, fijando el grueso de las mismas en el ejercicio presente.
La primera cifra dada a conocer por el ministro de Economía y Competitividad tras ser nombrado por Mariano Rajoy es que bancos y cajas necesitarían potros 50.000 millones para provisionar sus maltrechas carteras con el sector inmobiliario. Pero no supondría un coste para el erario público.
Ayudas transitorias
En la actualidad no se descarta que el Estado pueda participar en el proceso e incluso se dan cifras. La estimación en el sector es que el Estado pueda contribuir con entre 7.000 y 10.000 millones de euros.
Estas cantidades se articularían a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, FROB. Y se contempla la posibilidad adicional de que también participe el Fondo de Rescate Europeo. Esta ayuda se articularía a través de suscripción de títulos, como participaciones preferentes o bonos convertibles.
La ayuda, según las exigencias de Bruselas, tendría carácter transitorio, no sería a fondo perdido y supondría un coste para las entidades que las recibieran. El Gobierno obtendría unos ingresos vía dividendos o a través del cobro de intereses como ocurre con el FROB 1.
El resto de la factura de saneamiento lo debe cubrir el propio sector, con la generación de resultados, su exceso de fondos propios, o ampliaciones de capital y ventas de activos. Son todas las fórmulas que se han barajado hasta el momento.
También se cuenta con las participaciones preferentes emitidas por las entidades, que se convertirán en capital de máxima calidad. Los grandes grupos están en vías de convertir hasta 10.000 millones en preferentes.
Falta por conocer el detalle concreto de las exigencias de cobertura de los créditos concedidos por las entidades. Se da por hecho que la provisión de la inversión en suelo será del 70%, la de inmuebles adjudicados al 55% y la de crédito personal en riesgo hasta el 40%.
Son los datos que todavía negocia el Gobierno. Quizás por ello Luis de Guindos ha tratado de retrasar al máximo su comparecencia en el Congreso y hacerlo una vez que el Consejo de Ministros le haya dado el visto bueno a su propuesta.