Pese a que la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía sostenible introduce una regulación homogénea de los Organismos Reguladores, principalmente por influencia del ordenamiento de la Unión Europea, los populares quieren tomar decisiones en contra de lo decidido por el PSOE. Están en desacuerdo muy en especial, sobre todo por la forma en cómo se llevaron a cabo los últimos nombramientos de personas que habían ocupado altos cargos en ministerios del Gobierno Zapatero.
Pese a que en su día se destacó por juristas y economistas que estas nuevas normas suponían un avance significativo sobre la regulación existente, que los populares no niegan, la decisión política está tomada. Quieren seguir manteniendo las garantías de independencia de estas instituciones y la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento, pero la forma de llevar a cabo los nombramientos no les parecieron las adecuadas y quieren cambiar a los consejeros más políticos, y por lo tanto eventualmente menos independientes.
Algo similar se planteaba inicialmente llevar a cabo con el consejo del Banco de España, cuya futura estructura ha anticipado capitalmadrid.com. En él no existirían representantes del Gobierno. Lo más urgente para el PP parece ser desmantelar los consejos actuales de las comisiones de la energía y telecomunicaciones, cuyos órganos fueron nombrados por Miguel Sebastián con el amparo de la vicepresidenta Económica, Elena Salgado, sin el consenso del Partido Popular que consideraba que no se debían renovar los consejos, y menos nombrar políticos que habían ocupado cargos en los ministerios, cuando se daba por hecho la debacle socialista.
Mapa de los actuales conejeros de CNE y la CMT
Tras los desacuerdos con el PP, Industria completó la renovación de la CMT en julio del 2010 con un claro perfil político y con el objetivo de que los nacionalistas apoyaran al Gobierno en los presupuestos generales. Nombró a Bernardo Lorenzo, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, para la presidencia y como consejeros a Marta Plana Dropez, a propuesta de CIU, y Xabier Ormaetxea Garai, a propuesta del PNV.
En cuanto a la CNE, el PSOE nombró en julio del 2011 como presidente a Alberto Lafuente Félez, persona cercana al Gobierno y que fue presidente de Correos y Telégrafos. Ese mismo día se nombró a Marina Serrano (secretaria general del consejo de la CNE) , Joan Batalla (exjefe de gabinete de la ex presidenta de la CNE Maite Costa), Josep Maria Guinart i Solá (exdiputado de CiU) y María Teresa Baquedano (exsubdirectora de Energía eléctrica) como nuevos consejeros del regulador energético. Previamente se habían incorporado la exvicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia por parte del PNV y el académico Tomás Gómez San Román, de la mano del PSOE que sustituyeron a los dos que ocupaban el cargo por mandato del PP.
El PSOE teme una falta de independencia en los órganos
En cambio, entre los socialistas se teme que la reforma que buscaba por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la independencia frente al Gobierno y frente a los sectores correspondientes, se vea afectada con la pretendida excusa de que se han producido nombramientos políticos.
Desde el PSOE exigen que tanto el Ministro como quienes vayan a ser nombrados presidentes o consejeros de los organismos reguladores correspondientes tengan la obligación de comparecer ante el Parlamento y se mantenga la obligación de que elaboren un informe económico sectorial y el plan de actuación del organismo correspondiente.