La principal medida introducida por el Real Decreto Ley aprobado en uno de los últimos Consejos de Ministros que le quedan a Zapatero es el aumento del máximo legalmente fijado para las aportaciones anuales que las entidades deben realizar al Fondo, elevándolo del dos por mil al tres por mil de los depósitos, para asegurar su capacidad financiera. La contribución real que todas las entidades deben aportar anualmente se fija en el dos por mil de los depósitos, cuando hasta ahora oscilaba entre el 0,6 por mil y el uno por mil.
El pasado 14 de octubre, el Gobierno aprobó la creación de un único Fondo de Garantía de Depósitos para todas las entidades de crédito, de forma que cumpla mejor su doble función. Por un lado, la cobertura de los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros. Por otro, la ejecución de las actuaciones necesarias que refuercen la solvencia y el funcionamiento de una entidad en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes y del propio Fondo de Garantía de Depósitos.
El Gobierno no oculta que el incremento de la aportación real de las entidades al Fondo, que en algunos casos se duplica, busca que éste pueda hacer frente a las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de recapitalización de una entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Tanto el equipo de la vicepresidencia económica Elena Salgado como el que tiene Mariano Rajoy en el PP son muy conscientes de que al Fron se le amontona el trabajo: CAM, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Unnim. Sólo NovaGalicia Banco parece en condiciones de concretar la entrada de inversores privados que reduzca la presencia del Frob. Y que va a ser imposible que esos saneamientos no terminen costando dinero al Estado. También hay que estar preparados por si alguna entidad financiera más entrara en dificultades en los próximos meses.
En la vicepresidencia económica del Gobierno en funciones reconocen que si el FROB registrara pérdidas en el proceso de adjudicación de la CAM, éstas se trasladarían "de manera inmediata" al Fondo de Garantía de Depósitos, para que no corran a cuenta del Estado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda en funciones, Elena Salgado. Cuantificó en unos 1.600 millones de euros lo que va a recibir el Fondo con la elevación al dos por mil de las aportaciones de las entidades. El Fondo actualmente cuenta con unos 6.600 millones. Con esta medida, se garantiza que la reestructuración del sistema financiero en España "tendrá un coste cero para los contribuyentes". Lo que, según Salgado, supone un "elemento diferencial" respecto a "muchos" países de la Unión Europea, en una poco velada crítica a las ayudas públicas que muchos Gobiernos han concedido a sus entidades financieras.
Pese a esta garantía, el Gobierno en funciones ha introducido modificaciones en la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos para contar con la máxima seguridad jurídica posible en los casos en que el patrimonio líquido disponible de éste no sea suficiente para afrontar todos los procesos de reestructuración necesarios. Así, se contempla que las entidades financieras tengan que asumir posibles derramas o un incremento del endeudamiento del Fondo, si se considera necesario.
Salgado ha aprovechado para adelantar que los ingresos para el Estado derivados de las ayudas al sistema financiero español superarán los 2.000 millones de euros al cierre de este año. Estas ayudas, fundamentalmente a través de avales de sus emisiones, "no han tenido impacto" en los contribuyentes. Y recuerda que el Frob cobra unos intereses superiores al 7,75% por esas ayudas a la banca. También defiende que "este Gobierno ha hecho la tarea que le correspondía con respecto al sistema financiero".
Pero la AEB considera "sorprendente e injusto" que se incrementen las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos, cuando éstos no sólo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya el patrimonio (2.347 millones de euros) que tenían históricamente constituido en su fondo antes de la unificación. La patronal bancaria reclama "una hoja de ruta clara y transparente para hacer frente, de forma definitiva, a lainacabada reestructuración del sistema financiero".
La Ceca cree que la decisión es "precipitada", lamenta que "no haya sido debatida con el sector". Además, puede distorsionar los calendarios de planificación de las entidades, pues se produce a escasos días de cerrar el ejercicio y pocas semanas antes de que se produzcan las aportaciones ordinarias al Fondo. Y, como la AEB, insiste en la necesidad de "un entorno regulatorio estable". Las entidades necesitan "un contexto de seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad, de forma que se puedan adoptar las decisiones adecuadas para culminar el proceso de reestructuración sectorial y así contribuir a la normalización del flujo de crédito a la economía real". La aprobación de esta medida, pocas semanas después de la última reforma del régimen del Fondo de Garantía de Depósitos (que data del 14 de octubre pasado), "no contribuye a consolidar un escenario de estabilidad normativa".
La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) cree que "se vuelve a penalizar el modelo de banca tranquila y minorista", que "no es la que ha cometido excesos y la única que sigue manteniendo la concesión de crédito". La medida afecta "muy negativamente" a las cooperativas de crédito, que pasan de un porcentaje de aportación del 0,8 por mil a uno del 2 por mil, lo que significa multiplicar por 2,5 las aportaciones actuales, cuando las subidas impuestas a otros sectores únicamente suponen un incremento del 100%.
Las cooperativas de crédito recuerdan que su sector es el único que, hasta el momento, no ha requerido ninguna intervención del Frob. Y que el proyecto de Directiva de Sistemas de Garantía de Depósitos implanta el criterio de que "las aportaciones se realicen en función del riesgo", por lo que las que deberían hacer estas entidades serían "muy inferiores a las exigidas".