En su intervención inicial, el candidato a la presidencia del Gobierno, manifestaba que resulta necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. Rajoy apuntaba que frente el resto de países han emprendido hace años esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, en España todavía pesan serias incertidumbres sobre los balances, y el acceso a la financiación internacional de nuestras entidades es extremadamente difícil.
Diputados populares recordaban este lunes al oír estas líneas los argumentos que ha defendido en el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura, Ramón Aguirre, tanto con ocasión de alguna de las comparecencias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, como en las intervenciones del subgobernador Javier Aríztegui, ante la subcomisión del FROB. E interpretaban que era un apoyo claro de Mariano Rajoy a la candidatura de Cristóbal Montoro para desempeñar altas funciones en la nueva administración de Rajoy.
El presidente del PP recordaba que es la situación de las entidades financieras españolas la que ha llevado a una escasez de crédito y liquidez para las empresas y familias españolas sin el saneamiento y posterior reestructuración de nuestro sistema financiero, para que resulten entidades rentables, fiables y solventes.
Para conseguirlo Mariano Rajoy propone como primera medida el saneamiento de los balances. Que queden despejadas las dudas sobre las valoraciones de determinados activos, especialmente inmobiliarios, que están impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a los mercados, y a su vez, contaminan la credibilidad de la Deuda Pública.
Por ello Rajoy ha propuesto para sanear los balances dos actuaciones: la venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras y realizar una valoración muy prudente de los activos menos líquidos, como los solares y aquellas promociones que están todavía sin terminar.
El futuro presidente del Gobierno admite, como han venido señalando analistas e inversores internacionales, que las medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances. En consecuencia resulta inevitable, según Rajoy, asumir una segunda ola de reestructuraciones.
En este sentido ha sido muy preciso: habrá más fusiones que suponen nuevos cambios en el mapa bancario español, hasta tener entidades suficientemente sólidas.
Y habrá más necesidades de capital para mantener la solvencia de las entidades. Ya antes de que hubiera dicho abiertamente que no es partidario del banco malo, esta afirmación se interpretaba como un darle la razón a Cristóbal Montoro.
También plantea un cambio en el modelo de regulación de las entidades tenedoras de las acciones, cajas y fundaciones procedentes de cajas, para garantizar su independencia y su profesionalidad.
Propone el Partido Popular, como anticipaba la iniciativa parlamentaria de Soraya Sáenz de Santamaría en la legislatura precedente, un cambio del sistema de supervisión y regulación del Banco de España.
Pese a la defensa que realizó en su última comparecencia ante el Congreso de los Diputados el todavía Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de su modelo, Rajoy quiere una inspección agilice y tecnifique su actuación, evitando las indecisiones y bloqueos que lo han caracterizado.
Rajoy además ha puesto fechas al proceso, la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero se llevará a cabo en los primeros seis meses del año, como requisito imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y hogares y, con ello, fomentar la recuperación del crecimiento y del empleo en nuestro país.
No está todo dicho respecto de la futura reforma del sistema financiero, pero no cabe duda que los apuntes que muestra Mariano Rajoy son más claros que las actuaciones de los todavía encargados del Banco de España.