El PSOE se di­vorcia de la Sociedad General de Autores y apoya la crea­ción de una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual

La desaparición del canon digital 'une' a los partidos políticos tras el escándalo en la SGAE

Victor Domingo, pre­si­dente de la Asociación de Internautas, de­clara que "no es de re­cibo" que se ad­mi­nis­tren los de­re­chos desde el sector pri­vado

SGAE
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El asunto de los de­re­chos de autor siempre ha sido un que­bra­dero de ca­beza para el PSOE. Y es que es muy di­fícil sa­tis­facer al mismo tiempo a los con­su­mi­do­res, por un lado, y a los ar­tistas e in­te­lec­tuales de los que se ha ser­vido en nu­me­rosas oca­siones para hacer pro­se­li­tismo, por otro. El Partido Socialista no re­nuncia a "compensar al autor por la copia pri­va­da", pero sus­ti­tu­yendo el canon di­gital por un nuevo in­genio ju­rí­dico que no atente de forma tan fla­grante contra los de­re­chos de los usua­rios. Frente a este plan, el resto de par­tidos na­cio­nales de peso (PP, IU y UPyd) re­chazan ta­jan­te­mente el canon y piden su­pri­mirlo. Esta es una de las con­clu­siones a las que lle­garon los re­pre­sen­tantes de PSOE (Rafael Simancas), PP (Álvaro Ballarín), IU (Rafael Fernández), UPyD (Carlos Martínez Gorriarán) Convergencia i Unió (Ángels Ponsa), reunidos el pa­sado día 16 en el Centro de Arte Reina Sofía, para de­batir sobre 'Cultura y Estado' dentro del III Foro de Industrias Culturales.

No era la primera vez que esta controversia salía a la palestra en la carrera hacia el 20-N. En lo relativo a la cultura -como en casi todo- el programa socialista va a la desesperada, intentando unificar posturas y hacer que llueva a gusto de todos. Hace dos semanas, Alfredo Pérez Rubalcaba no sólo anunció su intención de reformar la actual regulación de la propiedad intelectual, desechando el muy polémico canon, sino que copió la propuesta del PP de crear una agencia estatal de propiedad intelectual que coexista con las actuales gestoras de derechos de autor. Éstas, con la SGAE a la cabeza -muy a la cabeza-, imponen su ley en conciertos, establecimientos, bodas, bautizos, comuniones y cualquier lugar donde funcione una radio o un televisor, a falta de que le enseñen la factura a todo ciudadano que acostumbre a emular a Bob Marley en la ducha. Tiempo al tiempo.

El programa del PSOE incluye "crear una agencia de propiedad intelectual, con participación de las comunidades autónomas, para integrar en un único organismo los diferentes aspectos de la gestión pública de la Propiedad Intelectual". Fuentes socialistas han aclarado a _Capital Madrid _que la medida en modo alguno significará la desaparición de las actuales entidades gestoras, sino que la administración colectiva de los derechos de propiedad intelectual deberá seguir haciéndose a través de éstas.

Estas mismas fuentes han explicado que la nueva agencia estatal "asumiría las competencias de la actual Subdirección General de Propiedad Intelectual, más las nuevas que se deriven de un papel más reforzado de las Administraciones Públicas en lo que respecta al control y supervisión de las entidades de gestión".

Se trata, pues, de un centinela y no de un verdugo. Seguro que en la concepción de la iniciativa no tienen nada que ver la lluvia de piedras que le ha caído al Ministerio de Cultura por la ley Sinde, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Audiencia Nacional que califican de abusivo al canon digital o la investigación judicial de que es objeto la SGAE. Parece que no quiere díscolos a su alrededor el ladino político cántabro.

Eso sí, los que esperen la derogación de la mencionada ley, que no se hagan ilusiones. En el muy improbable caso de salir victorioso en las elecciones, el Partido Socialista mantendrá la normativa, que da vía libre a la clausura de páginas web que faciliten descargas de contenidos sujetos a la propiedad intelectual.

Falta saber cual será el contenido concreto de la panacea jurídica que blindaría la propiedad intelectual sin vulnerar los derechos o la presunción de inocencia de los usuarios, mandando al olvido al canon digital. Esta tasa, que se aplica sobre equipos y soportes electrónicos para compensar los ingresos que los creadores dejan de percibir por la práctica de la copia privada, sería sustituida por un nuevo modelo de protección.

**Los internautas firmes **

Una de las agrupaciones que más activamente se han opuesto al canon digital y a la ley Sinde ha sido la Asociación de Internautas. Su presidente, Víctor Domingo, ha respaldado en declaraciones a _Capital Madrid _la creación de una entidad estatal que gestione los derechos de autor, los cuales considera "legítimos", aunque, en su opinión, "no es de recibo que los gestionen entidades privadas". Organizaciones que en muchos casos perpetran "abusos".

Domingo ha advertido que cualquier medida alternativa al canon tiene que pasar "por la condición _sine qua non _de un debate con los usuarios, que son los que pagan". Asimismo, ha sostenido que toda reclamación sobre derechos de autor "tiene que corresponder a una obra, no ser exigidos arbitraria e indiscriminadamente, lo cual da lugar a actividades fraudulentas como el asunto de las partidas de la SGAE".

Para Domingo, la medida que se alumbre para reemplazar la odiada tasa "debe ser aplicada sobre el original", y no sobre los soportes de copia.

Sin embargo, al presidente del Partido Pirata, Ángel Vázquez Hernández, la eliminación del canon le suena más a chiste que otra cosa. En declaraciones a Europa Press, Vázquez ha declarado que la medida le parece un "chiste", ya que las sentencias judiciales en contra han convertido al canon en algo que "ya está muerto", y ha recordado que "el PSOE ha defendido durante años a capa y espada el dichoso canon".

El alambique de las gestoras

¿Y quién administra y distribuye el canon que pagamos religiosamente? Hasta 1987, en España existía únicamente una entidad de gestión de derechos de autor, la SGAE, que gestionaba todo tipo de derechos en régimen de monopolio. Tras la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual en 1987, y acompañando a la introducción de nuevos derechos en la ley, surgieron nuevas entidades que básicamente se encargaron de la gestión de los nuevos derechos reconocidos. De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos) y DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales). De Artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España y AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión). De Productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).

De esta forma, en estos momentos existen en España ocho gestoras que no compiten en la gestión de los mismos derechos, sino que, a pesar de que la LPI no lo imponía, cada una de ellas se ha especializado en la gestión de derechos que ninguna otra gestiona normalmente de un determinado colectivo de titulares. Así se montan lo que la Comisión Nacional de la Competencia, en su último informe al respecto, no dudó en calificar de monopolio. Esto es así con la única excepción de los derechos de los autores del medio audiovisual (directores y guionistas), donde a partir de 1999 operan dos entidades: SGAE y DAMA.

Como entidades privadas, funcionan con total autonomía y sólo están sujetas a la observancia de las normas del ordenamiento jurídico y en particular a lo dispuesto en la LPI. Entre sus funciones está la de administrar el cobro del canon y distribuirlo entre los artistas y creadores. Esta tasa les permite llegar a cifras de recaudación mareantes.

Todo el mundo odia a la SGAE

Los ingresos del conjunto de entidades de gestión en 2007 ascendieron a 518,9 millones de euros, según cifras de la Comisión Nacional de la Competencia. El 71,1% de esa cantidad (369,1 millones) correspondió a la SGAE, con diferencia la más importante, con casi 94.000 afiliados, un 70% del total. Si atendemos a los métodos que han empleado durante años para obtener ese dinero, no es difícil comprender por qué se han convertido en las siglas más vilipendiadas de España.

Aunque su ex presidente, Teddy Bautista, henchido de superioridad moral, aludiera al "bajo nivel cultural de los españoles" para explicar las razones de este desprecio, la SGAE se ha ganado a pulso estar en la diana. Su voracidad recaudadora no se ha detenido ni ante conciertos benéficos por las víctimas del terremoto de Lorca ni ante verbenas organizadas con el fin de recaudar fondos para Haití. La inexistencia de los autores a los que supuestamente representan no es óbice para poner la mano: durante años, cobró los derechos de algunas de las letras de la coplas de los carnavales de Cádiz, cuyos autores eran falsos.

Esta entidad ni olvida ni perdona. Hace tres años exigió 1.100 euros al propietario jubilado de un bar que echó el cierre 23 años atrás. La lista de emboscadas a particulares es interminable: peluquerías y residencias de ancianos por tener la televisión y la radio encendidas, tiendas, carnicerías... ni los tunos de las universidades escapan a sus tentáculos. Sus agentes llegaron incluso a personarse en un domicilio privado, el cual registraron sin autorización alguna, haciéndose pasar por personal de un juzgado.

La guinda del pastel ha sido la investigación judicial abierta contra la entidad a causa de un presunto desvío de fondos en su filial digital, SDAE. Un proceso jalonado de escándalos que ha provocado la marcha del ínclito Teddy Bautista de su consejo de dirección y dinamitado el ínfimo prestigio que le quedaba a la gestora y a sus responsables.

Con la iniciativa de crear una agencia estatal de gestión de derechos intelectuales y sepultar el canon digital, Rubalcaba parece desmarcarse de la perniciosa influencia de la SGAE y sus tropelías. Sin embargo, la alternativa a la malherida tasa parece que no ha convencido a la ‘cofradía de la ceja', los artistas y supuestos intelectuales que se prestaron a hacer propaganda para Zapatero hace cuatro años. A Rubalcaba no le han dado el mismo apoyo: ni han pedido el voto para el PSOE en anuncios televisivos ni se han puesto una calva postiza para dar continuidad al famoso gesto de la ceja. Joaquín Sabina, Pilar Bardem y compañía han trasladado su vocerío político a IU, que es ahora el partido que se beneficia de su ‘glamour'. Cría cuervos...

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