El decreto ley aprobado el pasado jueves (la Junta de Castilla y León tenía seis meses para adaptar la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, la Lorca, pero se ha dado mucha prisa en hacerlo) exige un apoyo de las cuatro quintas partes de sus asambleas (la norma estatal habla de una mayoría reforzada de dos tercios) para la aprobación de fusiones, sistemas institucionales de protección (SIP), el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de un banco, y para la transformación de las entidades de ahorro en fundaciones.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, principal, opositor a la entrada de cajas de la autonomía en el SIP de Caja Madrid, justificaba tras el Consejo de Gobierno el endurecimiento de esas condiciones en que estas operaciones, sobre todo las fusiones virtuales, suponen "decisiones especialmente trascendentes para el futuro y la permanencia de las cajas". Posteriormente a la aprobación del decreto ley, Villanueva insiste en sus críticas al SIP liderado por Caja Madrid, y en el que participan Caja Ávila y Caja Segovia, porque cree que es "una operación desmesurada", en la que la Junta de Castilla y León "no participa".
En el Gobierno autonómico destacan que el decreto ley fue pactado con el Partido Socialista de Castilla y León, y que los presidentes provinciales del PP no se han opuesto a esa medida. Pero en el PP nacional no ha gustado nada la decisión porque entorpece los planes de crear un gran grupo de cajas en las autonomías controladas por esta formación y porque no ayuda al proyecto impulsado por el vicepresidente económico de los Gobiernos de José María Aznar (que procede de Castilla y León), Rodrigo Rato. Además, se otorga al PSOE una capacidad de veto sobre el futuro de las cajas de Castilla y León.
Cumplir esta condición de cuatro quintos no será fácil para Caja Ávila ni para Caja Segovia. Los opositores a esta fusión virtual solo necesitan 25 de los 120 consejeros generales para tumbar la operación en las asambleas generales del día 14. El PSOE y otros colectivos representados en ambas asambleas disponen de al menos 25 votos para impedir la fusión virtual, aunque los socialistas, que en Madrid apoyaron la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia de Caja Madrid frente a los intentos de Esperanza Aguirre de colocar en el puesto a su vicepresidente Ignacio González, matizan que apoyarán la entrada de Caja Ávila y de Caja Segovia en el grupo siempre que se garantice el mantenimiento del empleo en las dos entidades.
En cualquier caso, los presidentes de Caja Ávila y de Caja Segovia confían en sacar adelante el acuerdo ya adoptado el pasado 29 de julio por los consejos de administración. Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, admite "una cierta sorpresa"** **por la exigencia de los cuatro quintos. Más duro es el presidente de Caja de Ávila, Agustín González: "Estoy tranquilo porque Caja de Ávila ha jugado limpio, aunque el árbitro haya cambiado las reglas de juego a mitad del partido. Ganaremos el partido". Y se producirá la victoria "de Ávila, de Castilla y León y de Caja de Ávila".
Pero el decreto ley introduce más cambios que afectan a todas las cajas de Castilla y León, no sólo a las que promueven la fusión virtual con BanCaja Madrid. Tras una exposición de motivos, en la que justifica las modificaciones en la necesidad de captar recursos en los mercados de capitales, rebajar la politización y aumentar la profesionalización de los órganos de gobierno, la Junta de Castilla y León permite que las cajas puedan convertirse en bancos, regula la presencia de capital privado en las entidades con plenos derechos políticos, reduce del 50% al 40% la representación de las Administraciones o entidades públicas, del 32% al 21% la representación municipal, eleva la presencia de los impositores e integra por primera vez al Consejo del Diálogo Social dentro de las entidades de interés general.
Los cargos políticos no podrán forman parte de los órganos de gobierno y en aquellas entidades ajenas a procesos de fusión deberán dejar sus puestos en febrero. Lo mismo les ocurrirá a aquellos empresarios con intereses u operaciones en las cajas. Esta norma afecta al presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, que impulsó la integración en el Grupo Banca Cívica (Caja Navarra y CajaCanarias) tras negarse primero a una fusión virtual con todas las entidades de ahorro de la comunidad autónoma y luego a una integración efectiva con Caja Duero y Caja España. Pero también al presidente de Caja España, Santos Llamas, que además desairó al Gobierno autonómico y al Banco de España al forzar a su consejo de administración que la propusiera como presidente de la nueva entidad sin contar con Caja Duero.
Sin embargo, el decreto ley que ya ha entrado en vigor (salvo en la parte que regula la elección de los presidentes de las entidades) abre la puerta a que todos los grupos menos los empleados puedan nombrar como consejeros de las cajas de ahorros a terceras personas. Y permitirá que los miembros del consejo de administración de las cajas puedan ser retribuidos, pero entonces no podrán cobrar de otras empresas, ya sean públicas o privadas.