El Congreso mexicano, en el que el opositor PRI ostenta la mayoría relativa y alberga altas probabilidades de acceder al poder en las próximas elecciones, inicia el nuevo período de sesiones con una fuerte resistencia a aprobar reformas económicas urgentes, como el mercado laboral, el sistema tributario o el sector de los hidrocarburos, durante los dos años que le restan de mandato a Calderón, del Partido de Acción Nacional. Los observadores ven en esta parálisis legislativa una operación de filibusterismo político que ahondará aún más si cabe las dificultades de la economía mexicana para salir fortalecida de la crisis financiera internacional. "Nos faltan las reformas estructurales que se requieren para destapar el crecimiento, la política está deteniendo el crecimiento", según un senador del PAN.
Durante la pasada campaña presidencial, Calderón prometió generar un millón de empleos anuales y modernizar la economía con un amplio repertorio de reformas que ahora parecen estancadas ante la prioridad de atender la violencia que asola algunas regiones del país por los carteles del narcotráfico y que está poniendo en tela de juicio la capacidad de las autoridades para controlar la situación.
La estrategia del Gobierno contra los carteles de la droga de desplegar decenas de miles de militares y de policías en los estados fronterizos con Estados Unidos ha sido muy criticada por sus escasos éxitos en reducir los elevados niveles de violencia, cuyo saldo supera los 28.000 muertos durante el mandato de Calderón. Algunos analistas sostienen que la falta de una jerarquía de objetivos en la lucha contra el narcotráfico está haciendo perder la partida del Gobierno contra el crimen organizado. De entre las medidas que Calderón ha propuesto para mejorar la represión del narcotráfico se incluyen la de impedir el lavado de dinero para golpear la estructura financiera de los carteles y la de establecer una policía única en todo el país con un mando centralizado.
La economía de México creció una media anual del 1,9% en la última década, comparado con el 3,7% de Chile y el 3,3% de Brasil. Décadas de escasas inversiones en educación, energía e infraestructuras públicas han reducido la capacidad de crecimiento de su economía empujando a centenares de miles de mexicanos a emigrar a en busca de mejores condiciones de vida a Estados Unidos.
Según coinciden economistas y observadores políticos, México necesita abordar una nueva reforma fiscal, más profunda que las dos anteriores llevadas a cabo durante el actual mandato de Calderón, para aumentar la recaudación y reducir la dependencia de las exportaciones de petróleo, que representan el 40 por ciento de los ingresos fiscales.
Otra reforma urgente es la del sector energético después de que la realizada en 2008 se demostrara insuficiente. La oposición se resiste a que el sector privado participe en la construcción y gestión de nuevas instalaciones petroleras por entender que es una pérdida de soberanía sobre los recursos naturales. Otras reformas inaplazables son la del fomento de la competencia para impedir prácticas monopolistas, cuya tramitación está pendiente en el Senado, y la del mercado laboral, para crear nuevas figuras de contratos que den respuesta a los profundos cambios que está experimentando el mercado de trabajo.
En el orden político, se han presentado iniciativas, de suerte incierta, para reformar el sistema electoral y reducir el número de legisladores. Pero las actuales dificultades para alcanzar un consenso con el PRI hacen dudar que Calderón pueda acabar su mandato con un relativo éxito en sus objetivos reformistas. El principal partido de la oposición tiene posibilidades de ganar en las próximas elecciones presidenciales de 2012 y quizá hasta entonces México tendrá que seguir sesteando.