Aplazadas las grandes obras pú­bli­cas, salvo el AVE a Lisboa, por re­cortes pre­su­pues­ta­rios

Portugal se aprieta el cinturón y la pagan las concesionarias españolas

ACS, Ferrovial y en menor me­dida FCC son las cons­truc­toras más afec­tadas

Portugal
Portugal

Portugal ya se ha hecho a la idea -quizá más rá­pi­da­mente que Grecia, España y menos que Irlanda- de que los pró­ximos tres años serán muy du­ros. Para que las cuentas del Estado vuelvan a si­tuarse dentro de los pa­rá­me­tros fi­jados por Bruselas, puesto que el dé­ficit pú­blico y la deuda ex­te­rior ya al­canzan res­pec­ti­va­mente el 9,4% y el 85% del PIB, y ante el acoso de los mer­cados de ca­pi­tales y de las agen­cias de "rating", a los por­tu­gueses sólo les queda la so­lu­ción de apre­tarse aún más el cin­tu­rón: con el Plano de Estabilidad y de Crecimiento (PEC) para el 2010/2013, los sa­la­rios de los fun­cio­na­rios que­daran con­ge­la­dos, la carga fiscal se in­cre­men­tará en unos 8.000 mi­llones de euros (800 euros "per cá­pi­ta"), las ayudas so­ciales su­frirán nuevos re­cortes y mu­chas de las obras pu­blicas pro­gra­madas para los pró­ximos años (desarrollo de la red del AVE, nuevas au­to­pis­tas, etc.) quedan en el limbo.

Las grandes constructoras y concesionarias españolas de infraestructuras que operan en Portugal, como ACS, FCC y Ferrovial, se verán muy afectadas por esta decisión del gobierno socialista. Sin embargo, podrán sacar gran provecho de la nueva oleada de privatizaciones también prevista en los sectores de la energía, de los transportes, de las finanzas, etc., y con las cuales el Estado prevé recaudar más de 6.000 millones de euros.

Fue a regañadientes que el Gobierno socialista anunció al país el aplazamiento "sine die" de   muchas de las infraestructuras programadas para los próximos años, como la construcción de media docena de autopistas y el desarrollo de la red nacional del AVE -con la excepción de la línea internacional Lisboa-Madrid, cuya puesta en servicio se mantiene prevista para el 2013. Ya con un 9,4% de déficit y un 85% de deuda exterior al término del 2009, y ante el acoso de los mercados de capitales y de las agencias de "rating", el primer ministro José Sócrates tuvo que negociar con el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Popular (CDS/PP) un duro plan de austeridad, sin lo cual el presupuesto del Estado para el 2013 no hubiera beneficiado de la "abstención constructiva" de la oposición de derecha y que se aplicará ahora también al PEC.

Así, tras haber sostenido durante mucho tiempo la tesis keynesiana -también seguida por Zapatero- de que la inversión publica es el camino más rápido para salir de la crisis, para luchar contra el paro y para preparar el futuro, Sócrates tuvo que rendirse a los argumentos de su ministro de las Finanzas: sin poner directamente en cuestión la necesidad ni el calendario del plan de infraestructuras, con más de 20.000 millones de euros de inversión programada para los diez próximos años, Teixeira dos Santos convenció a Sócrates de que la construcción del AVE y de nuevas autopistas tenía que "adaptarse a la realidad presupuestaria", que es lo que la líder de la oposición Manuela Ferreira Leite venia también advirtiendo desde antes las elecciones generales del 27 Setiembre 2009, que dieran la vitoria al Partido Socialista (PS).

Sin embargo, en relación con el AVE la nueva posición del gobierno es aún muy distinta de la sostenida por la líder de PSD: mientras Manuela Ferreira Leite es muy hostil a la construcción de la línea Lisboa-Madrid, porque según ella sirve más los intereses estratégicos de España que a los de Portugal, Sócrates decidió que la nueva "realidad presupuestaria" no tiene que afectar al proyecto, cuya puesta en servicio se mantiene pues para el 2013. El  tramo de 167 kms entre Poceirao y Caya fue ya adjudicado por 1.650 millones de euros al consorcio Elos dirigido por las empresas lusas Brisa y Soares da Costa y la española Iridium (ACS). Ahora queda adjudicar el tramo de 37 kms Lisboa-Poceirao, que incluye la construcción de un tercer puente de 13 kms sobre el Tajo: el consorcio Tave Tejo de FCC presentó la mejor propuesta, de 1.870 millones de euros, pero que es muy contestada por el rival Altavia de Mota Engil, Vinci y Somague (Sacyr).

La aplicación del PEC afectará sin embargo a todos los otros proyectos del AVE: la línea Lisboa-Oporto, sufrirá un nuevo aplazamiento, del 2013 al 2015, porque la inversión prevista de 3.500 millones de euros hubiera tenido un impacto muy importante sobre las cuentas del Estado,  y igualmente porque el desarrollo del proyecto llevaba ya dos años de retraso. Lo mismo pasará con la línea transfronteriza Oporto-Vigo: antes inclusive de la elaboración del PEC, su puesta en servicio, fijada también inicialmente para el 2013, ya había sido retrasada "por lo menos hasta el 2015", por iniciativa de José Blanco, cuya decisión unilateral cogió de sorpresa a las autoridades lusas.

Otros proyectos de la alta velocidad luso-española tendrán aún peor suerte, como es el caso de las líneas Faro-Huelva y Oporto-Salamanca, cuya ejecución queda aplazada "sine die". Sacyr, ACS y FCC serán penalizados por todos estos retrasos, lo mismo pues que sus socios lusos, galos e italianos Mota Engil, Brisa, Soares da Costa, Conduril, Vinci, Impreglio, etc..

El "parón" ordenado ahora por el gobierno luso también afectará a la red de carreteras. Pese a que el PEC no sea muy explicito al respecto, Teixeira dos Santos ya dictó las nuevas reglas del juego: la concesionaria publica Estradas de Portugal (EP) deberá renunciar a la construcción de la mitad de la docena de nuevas autopistas previstas y que hubieran representado para las constructoras y las sub-concesionarias lusas y españoles una inversión de unos 2.000 millones de euros. "Solo se avanzará con las obras ya iniciadas o adjudicadas", dictaminó el ministro de las Finanzas. El problema es que todos los proyectos en cuestión llevan meses "congelados", al carecer aun del "visto previo"administativo del Tribunal de Cuentas. Uno de los grupos más afectados es la filial de Sacyr, Somague,  que tiene igualmente paralizado la construcción del túnel del Marão (350 millones de euros), pero en este caso por cuestiones ambientales.

Además de reducir o de aplazar el gasto público en infraestructuras, para que el déficit baje del 9,4% al 2,8% del PIB en solo tres años, y con el aparato productivo nacional aún prácticamente paralizado (en la mejor de las hipótesis el PIB solo registrará un crecimiento medio anual del 1%), lo que hará también Sócrates será avanzar con una nueva ola de privatizaciones, en este caso con el propósito de rebajar la deuda exterior, que en el 2013 ya representará casi el 100% del PIB.

Con más de treinta operaciones anunciadas, el gobierno prevé recaudar más de 6.000 millones de euros. Las ventas más llamativas serán realizadas en el sector de la energía, donde el Estado controla 20% de EdP (2.100 millones de euros), 49,90% de la red eléctrica nacional REN (795 millones) y 7% de Galp (725 millones). Sin embargo, el gobierno advierte que no hará nada que pueda comprometer el "equilibrio accionarial ni la gestión de estos grupos.    

El Estado buscará igualmente "socios estratégicos" para la transportadora aérea nacional TAP que tiene una participación pública del 100% y para la empresa nacional de aeropuertos ANA (100%). Esta operación estará vinculada a la construcción y explotación del nuevo aeropuerto internacional de Lisboa previsto para el 2017 en Alcochete. Uno de los candidatos potenciales es Ferrovial, que tendrá no obstante serios rivales, como el consorcio Asterion  liderado por Mota Engil y que cuenta con la participación de Sacyr a través de Somague.

Otra privatización muy esperada, es la del Banco Português de Negócios (BPN), que tiene una red de 250 oficinas que podría interesar al BBVA. El banco fue nacionalizado a finales del 2008, con un agujero de 800 millones de euros y que según los expertos ya alcanza los 2.400 millones. Así, aunque la venta del BPN esté prevista para este año, los candidatos potenciales solo se manifestarán  tras la publicación del pliego de condiciones y después también del saneamiento de los activos tóxicos de la entidad y para cuya gestión se planea la creación de una "Bad bank".

 

Artículos relacionados