La fis­calía de la Audiencia Nacional quiere con­cen­trar todas las de­mandas en Madrid

El caos de los controladores aéreos abre la puerta a un recorte de los derechos de los viajeros en Europa

La ir­lan­desa Ryanair es la pri­mera ae­ro­línea que re­clama a Bruselas que se las exima de com­pensar a los usua­rios en casos de fuerza mayor

Derechos de los pasajeros
Derechos de los pasajeros

El caos pro­vo­cado por el plantón de los con­tro­la­dores aé­reos du­rante el pa­sado puente, el más largo del año, puede im­plicar con­se­cuen­cias sobre los prin­ci­pales per­ju­di­ca­dos, los via­je­ros, que vayan mucho más allá de aque­llos aciagos días. La ae­ro­línea de bajo coste ir­lan­desa Ryanair ha sido la pri­mera en dar el paso. Pero no va a ser la única y va­rias lí­neas aé­reas que operan en la Unión Europea es­tu­dian ya me­didas si­mi­la­res, que su­pon­drían un re­corte en los de­re­chos de los via­je­ros. Ryanair ha pro­puesto a la Unión Europea que "retire" el de­recho a huelga de ser­vi­cios esen­ciales como los del con­trol del es­pacio aéreo y re­forme la nor­ma­tiva UE261 sobre los de­re­chos de los pa­sa­jeros en los vue­los. Según la com­pañía ir­lan­desa, con el plantón de los con­tro­la­dores aé­reos es­pañoles el primer fin de se­mana de di­ciembre y las re­cientes huelgas en Bélgica y en Francia, ha que­dado de­mos­trada una vez más la "inutilidad para cum­plir con sus ob­je­ti­vos" de esa norma.

Ryanair argumenta que durante este año se ha visto obligada a cancelar 2.500 vuelos y retrasar unos 13.000 vuelos, afectando a cerca de 2,5 millones de pasajeros, como resultado directo de las actuaciones de los controladores aéreos. Y que la normativa UE261obliga a las líneas aéreas a asumir los costes generados por estos problemas "sin poder tomar medidas contra los sindicatos convocantes o los Gobiernos de la Unión europea, que son los propietarios de los servicios de control aéreo y que permiten que el espacio aéreo europeo se cierre repetidamente". Por ello, pide a la Comisión Europea que realice una reforma del sistema del control aéreo, que incluya la eliminación del derecho de huelga en este servicio básico, y que tome medidas contra aquellos controladores que participen en "huelgas salvajes" como hizo la Administración norteamericana presidida por Ronald Reagan en los 80.

Pero Ryanair no sólo reclama la desregularización de los servicios nacionales de control del tráfico aéreo para permitir la intervención de controladores que no están a favor de estas acciones salvajes, sino que da un paso más. Exige la reforma de la legislación relativa a los derechos de los pasajeros para eximir a las líneas aéreas de las obligaciones de compensar a los usuarios en casos de fuerza mayor y en situaciones "que están claramente fuera del control de las aerolíneas".

"Es inaceptable que los controladores aéreos españoles, algunos de los cuales ganan casi un millón de euros por año, continúen provocando huelgas, ralentizando intencionadamente su ritmo de trabajo y causando retrasos y sufrimiento a millones de pasajeros europeos sin ningún tipo de repercusión económica", afirma el portavoz de Ryanair, Stephen McNamara.

En el caos de los controladores aéreos españoles, Ryanair emprenderá acciones legales contra el sindicato de este colectivo, Usca, al que considera responsable de la "huelga salvaje e ilegal", pero también a  Aena y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El motivo es que el abandono por parte de los controladores de su puesto de trabajo provocó la cancelación de unos 500 vuelos de Ryanair, lo que afectó a cerca de 75.000 pasajeros.

Una semana después del caos, la agrupación de afectados que impulsa el despacho Cremades & calvo Sotelo y que supera ya las 5.000 adhesiones, va a combinar la exigencia de responsabilidad penal contra los controladores aéreos y con la reclamación de una indemnización a AENA y al Ministerio de Fomento, que será de 10.000 euros por cada perjudicado. Si se confirma que la Fiscalía General del Estado va a iniciar un procedimiento penal, la plataforma de afectados se personará como acusación particular. Si finalmente no se iniciara ese proceso, el bufete estudia la presentación de una querella contra los controladores.

El letrado Juan Ortiz Urculo, socio del despacho y ex fiscal general del Estado entre 1996 y 1997, argumenta que el carácter público del servicio de los aeropuertos y de la navegación aérea implica que "la responsabilidad patrimonial no puede acabarse en los controladores aéreos, que son meros empleados públicos". El despacho Cremades & Calvo Sotelo tira de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que si bien ha señalado que para los casos de retraso de un vuelo no pueden derivarse daños morales por molestias, enfados, aburrimiento, sí los admite para otros en los que se produzca "aflicción o perturbación como consecuencia de horas de tensión, incomodidad y molestia producidas por una demora importante de un vuelo que carece de justificación alguna".

En la misma línea, Facua-Consumidores en Acción ha presentado ante el juzgado Central de Instrucción una denuncia penal contra los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo el viernes 3 de diciembre y contra los instigadores y los colaboradores de ese "paro salvaje". Y habla de cuatro delitos: sedición, abandomo de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos; y falsedad documental por parte de aquellos profesionales médicos que firmaron las bajas de los controladores.

También ejercerá una actuación judicial para reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los viajeros que opten por ser representados por esta organización de consumidores. Facua cifra en unos 5.000 los que se han apuntado a esta plataforma.

El pasado jueves, Facua ya denunció al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no garantizar el cumplimiento del Reglamento CE261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que** se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. Y reclamó al comisario de Transportes y vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas, la apertura de una investigación ante la falta de inspecciones del Ministerio de Fomento **a las aerolíneas en los aeropuertos. También ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que investigue a todas las compañías con vuelos cancelados el pasado puente para que, ante la falta de asistencia a los pasajeros, actúe con multas proporcionales al número de vuelos en los que vulneraron la normativa y de los usuarios afectados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno que archive por falta de competencia la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Usca por "la comisión de un delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición" y, en todo caso, la remita a la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Ministerio Público realiza diligencias de investigación. En un escrito remitido este lunes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el fiscal Marcelo de Azcárraga considera que "el abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo" por parte de los controladores aéreos de determinados aeropuertos españoles está tipificado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que "castiga como reos de sedición a los empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo". Pero pone de relieve la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, ya que el tipo delictivo investigado "no tiene encaje" en los atribuidos a este tribunal en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El fiscal aprovecha su escrito para poner de relieve "lo lacónico" de la denuncia presentada por la OCU, ya que en ella, según destaca, "ni siquiera se especifica la localización de los puestos de trabajo supuestamente abandonados por los denunciados", lo que impide determinar el lugar donde se produjo el delito.

Mientras, los controladores que han comparecido ante la Fiscalía de Madrid han seguido la consigna de negarse a declarar, argumentando que se encuentran bajo jurisdicción militar y que no lo harán hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos que se interpusieron el pasado jueves por parte de Usca contra el Real Decreto aprobado el 3 de diciembre que establecía la militarización del espacio aéreo ordenada por el Ministerio de Presidencia y el dictado el 4 de diciembre que decretaba el estado de alarma con motivo del caos aéreo.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, se muestra convencido de que habrá controladores con "responsabilidad civil y penal" por haber abandonado sus puestos de trabajo de forma masiva. Habrá controladores que serán despedidos, por "falta muy grave", al haber abandonado su puesto de trabajo, y otros a los que se les retirará la licencia. Existe un proceso penal, que podría suponer penas de entre tres y ocho años de cárcel, y un proceso civil, que buscará la responsabilidad sobre los daños causados.  Además, la vía administrativa abierta por AENA, que investiga la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y que podría traer consigo la retirada de la licencia de controlador por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea, y finalmente, la laboral, conforme a los 442 expedientes abiertos, que podrían derivar en la pérdida del puesto de trabajo, en caso de falta muy grave, o la suspensión de empleo y sueldo.

 

Artículos relacionados