Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de la central nuclear de Garoña, han prácticamente decidido impugnar judicialmente el cierre de la central nuclear de Garoña, según informa hoy Cinco Días. El diario señala que las empresas, a través de Nuclenor, sociead propietaria de la central,tienen ya dispuesta toda su artillería legal para defender ante los tribunales la continuidad de la central nuclear, cuyo cierre ha sido decretado por el Gobierno, a través de una orden ministerial, para el 6 de julio de 2013.
.La semana pasada, Nuclenor calificó la decisión del Ejecutivo de "arbitraria" y avanzó que adoptaría "cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de sus derechos e intereses legítimos". Fuentes próximas a esta sociedad aseguran que será un consejo previsto para esta semana el que decida la estrategia legal a seguir. Por el momento, añaden, las opciones son tres: pedir la suspensión de la obligación de cerrar, solicitar la nulidad de la orden ministerial que lo fija y reclamar daños y perjuicios por la pérdida patrimonial que implica la clausura.
Por tratarse de una orden, contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. En caso de que no ganen en esta instancia, las denunciantes podrán recurrir al Tribunal Supremo. Si se hubiese tratado de un real decreto, a Nuclenor le habría bastado con ir al Supremo y se habría librado de pasar por la Audiencia y de un proceso mucho más dilatado.
Con todo, las empresas tienen cuatro años por delante (y unas elecciones legislativas en 2012, que podrían favorecer la continuidad de Garoña si gana el PP) para la resolución de su pleito. La central seguirá funcionando con total normalidad (mantendrá la misma producción y plantilla) hasta el mismo día de su cierre, en que se apagará. A partir de entonces, la continuidad de Garoña podría resultar irreversible, si bien, para obtener algún tipo de indemnización por daños y perjuicios las empresas no tienen problemas de plazo.
Una de las claves de la defensa legal es, como señala la propia Nuclenor, la arbitrariedad con la que ha podido actuar el Gobierno al tomar una decisión en contra del permiso otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por otros 10 años. De hecho, ante este temor, el texto legal que se publicó el sábado en el BOE, señala que la decisión del cierre de Garoña se ha adoptado de forma motivada, ponderando una serie de circunstancias "y evitando cualquier asomo de arbitrariedad". En este sentido, fuentes próximas al Ejecutivo aluden a la discrecionalidad que les permite la ley.