Incluso Olivas llegó a afirmar que la Generalitat no vetaría una operación de Bancaja con una caja de otra comunidad autónoma. Algo que después matizó Gerardo Camps: "Si se ha de vetar la fusión, el criterio será de racionalización, de efectividad, de mejora y de suficiencia financiera. Nunca habrá un carácter político". En román paladino, que no se permitirá utilizar a una caja levantina para solucionar los problemas de entidades foráneas si eso supone diluir el peso de la Comunidad en la nueva entidad.
Lo más curioso es que los argumentos de los presidentes de Bancaja y de la CAM coinciden con las conclusiones de informes de técnicos del Banco de España sobre esta operación. Lo primero que llama la atención es que la Generalitat ha intentado esa fusión en varias ocasiones: primero con Joan Lerma, después con Eduardo Zaplana, que es cuando la operación estuvo más cerca de hacerse realidad. Pero la idea de una gran entidad financiera levantina choca con la desconfianza no sólo entre Bancaja y CAM, sino entre las dos grandes capitales de la Comunidad Valenciana. Donde en Valencia ven una fusión entre iguales (en realidad, una entelequia), en Alicante entienden que se trata de absorberlos.
La resistencia a una fusión se llevó por delante al entonces director general de la CAM, Juan Antonio Gisbert. Pero su sacrificio no fue en vano, porque la operación no se hizo. En septiembre de 2002, las dos cajas acordaron sacudirse la presión política a fusionarse con un artificio llamado Cartera de Participaciones Empresariales, que englobaba las participaciones conjuntas en proyectos empresariales impuestos por la Generalitat valenciana (Terra Mítica, Hospital de La Ribera, Euroinformarket, Aurea, entre otras). Curiosamente, los dos presidentes firmantes, Julio de Miguel y Vicente Sala, ya no están al frente de sus entidades. La sociedad pasó a mejor vida tres años más tarde, aunque no ha sido liquidada por cuestiones fiscales.
El caso es que a los técnicos del Banco de España la fusión CAM-Bancaja no les agrada. Sobre todo, por la elevada concentración de riesgos en el sector inmobiliario más vulnerable a la crisis, que es el turístico. También, por el riesgo que supone tener la mayor parte del negocio en la Comunidad Valenciana, donde habría importantes efectos negativos en términos de competencia (aunque ésa no sea la principal preocupación del Banco de España).
Los sistemas informáticos de Bancaja y de la CAM son incompatibles, habría que apostar por uno de los dos o crear uno nuevo, con el consiguiente coste. La extrema competencia entre las dos entidades ha condicionado la expansión de sucursales. Una fusión generaría enormes duplicidades. Además, son entidades poco integrables. Un dato: en Bancaja hay 3,7 empleados por oficina, la mitad que en la CAM, que tiene una ratio de 7,1. La CAM tiene menos oficinas (1.122, frente a las 1.591 de Bancaja) pero más empleados (8.006 frente a 5.996). Incluso en participaciones empresariales habría un lío: Bancaja está en Iberdrola, por cierto por orden de la Generalitat de Francisco Camps, y la CAM, en Unión Fenosa. Y suma y sigue.
No es de extrañar que los presidentes de Bancaja y de la CAM prácticamente sólo coincidan en una cosa: que están "mirando hacia fuera", que no participarán en operaciones en las que no lleven la voz cantante, y que no quieren fusionarse entre ellos.