ANÁLISIS

CajaSur impone duras condiciones para fusionarse con Unicaja y Caja Jaén

La Iglesia no da su brazo a torcer en la pre­ten­dida fu­sión de su caja cor­do­besa, CajaSur, con la ma­la­gueña Unicaja. Da por per­dida la ba­talla de la "especificidad" (la Iglesia con­trola el 30% de los ór­ganos de go­bierno de CajaSur, cuando no de­bería pasar del 13% de tope para cual­quier otra en­tidad fun­da­do­ra). Pero, cu­rio­sa­mente, los ma­yores obs­táculos a lo que con­si­deran una "sobrerrepresentación" de la Iglesia en los ór­ganos de go­bierno de una caja no han ve­nido de Unicaja, sino de los par­tidos po­lí­ti­cos, sobre todo PP y PSOE. En los "intensos con­tactos pre­li­mi­nares para ela­borar un co­mu­ni­cado con­junto de inicio de con­ver­sa­ciones para una fu­sión" que man­tienen los res­pon­sa­bles de la caja cor­do­besa y los de Unicaja, el Cabildo de la Catedral de Córdoba exige "mantener el má­ximo nivel de re­pre­sen­ta­ción po­si­ble". La se­gunda gran exi­gencia es el blin­daje del di­nero de la obra so­cial con des­tino a fines ecle­siás­ti­cos, para que no quede su­jeto a la evo­lu­ción de los re­sul­tados de la en­tidad re­sul­tante de la in­te­gra­ción de Unicaja, Caja Jaén y CajaSur.

Otras condiciones siguen el modelo de Caja Jaén: una dirección territorial con sede en Jaén capital para cuidar todos los sectores relacionados con el aceite de oliva (incluyendo la biomasa y otras energías renovables) y que gestionará también las sucursales en Castilla La Mancha, mantenimiento del empleo y de la red de sucursales, y mantenimiento de la marca al menos durante el período transitorio (dos años).

El Cabildo de la Catedral de Córdoba reclama a Unicaja primero que la fusión sea por creación de una nueva entidad, como ya sucede con Caja Jaén, y no por absorción. Una exigencia un tanto extemporánea, porque a Uniacaja le interesa ese modelo para que su presidente, Braulio Medel, puede poner el contador de su mandato a cero (le expira ya) y mantenerse en el cargo al menos dos años más. Justo para jubilarse como primer banquero de Andalucía y uno de los más importantes de España.

También reclama garantías para sus 3.000 empleados, teniendo en cuenta que en menos de cinco años la plantilla ha aumentado en 500 personas, y renuncia expresa de la nueva Unicaja a soluciones traumáticas o que supongan agravios comparativos hacia los trabajadores de CajaSur en prejubilaciones, reubicación de personal por duplicidad de sucursales, y retornos a servicios centrales.

El principal punto de fricción es que CajaSur quiere una vicepresidencia con carácter ejecutivo con competencias en Obra Social. Bajo éste, que sería un sacerdote del Cabildo Catedralicio, un director general adjunto con voz y voto en el Comité de Dirección de la nueva entidad y una cosede en Córdoba con al menos 200 empleados trabajando en los servicios centrales y con competencias sobre personal, gestión de riesgos y negocio en Córdoba, Sevilla, Huelva, Extremadura y Madrid, porque la caja cordobesa argumenta que tiene allí más peso que Unicaja.

La Obra Social de la nueva entidad debe tener una cosede en Córdoba, con un director general designado por la Iglesia, y al menos el porcentaje que le corresponde por los ahorros depositados por la clientela particular en la provincia de Córdoba. Una opción es la creación de una Fundación ligada al Cabildo, que recibiría obligatoriamente el 10% de los fondos destinados cada año a la Obra Social de la nueva entidad, con un volumen mínimo pactado y revisión anual según el IPC. Y en cualquier caso garantías para la permanencia de la obra social propia, especialmente de los centros educatios y sociales ligados a la Iglesia.

El Cabildo Catedralicio exige autonomía de gestión sobre inmuebles singulares (entre ellos el Palacio de Viana), el compromiso de Unicaja de mantener en Córdoba la sede de empresas participadas ahora por CajaSur, poder para designar a los responsables de la división de Bancaseguros, y el mantenimiento de determinados acuerdos de patrocinios.

A cambio, se cede en la "especificidad". El Cabildo sólo controlará a 17 de los 184 consejeros generales de la asamblea que resulte de la fusión. De los 23 consejeros, sólo dos serían representantes de la Iglesia. Pero debería haber uno al menos en la Comisión Ejecutiva, en la Comisión de Control (verdadero órgano de poder en  una caja) y en la de Retribuciones.

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