Aguirre obtiene vía libre en la batalla para desplazar a Blesa de Caja Madrid

Esta vez, la vic­toria par­cial ha sido de Esperanza Aguirre. Pero el lunes tendrá otra prueba de fuego en la Asamblea de Caja Madrid. De mo­mento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acor­dado le­vantar la sus­pen­sión cau­te­la­rí­sima dic­tada el pa­sado lunes contra la apro­ba­ción de los nuevos Estatutos de Caja Madrid y del Reglamento Electoral de la en­tidad fi­nan­ciera. De este modo, des­es­tima la apli­ca­ción de las me­didas cau­te­lares so­li­ci­tadas por el Ayuntamiento de Madrid contra la re­so­lu­ción del con­se­jero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, que au­to­ri­zaba la adap­ta­ción de los Estatutos.

Con esta decisión, el TSJM da vía libre a la aprobación de los nuevos Estatutos que se votarán el próximo lunes en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad financiera. El Consistorio solicitó la aplicación de medidas cautelares para impedir que se produjera "un perjuicio irreparable para el Ayuntamiento" con motivo de la proximidad de la votación del Proyecto de los Estatutos y Reglamento Electoral en la Asamblea Extraordinaria convocada.

Por su parte, Caja Madrid consideró "muy positiva" esta decisión del Tribunal porque abre la posibilidad a que la asamblea general pueda pronunciarse sobre las modificaciones de los estatutos. La entidad que preside Miguel Blesa recordó que la Asamblea es el máximo órgano de representación de la entidad y, que de este modo, podrá pronunciarse sobre las modificaciones de los estatutos, ya que su voluntad está representada por los miembros del consejo de administración y su decisión será respetada por todos, "sin imposiciones por parte de nadie".

El consejo de administración de Caja Madrid rechazó recientemente por mayoría de dos tercios de los consejeros la reforma de los estatutos impuesta por la Comunidad de Madrid.

La entidad considera que el nuevo texto se adaptó a las modificaciones dictadas por el Gobierno regional por "imperativo legal", pero que, en todo momento, han presentado "diferencias sustanciales con el contenido" de una ley que calificaron de "anticonstitucional e ilegal", "innecesaria", "no consensuada", con un "carácter retroactivo ilegal" y que supone una "grave injerencia política que no respeta la representatividad y la igualdad de los sectores".

 

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