Fija en 70 años la edad má­xima para ser con­se­jero, di­rec­tivo o re­pre­sen­tante en par­ti­ci­padas

La Xunta de Galicia pone la soga al cuello al presidente de Caixanova con la nueva Ley de Cajas

Condiciona su per­ma­nencia en la en­tidad a que no obs­ta­cu­lice la fu­sión con Caixa Galicia

Julio Fernández Gayoso,
Julio Fernández Gayoso,

Todo se pega, menos la in­te­li­gencia y la her­mo­sura. En una ju­gada prác­ti­ca­mente cal­cada a la que hizo Convergencia i Unió -con el Partido Popular al frente del Gobierno de España y con el fu­turo pre­si­dente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, como vi­ce­pre­si­dente eco­nó­mico del ga­bi­nete de José María Aznar-, para im­pedir la con­ti­nuidad de Josep Vilarasau al frente de la pri­mera caja de aho­rros de España ('la Caixa'), la Xunta de Galicia ha lan­zado una carga de pro­fun­didad a la in­ten­ción del pre­si­dente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, de se­guir al frente de la en­tidad y de man­te­nerla fuera de una fu­sión con Caixa Galicia. Le ha puesto un lí­mite de edad al ocu­pante del cargo.

El caso es que las dos cajas de ahorro gallegas tendrán nuevos órganos de gobierno en marzo (la fecha es importante porque en junio vence el plazo dado por el Banco de España para las entidades que quieran recurrir al maná del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca, el Frob), si sale adelante la propuesta presentada por el PP, algo garantizado al tener mayoría suficiente en el Parlamento autonómico. El PP gallego ha presentado nada menos que 44 enmiendas que modifican sustancialmente 23 artículos del borrador de la Lei de Caixas presentado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Pero lo que importa es al intención de fulminar la composición de las actuales asambleas y consejos de administración tanto de Caixa Galicia como de Caixanova.

¿Cómo? Fijando el límite de edad de los consejeros generales, directores y representantes de las cajas en fundaciones y sociedades participadas en los 70 años, cinco menos que ahora. El presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, tiene 78. Con la ley actual, tendría que abandonar la asamblea general y, por tanto, la presidencia de Caixanova en junio, vería cómo su retirada forzosa se adelantaba tres meses, a marzo, si, como quiere el PP, la reforma entra en vigor en enero. Pero hay letra pequeña en las disposiciones transitorias: la consellería de Facenda puede autorizar, "previa petición razonada", que el actual presidente de la caja viguesa continuase al frente de alguna fundación dependiente de ella. Una solución ya barajada por Gayoso para seguir en Caixanova, aunque tenga que dejar la presidencia.

La moneda de cambio para esa autorización de la Xunta de Galicia es, evidentemente, dejar de oponerse con todas sus fuerzas a la fusión con Caixa Galicia, a la caja única con la que sueña Alberto Núñez Feijóo y su equipo, pese al elevado coste humano y económico que supone. Para el presidente de la Xunta, la fusión se llevaría por delante el 19% de las oficinas (268 sobre 1.409). Caixanova** **ha entregado a la Xunta sus informes internos, donde asegura demostrar que la fusión gallega ofrece la peor opción de solvencia. Según el documento, elaborado por Deloitte y por Analistas Financieros Internacionales (AFI), una integración de las dos cajas gallegas ofrecería pérdidas hasta el octavo año, implicaría la desaparición de 2.000 puestos de trabajo y el cierre de 400 oficinas, además de un coste cercano a los 2.000 millones de euros por la acumulación de riesgos crediticios y la posible diversificación de inversiones de los depositarios.

Si las enmiendas del Partido Popular se aprueban tal y como fueron presentadas, las cajas tendrán dos meses desde la publicación de la ley para elegir nuevas asambleas. La limitación de edad permitiría seguir en el cargo al presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela,(tiene 68) y a su director general, José Luis Méndez, (64 años). En Caixanova, además de la salida del presidente, Julio Fernández Gayoso, no podría continuar Alfonso Zulueta, vicepresidente segundo.

Pero hay más. Con la despolitización como bandera, el PP quiere cambiar radicalmente el equilibrio de poder en los órganos de decisión, de modo que los grupos representados en el Parlamento ocupen entre el 20% y el 30% de los puestos en las asambleas y, por tanto, en los consejos de administración. Su propuesta atribuye al Parlamento la designación de entre 32 y 48 miembros en las asambleas (de 160 miembros), dependiendo de si la caja en cuestión tiene entidades fundadoras, como Caixanova, o no las tiene, como Caixa Galicia. En el primer caso, la Comunidad Autónoma designaría al 20% de los representantes y en el segundo, al 30%. Lo hará en detrimento de impositores (ahora ocupan el 40% de los puestos y pasarían a decidir el 30%), corporaciones locales, que rebajan en un 5% su presencia, y las citadas entidades fundadoras (ayuntamientos y diputaciones).

La representatividad de otras entidades sociales aumentaría sensiblemente, hasta el 10% frente al actual 7,5%, pero con nuevos protagonistas. El Consejo Económico y Social designará a una cuarta parte del total, la Confederación de Empresarios a otro 25% y la mitad restante la determinaría la Consellería de Facenda.

Despolitización con cargos elegidos por el Parlamento. Lo más parecido a la cuadratura del círculo. Pero el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento autonómico, Manuel Ruiz Rivas, cree ciegamente en esa propuesta: "Las cajas son las menos politizadas de España y van a seguir siéndolo", porque la representación pública caerá en manos de "personas con conocimientos o experiencia en materia económica", que no ostenten cargos de designación política ni mandatos representativos. Además, Pedro Puy destaca que las enmiendas del PP "endurecen" el régimen de incompatibilidades, de forma que los miembros de los órganos de gobierno no estén vinculados a la caja o a sus empresas en más de un 20% "por contratos de obra, servicios o suministros", con la excepción lógica de los empleados.

Y menos mal que el portavoz económico del PP, Pedro Puy, asegura que su propuesta se va a negociar con el PSOE-PSG y con el BNG. Pero sin modificar el calendario: el día 30 el Parlamento debe aprobar la nueva Ley gallega de Cajas, condición sine qua non para que entre en vigor en enero del año que viene.

Por supuesto, no se trata de una norma diseñada específicamente para forzar el relevo de los consejos de administración actuales y, concretamente, del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y de facilitar la fusión y el nacimiento de la caja única de Galicia.

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