Dependientes de primera y de segunda según la comunidad autonoma

La puesta en fun­cio­na­miento de esta nor­ma­tiva, que es efec­tiva desde marzo de 2007, mo­mento en el que los ciu­da­danos co­men­zaron a tra­mitar las so­li­ci­tu­des, no arroja to­davía re­sul­tados prác­ticos ni be­ne­fi­cia­rios reales en la ma­yoría de las co­mu­ni­dades au­tó­no­mas. La apli­ca­ción de la Ley de Dependencia está re­sul­tando un in­for­tu­nio, puesto que se in­cum­plen mu­chí­simos plazos y en el que además no está re­suelta la fi­nan­cia­ción, lo que es más grave. La ley de Dependencia es una ini­cia­tiva que ha ge­ne­rado mu­chas ex­pec­ta­tivas entre los ciu­da­danos y ha ini­ciado su com­plejo desa­rrollo con las di­fi­cul­tades que en­traña un pro­yecto en el que par­ti­ci­pan, a partes igua­les, el Gobierno cen­tral y las co­mu­ni­dades au­tó­no­mas.

En Alicante cerca de 2000 personas se manifestaban este pasado fin de semana por las constantes trabas que ralentizan la aplicación de la ley. Además, exigían al Gobierno de Zapatero que cumpla y haga cumplir esta legislación que les permitiría tener asistencia y recibir las prestaciones de las que carecen.

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED)  ha solicitado al Gobierno del Estado una unificación de los criterios del sistema para evitar la disparidad en las normativas y conseguir que las personas en situación de dependencia puedan ser atendidas con unos estándares de calidad y con criterios uniformes en el territorio nacional, sin ninguna diferencia autonómica en el desarrollo de esta ley. Además, el sector privado de atención a la dependencia considera que existe un problema importante en el retraso del pago que las administraciones públicas tienen con este sector.

En la actualidad no hay fondos para ayudar a todos los afectados, que sobrepasan un 46 por ciento los cálculos realizados desde el Gobierno. Por ejemplo, en Cataluña, desde que entró en vigor la ley, entre 30.000 y 35.000 dependientes, 5.000 más de los previstos inicialmente, según la Consejería de Salud, se han acogido a la Ley de Dependencia con la que hasta 2015 se espera atender en esta región a 195.000 personas. La consejera catalana de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha alertado de que si no se la dota con más financiación, la Ley de Dependencia 'no avanzará'.

Estos desfases empiezan a demostrar que el desarrollo de la normativa esta ley está mal planteado desde el principio por estar orientada a las prestaciones económicas y no dar los servicios que necesitan estos afectados.

Un ejemplo de este desfase entre lo que dice la Ley y lo que está ocurriendo es que para la aplicación de la Ley de Dependencia, la Junta de Andalucía ha decidido convertir todas las residencias y plazas públicas y concertadas, que en estos momentos están cubiertas principalmente por personas mayores válidas, en residencias y plazas para personas no válidas.

No se ha previsto ninguna medida para dar cobertura de los miles de personas mayores que son válidos y que no podrán a acceder a una plaza como hasta ahora y cuya única salida será pagarse una residencia privada. Son efectos colaterales de la aplicación de la Ley.

Pero, mientras las comunidades autónomas tratan de encontrar soluciones aceptables para desarrollar la normativa, el  Gobierno del Estado busca su universalización, incluso fuera de las fronteras, lo que demuestra el desfase que se está dando en la aplicación de esta normativa, que ha sido de las más celebradas en España, tanto por sus beneficios sociales teóricos, por cuanto de paso hacia la liberación de la mujer, habitualmente las más comprometidas con el cuidado de los dependientes. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha dicho que espera que haya consenso político para que la Ley de Dependencia se aplique también a todos los españoles residentes en el extranjero.

El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, sacaba a luz algunas cifras reveladoras de lo que está ocurrido en los diversos rincones de España. En una intervención en el parlamento regional, explicó que su Gobierno va a pagar este mes ayudas a 1.253 familias que cuidan a personas dependientes en sus casas, frente a las 23 de Castilla y León o ninguna en Madrid, Sin embargo, la portavoz del PP, María Crespo, aseguró que todas esas personas «ya estaban atendidas» antes de la entrada en vigor de la Ley pidió transparencia en la aplicación de los baremos de las adjudicación para acceder a las ayudas previstas por la misma. Las estadísticas hablan de que se han presentado en esta comunidad autónoma un total de 31.500 solicitudes de dependencia.

Estos baremos son los que están levantando las protestas en la mayoría de las comunidades, porque las asociaciones de personas afectadas por esta norma consideran que es muy difícil acceder a estas ayudas y en el caso de poder hacerlo hay que renunciar a tratamientos o centros de día que son parte importante en el mantenimiento de estas personas. Una vez completada la valoración (capacidad funcional, aspectos sociales o de salud), es preciso hacer un análisis económico de la situación de la persona dependiente, que permite determinar sus condiciones.

Las diferentes velocidades con que se está aplicando la normativa en las diferentes regiones, la ministra de Sanidad, Mercedes Cabrera, ha convocado a los gobiernos autonómicos a realizar un análisis del funcionamiento del sistema cuanto antes, con independencia de que la evaluación del mismo lo establecía la norma para dentro de dos años. A comienzos del presente mes de mayo, anunció la ministra, son ya 374.000 ciudadanos los que desde la entrada en vigor de la ley han solicitado la valoración. Un colectivo demasiado extenso, al que hay que sumar el de familiares afectados, como para tener descontento y sin respuestas.

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