Fusiones, blanqueo e IVA, suspensos para España en materia comunitaria

La Unión Europea ha de­ci­dido obligar a los di­fe­rentes países co­mu­ni­ta­rios a cum­plir con la trans­po­si­ción de di­rec­tivas co­mu­ni­ta­rias para acercar sus le­gis­la­ciones y hacer po­sible la exis­tencia de un es­pacio sin fron­teras reales. Si hace unos días, la Comisión Europea anun­ciaba la aper­tura de un pro­ce­di­miento de in­frac­ción contra España y otros diez es­tados miem­bros de la Unión por no haber in­cor­po­rado la di­rec­tiva sobre fu­siones trans­fron­te­ri­zas, ahora le han lle­gado a nuestro país un au­tén­tico lis­tado de ex­pe­dientes san­cio­na­dores por no hacer sus de­beres con la ur­gencia ne­ce­saria en temas tan ur­gentes como la lucha pre­ven­tiva contra el blan­queo de di­nero y la apli­ca­ción del IVA, que es la fi­gura tri­bu­taria ar­mo­ni­zada por na­tu­ra­leza.

La verdad es que esta situación no es de extrañar, porque desde después del verano pasado y hasta la disolución del Parlamento por la finalización de la legislatura apenas si hubo nuevas normativas y tras la celebración de las elecciones aún no se ha comenzado el proceso.

En un comunicado, la Comisión anuncia que, además de España, recibirán requerimientos oficiales Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Letonia, los Países Bajos, Portugal, Suecia y Eslovenia.

Estos requerimientos adoptarán la forma de dictámenes motivados y, de no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión llevará el asunto ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Según informa el Ejecutivo comunitario, esta directiva, que debería haber sido incorporada antes de finales de 2007, tiene por objeto facilitar las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.

En la actualidad, el proyecto que afronta la transposición de la directiva sobre las fusiones transfronterizas espera su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en lo que se considera uno de los proyectos más decisivos de esta legislatura y que se ha dado en llamar Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, sobre el que ya hablamos en Capital Madrid esta pasada semana.

Y si este retraso en la normativa de una decena de países sorprende, por cuanto retrasa la libre competencia que abandera la Comisión Europea, más sorprende aún, que la casi totalidad de los Estados comunitarios no hayan hecho sus derechos en la adopción de las directivas comunitarias sobre la prevención en la lucha contra el blanqueo de dinero.

Se trata de un asunto, que no tiene únicamente un calado económico, sino que estamos ante la vía de financiación de las tramas criminales dedicadas a la venta de personas, armas y drogas y al terrorismo internacional.

El plazo de dos años para incorporar a la legislación nacional la tercera directiva sobre blanqueo de dinero expiró el pasado 15 de diciembre de 2007. Esa norma endureció las condiciones sobre identificación de pagadores y beneficiarios en operaciones en metálico de más de 15.000 euros. Y amplió la definición del concepto de blanqueo de capitales para cubrir no sólo las operaciones ligadas al tráfico de drogas y el crimen organizado, sino también la financiación del terrorismo.

A pesar de la importancia que la UE concedió a la nueva ley en el momento de su aprobación (junio de 2005), tres años después la mayoría de los socios todavía ni siquiera han notificado a Bruselas su propuesta de adaptación.

Por ello, la CE envío ayer un dictamen motivado a esos 15 países exigiéndoles que inicien el proceso de adopción de la directiva urgentemente. Además, amenaza con denunciarles ante el Tribunal de Justicia, si en un plazo de dos meses no tiene noticias de las medidas tomadas a tal efecto.

Y, entre otros muchos avisos de sanción, le llegó ayer a España otro nuevo sobre el IVA, puesto que no se han hecho los deberes después de que Bruselas exigiese a España que modifique su legislación nacional sobre el derecho a deducir el IVA soportado en las importaciones porque en la actualidad sigue sin ajustarse  a la legislación comunitaria.

La petición adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses, las autoridades españolas no han tomado las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión señala que el derecho a deducir el IVA soportado en las importaciones de bienes nace en el momento de la importación, mientras que la norma española, vigente hasta el pasado 31 de diciembre, establecía que el derecho nacía en el momento en que el sujeto pasivo abonaba el IVA deducible en la aduana.  Tras recibir una advertencia de Bruselas, Madrid modificó parcialmente la ley, a partir del 1 de enero, pero sigue exigiendo al importador tener un documento que justifique haber abonado el IVA a las autoridades aduaneras.

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